VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València cerró el curso político antes de navidad con el último pleno del año donde aprobó los presupuestos para 2025 y, entre otras cosas, modificó la regulación municipal sobre las dotaciones económicas que reciben los grupos municipales. Unos cambios que asumen las recomendaciones del último informe sobre el Tribunal de Cuentas, emitido hace un año, y tras las irregularidades detectadas por el interventor en los fondos del grupo de Vox el pasado mandato.
Así pues, la intervención municipal ha introducido novedades en la regulación del consistorio sobre el dinero que se da anualmente a los grupos para su funcionamiento del día a día, y que ascienden a 4.300 euros fijos y otros 410 por concejal electo.
Además de que los grupos deben llevar "una contabilidad específica de la dotación" municipal, se introduce que deberán rendir "sistemáticamente sus cuentas al pleno municipal en la forma y plazos que dicho órgano determine, sometiéndose las mismas al control financiero (fiscalización) por parte de la Intervención General
Municipal", según el nuevo texto.
A este respecto, el interventor destaca que la regulación local hasta ahora "no siempre incluye el contenido o alcance de las actuaciones de
control a realizar por el órgano de control interno". Esto es, que no se definían las actuaciones de fiscalización de la Intervención, como verificar el cumplimiento de las limitaciones al destino de
los fondos a las finalidades previstas en la Ley.
Pero una de las novedades más importantes tiene que ver con el límite en el destino de esta dotación. De esta manera, además de los gastos del día a día del grupo, los grupos "podrán destinar hasta un tercio" a "sus respectivos partidos políticos", algo que hasta ahora no existía. Aunque estas aportaciones deben estar "relacionadas con el funcionamiento de los grupos" y han de retribuir "prestaciones o servicios (de asesoramiento, coordinación o trabajos auxiliares) realizados a favor de éstos, para lo cual se exigirá su oportuna justificación".
Hasta ahora, la normativa local no regulaba las aportaciones a los partidos políticos, tal como recuerda la Intervención, según la cual esta cuestión "se considera de especial relevancia, por razones de seguridad
jurídica, para garantizar la regularidad de las aportaciones por los Grupos Municipales a las formaciones políticas".
Los grupos también están obligados a "disponer de un NIF
y de una cuenta bancaria propia a nombre de cada Grupo" y su disposición de fondos ha de "ser mancomunada y al menos un autorizado deberá ser concejal adscrito al grupo", que siempre deberá ser "diferente a las cuentas del partido al que se encuentren adscritos". Estas condiciones serán requisitos sine qua non para recibir la asignación anual.
Por otra parte, el nuevo texto obliga a los grupos municipales la "obligación de estar al corriente de pago de sus obligaciones", tanto por reintegro de dotaciones no adecuadamente justificadas como por devolución de dotaciones no aplicadas, con carácter previo al abono de la siguiente asignación.
Cabe recordar que, tal como establece esta regulación, si se detectara que los gastos no hubieran sido "adecuadamente" justificados, los grupos deben proceder a su reintegro. Y si la dotación económica es superior a los gastos justificados, también han de devolverse "los remanentes no gastados".
Precisamente este fue uno de los problemas encontrados en las justificaciones aportadas por Vox al acabar el pasado mandato. Entonces, se hallaron cerca de 17.000 euros que no se habían justificado. Por ello, el interventor les reclamó la devolución de estos fondos, y este año, ha puesto negro sobre blanco que esta devolución "desde una cuenta ajena a dicho Grupo".