VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se encuentra inmerso en los trabajos de preparación de la tasa que se aplicará a la zona verde del estacionamiento regulado (ORA), que estará dedicada exclusivamente a vecinos residentes y que se pondrá en marcha cuando entre en vigor el nuevo contrato de este servicio.
Este lunes, el consistorio inició el proceso de consulta pública -previo a la elaboración de la ordenanza correspondiente- al considerar "necesario y oportuno" el establecimiento de este gravamen por el estacionamiento de vehículos en la zona verde de aparcamiento regulado. El cobro ya se aplicaba a la conocida zona azul -de uso general- y la zona naranja -de uso mixto-. Ahora, la creación de la nueva categoría de aparcamiento exclusiva para residentes en la ORA conllevará su propia tasa diferenciada.
Hasta ahora, en la zona azul del centro y los ensanches, se cobraba entre 0,55 y 1,70 euros por minuto en función del tiempo estacionado, y entre 0,30 y 1,50 en la zona azul del resto de la ciudad. En cuanto a la zona naranja, los no residentes pagan entre 1,10 y 3,30 euros por minuto, y los residentes lo hacen a 0,60 por un día, 1,70 por tres jornadas y 2,80 por una semana. Por el momento, se desconoce a cuánto ascenderá la tasa para la nueva zona verde, pero según señalan en la concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán, siempre estará por debajo del alquiler común de una plaza de aparcamiento.
La obligación de la tasa para todas las zonas de la ORA -tanto las de uso general como las mixtas o residentes- está tipificada en la ordenanza de Movilidad del consistorio: "La ocupación de estas plazas de estacionamiento estará sujeta a la tasa que establezca la ordenanza fiscal reguladora". En el caso de la zona verde que se va a crear, se explicita que el usuario deberá solicitar un distintivo de residente del barrio, distrito o zona, y para recibirlo deberá haber abonado previamente este impuesto, que tendrá carácter anual.
Para la reforma de la ordenanza fiscal, el proceso de consulta pública estará abierto durante quince días al objeto de recoger las opiniones y sugerencias de los diferentes afectados, que podrán enviar al consistorio sus escritos sobre la necesidad y oportunidad de la tasa, su objetivo, los problemas que pretende solucionar o las posibles soluciones alternativas, como es habitual en la elaboración de una normativa local.
Mientras, en los despachos municipales, las delegaciónes de Hacienda y de Movilidad Sostenible, esta última encabezada por Giuseppe Grezzi, se esmeran en el diseño de la nueva ordenanza fiscal que recoja también esta nueva zona verde. "Lo importante de esta modificación es que se evitará mucho tráfico ocasional en los barrios donde haya este categoría de aparcamientos, porque sólo podrán estacionar los residentes", explican en el departamento de Hacienda en este sentido.
La zona verde se introdujo en la reforma de la normativa de movilidad del consistorio con carácter previo a la elaboración del nuevo contrato de la ORA, precisamente para que este ya recogiera esta nueva categoría de estacionamiento. Según se explicó en su momento al hacer públicos los pliegos del concurso, la zona verde se irá aplicando de manera progresiva por barrios y según Grezzi, se hará de acuerdo a las necesidades formuladas por los vecinos, y señaló zonas como Russafa o Ciutat Vella.
Respecto a todas las zonas, Grezzi aseveró que habrá un control más adecuado de la rotación que dará la posibilidad de que los usuarios sepan las plazas disponibles para ir a aparcar directamente en lugar de estar dando vueltas. Asimismo, se contará con los revisores actuales y vehículos eléctricos con una cámara a bordo que harán lectura de las matrículas de forma digital. "Es como si lo hiciera el revisor caminando, solo que la foto se hará también desde estos coches", explicó en este sentido.
Otra novedad del sistema es que habrá una plataforma centralizada de gestión que permitirá funcionalidades "más avanzadas" que la actual. Además, existirá la posibilidad de integrar pagos de diferentes proveedores en una misma plataforma, "con lo que se dará un mejor servicio", ha subrayado. Se contará con parquímetros con tarificación avanzada y se podrá pagar a través de cualquier sistema.
Con todo, lo cierto es que el contrato del servicio de la ORA está actualmente paralizado. Tras el concurso público, el consistorio adjudicó la prestación del servicio a la firma Estacionamientos y Servicios por 34 millones de euros para los próximos cinco años sin prórrogas. Sin embargo, una de las empresas que concurrieron a la licitación ha presentado un recurso contra la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo cual ha hecho que el consistorio paralice la formalización del contrato con la adjudicataria. Por ello, la tramitación final está "en suspenso" hasta que se resuelva el recurso.
Desde mayo de 2006, cuando gobernaba el PP de Rita Barberà, la empresa que había gestionado el contrato de la ORA era Dornier. Contrato que venció en 2013 (cinco años más dos prórrogas), y el Ayuntamiento empezó las actuaciones precisas para licitar de nuevo el servicio, que sacó poco antes de las elecciones de 2015. La entrada del gobierno de izquierdas -Compromís, PSPV y València en Comú- truncó el concurso: el edil Grezzi lo detuvo porque consideraba que era necesario "realizar un nuevo planteamiento en las políticas de movilidad" y también respecto a la ORA, concretamente "a nivel de de la estructura tarifaria a aplicar, como a nivel de redistribución de plazas, de oportunidad e idoneidad de las diferentes ampliaciones".
Los pliegos preparados no gustaban al edil porque ampliaba la zona azul e incluso llegó a plantear la municipalización del servicio. Desde entonces, hace ahora más de cuatro años, la licitación no se había realizado -se sacó el concurso en otoño de 2019. Ahora bien, todos esos años desde que finalizara el primer contrato -esto es, desde 2013-, el Ayuntamiento de València ha estado pagando religiosamente a la empresa en cuestión, Dornier, una media de 385.000 euros mensuales. Lo que hacía un sumatorio a finales de octubre del año pasado de 30 millones. Pagados todos sin concurso público.
