Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. No es ninguna novedad si se dice que las administraciones se enfrentan a una enrevesada situación financiera los próximos meses. No sólo porque se van a ver obligadas a modificar de arriba a abajo muchos de los planteamientos que habían regido las cuentas para este año, sino porque dentro de ese nuevo paradigma, contarán con menos recursos de los que esperaban en un principio con motivo del parón económico que ha supuesto la crisis del coronavirus.
Así, el Ayuntamiento de València lleva varias semanas trabajando en las previsiones para los próximos meses, aunque todavía no hay conclusiones contundentes. Eso sí, como era de esperar, se trabaja con una proyección a la baja en cuanto a ingresos se refiere. Concretamente, se espera meter en la caja entre 35 y 37 millones menos de los presupuestados. Una previsión hecha por la concejalía de Hacienda, que dirige Ramón Vilar, en el caso de que el estado de alarma se amplíe 15 días más como quiere el Gobierno central. Es decir, si el estado de alarma se alarga hasta el 21 de junio.
Según fuentes del departamento de Hacienda, buena parte de la debacle corresponde a ingresos tributarios. Es decir, a impuestos y gravámenes, que mayoritariamente son de gestión propia consistorial. En este saco se englobaría, entre otras, la tasa de terrazas, cuyo pago de 2020 ha eximido el gobierno municipal a la hostelería, y que anualmente llega a los 2,5 millones de euros.
Y por otro lado, se encuentra otro tipo de ingresos, como puede ser la exención del canon del estacionamiento regulado, la ORA, cuya bajada se cifra ya en unos 2 millones de euros. Eso sí, las mismas fuentes inciden en que "no es un cálculo exacto, sino una proyección". Nada es estable, y menos en esta crisis, pues se desconoce cómo van a evolucionar los indicadores socioeconómicos.
Lo que sí es seguro es que el Ayuntamiento de València deberá emprender una profunda remodelación de su presupuesto para adecuarlo a la nueva realidad. Algo que se ha anunciado pero de lo que se sabe bien poco en las esfera pública. Se pretende tener en cuenta algunos criterios esbozados en las conclusiones de la comisión de reconstrucción que se desarrolla en el hemiciclo municipal en tres jornadas hasta el mes de junio.
También el consistorio espera como agua de mayo, antes de acometer la reforma presupuestaria,que el Gobierno deseche su pretensión de confiscar los ahorros de los municipios españoles y acceda a la petición de poder usar el superávit, fruto de la regla de gasto que impone la llamada Ley Montoro, para lo que deseen los entes locales. En el caso de València, son 60 millones. El ejecutivo central ha permitido el uso del 20% para cuestiones sociales por esta crisis, pero exigen ampliarlo los consistorios piden que sea el 100% y sin tanta limitación en su finalidad.
Por el momento, el Ayuntamiento ha ido funcionando a base de pequeñas modificaciones del crédito, a juicio de la oposición totalmente insuficientes. Sobre ello se pronunció el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, quien criticó que "después de más de dos meses de estado de alarma el equipo de gobierno sigue tomando decisiones con modificaciones de crédito improvisadas" cuando hay temas que "con un diagnóstico y un mínimo de interés se podrían haber gestionado mejor".
La formación naranja había preguntado al equipo de gobierno sobre las previsiones económicas de todas y cada una de las concejalías como consecuencia de esta pandemia. En la respuesta del gobierno municipal, se explicaba que "no dispone de un instrumento preciso para evaluar la incidencia de la crisis económica provocada por la covid y su afectación directa y concreta sobre cada una de las partidas presupuestarias". Si bien se admite, a continuación, que las estimaciones han sido remitidas a la concejalía de Hacienda.
Giner anunció que su partido ha solicitado "todas las estimaciones de ingresos y gastos" al consistorio y a las empresas del sector público instrumental del Ayuntamiento y dijo que "la única información y cuantificación cierta en la comisión de reconstrucción es la que dan los expertos y las entidades de la sociedad civil". A juicio del portavoz naranja, el equipo de gobierno "se niega a que cuantifiquemos y hablemos de reformular el presupuesto de este año porque está ocultando el problema que puede tener sobre la mesa en empresas y entidades públicas que ya entraron en la crisis con una pésima gestión", en una mención implícita a la Empresa Municipal de Transportes.
