VALÈNCIA. La ordenanza de pisos turísticos en la que trabaja el Ayuntamiento de València sigue en el cajón dos años y medio después de que empezara redactarse. La concejalía de Turismo, que dirige Emiliano García, todavía no ha sacado a la luz el texto normativo sobre viviendas turísticas ocasionales, la primera de este tipo que tendrá la ciudad de València. Entre otras cosas, porque está a la espera de que se resuelva otro embrollo.
Así, según señalan fuentes del gobierno municipal consultadas por este diario, el departamento de García esperará a tramitar la futura norma a que la justicia tome una decisión sobre el recurso que presentó la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas (Avaec) contra el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP). Un plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento en 2020 y del que deriva precisamente esta ordenanza.
Desde hace dos años la cuestión sigue en los tribunales y según diferentes fuentes consultadas tan sólo falta que el juzgado emita una sentencia. No obstante, también señalan que no se espera que sea este mes ni el próximo. De manera que habría que irse a después del verano para que se resolviese el litigio y, si resultara favorable para el consistorio, la concejalía de Turismo tuviera la puerta abierta para dar vía libre a la ordenanza de viviendas turísticas. Apenas a ocho meses de las elecciones municipales.
El PEP de Ciutat Vella fijaba que las viviendas turísticas ocasionales están prohibidas en el centro de València hasta que exista esta ordenanza reguladora del sector. Se refiere a este tipo de pisos turísticos, los ocasionales, que son aquellos domicilios habituales de un particular -debe estar empadronado- que decide comercializar hasta 60 días al año. La ordenanza en cuestión no regula todo el sector, porque deja fuera las llamadas viviendas turísticas profesionales, que se sitúan en bloques exclusivos de pisos turísticos y no tienen restricción temporal en su comercialización.
Lo cierto es que, desde que se aprobara el PEP y se anunciara la creación de la normativa -para sólo un tipo de pisos turísticos-, se conoce bien poco de su contenido más allá de algunos apartados publicados en Valencia Plaza. Entre ellos, por ejemplo que existirá la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de dar cierta información sobre su actividad a la administración para asegurar el control de la legalidad.
En este sentido, el borrador de ordenanza reza que el Ayuntamiento "podrá requerir a las plataformas digitales que publicitan y comercializan el alojamiento turístico la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales de supervisión y control público de las viviendas turísticas". Y además, prevé que el consistorio impulse "acuerdos de colaboración" con las plataformas para "facilitar el intercambio de información" y así "velar" por la legalidad en el sector.
El texto, encargado a un equipo de trabajo de la Universitat de València y que se encuentra dentro del plan normativo municipal, sigue sin tramitarse. Y más allá de las posibles discrepancias internas en el gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, también es cierto que se ha labrado dudas por parte del sector vecinal. En la Federación de Vecinos la consideran insuficiente al dejar fuera la regulación de los pisos turísticos profesionales.
La normativa urbanística actual fija que los pisos turísticos deben estar inscritos en el registro autonómico de la Generalitat Valenciana y, además, contar con la compatibilidad urbanística otorgada desde el Ayuntamiento de València. Un doble filtro que, sin embargo, parece ser insuficiente, pues desde el movimiento vecinal subrayan la necesidad de perseguir la actividad ilegal que se sigue dando y a la que no se está dando una respuesta por falta de inspección.
Además, las viviendas turísticas deben quedar circunscritas con carácter general a las plantas bajas y primera planta y siempre por debajo de un uso residencial, o en bloques exclusivos de pisos turísticos -a los que también se quiere poner limitaciones, cuestión que sigue en el aire-. Además, el PEP de Ciutat Vella impone mayores restricciones en el casco histórico, si bien el Plan está recurrido en los juzgados por la asociación de viviendas turísticas. Y el Plan del Cabanyal, todavía sin aprobar, buscará también restringir las viviendas históricas a un 10% por manzana en la fachada marítima.