VALÈNCIA. La vivienda se ha revelado como uno de los temas, sino el tema, del mandato. Los problemas de acceso a un hogar, especialmente a un primer hogar por parte de los jóvenes, se han convertido en un punto obligado del debate público y político, tal como reveló la pasada semana la multitudinaria manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda. Y es lo que pretende la movilización de este sábado en la ciudad de València: reclamar soluciones ante la acuciante situación del mercado del alquiler y señalar la turistificación como uno de los orígenes de la misma.
Lo cierto es que el panorama del alquiler en la ciudad de València se ha descontrolado. Así lo reflejan los datos, según los cuales desde 2015, los alquileres en 26 barrios han subido más del 50%, afectando especialmente a zonas como Russafa, El Cabanyal y La Saïdia, donde los incrementos han alcanzado el 61%.
Según el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), solo en los últimos cinco años, los valores se han encarecido un 77% hasta alcanzar los 1.656 euros de renta mensual del tercer trimestre de este 2024. Una cifra inviable para gran parte de la población, que está derivando en el auge del alquiler por habitaciones ante la imposibilidad de arrendar un piso completo a esos precios.
Y ello sin tener en cuenta que en muchos distritos de la ciudad, como Ciutat Vella o l'Exiample, se superan ya los 2.000 euros al mes, mientras que en otros como Camins al Grau, que no ha sido una zona tradicionalmente cara, se rebasa la media en la ciudad y se llega a rentas de hasta 1.700 euros mensuales.
Ante esa situación se celebrará este sábado la manifestación bajo el lema "València s'ofega", que comenzará a las 18:30 desde las Torres de Serranos y está respaldada por asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos de izquierdas. Los manifestantes reclaman la regulación del alquiler y la paralización de todos los desahucios "sin alternativa ocupacional digna", así como la "desmercantilización de la vivienda y el acceso a una vivienda universal y gratuita".
Igualmente, reclaman un parque de vivienda pública digna, poner fin a la discriminación al acceso a la vivienda a personas en circunstancias de vulnerabilidad, prohibir la descalificación de Vivienda de Protección Pública y "acabar con la venta de vivienda residencial al capital extranjero y especulativo".
Los organizadores de la protesta critican la expansión del turismo masivo y grandes proyectos urbanísticos que dicen agravan el problema de la vivienda. "No podemos seguir apostando por el turismo como motor económico", afirman, y piden declarar a València como zona tensionada para contener los precios del alquiler.
En referencia a las críticas por la turistificación, reclaman declarar València como zona tensionada, prohibir los apartamentos turísticos y la regulación urbanística estricta del negocio hotelero. Y consideran que hay que dejar de apostar por el turismo como motor económico, poner fin a la promoción de la ciudad como destino turístico y parar la entrada de cruceros y las ampliaciones del puerto y el aeropuerto.
La convocatoria ha atraído el apoyo de colectivos como CCOO PV, PSPV-PSOE, Compromís, Acció Cultural del País Valencià y numerosos movimientos vecinales y ecologistas. El Partido Popular ha dejadk clari que no acudirá aunque, según su portavoz en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, comparten "el cabreo de la gente que clama por vivienda pública". Caballero ha criticado la gestión del anterior gobierno de izquierdas, destacando que entre 2015 y 2023 solo se construyeron "14 viviendas de promoción pública". "Durante esos ocho años, la izquierda se olvidó del derecho a la vivienda y se dispararon los precios", afirmó el portavoz popular.
Caballero también se mostró contrario a la Ley de Vivienda estatal, argumentando que "la limitación de los alquileres no es la medida correcta" y que lo que realmente hace falta es "aumentar la oferta para que bajen los precios". Señaló que su gobierno está "multiplicando las ayudas al alquiler" y "poniéndose del lado de las familias" para combatir la especulación.
Por otro lado, la oposición de izquierda apoya la manifestación. Papi Robles, portavoz de Compromís, ha criticado que el actual gobierno de Catalá "no está paralizando el crecimiento de apartamentos turísticos" y ha pedido que se implante de forma urgente la Ley de Vivienda para controlar los precios. Además, instó a la compra de más viviendas públicas para paliar la crisis. El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que Catalá "está boicoteando la aplicación de la Ley de Vivienda porque es una ley de Pedro Sánchez", criticando que no se asuman responsabilidades en la ciudad y exigiendo que se aplique la normativa para intervenir en el mercado.