VALENCIA.(VP/EP). La historia de las 'expropiaciones rogadas' es la siguiente: Un Ayuntamiento diseña un proyecto urbanístico en un barrio. Llega la crisis y no se hace nada. Pero algo ocurre a los 5 años: propietarios de terrenos pendientes de expropiación exigen que así suceda. Denuncian y ganan, con lo cual colocan a la administración un inmueble en un momento en el que nadie compra, y para colmo, en muchos casos, el Consistorio paga a un precio superior al de mercado.
Son trampas urbanísticas que se puso la propia administración local en tiempos de bonanza, cepos que han atrapado a multitud de localidades valencianas cuyos planes urbanísticos brotaban con alegría en los planos, ajenos a la recesión que llegaría en 2008 para pararlo todo y poner a la administración en serios aprietos contables.
Pero el PSPV quiere detener esta sangría improductiva de fondos públicos que en 2016 ha costado más de 40 millones de euros sólo al Ayuntamiento de Valencia. El portavoz del PSPV en Les Corts, Manuel Mata avanzó este lunes que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat en favor de los ayuntamientos.
El síndic explicó que el objetivo de esta iniciativa es "poner coto a las expropiaciones rogadas", aquellas, como decíamos, que los ayuntamientos se ven obligados a pagar por sentencia judicial cuando no llevan a cabo el proyecto para el que se anunció la expropiación y pasados cinco años los propietarios reclaman que se ejecute.
El diputado socialista lamentó que si los consistorios no tienen dinero para hacer el proyecto público previsto se vean obligados a pagar por la expropiación programada para ello, y comentó que su grupo reclamará "una moratoria de dos años" para evitar dichas expropiaciones. Según Mata, que habló de "batalla política" del PSPV en favor de las administraciones locales, esta medida supondrá "un balón de oxígeno para el Ayuntamiento de Valencia", entre otros.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Vilar, explicó que el gasto por "expropiaciones no deseadas" del Ayuntamiento de Valencia superará este año los 40 millones de euros, y reclamó que los fondos de expropiaciones han de tener "un uso lógico y racional acorde con el desarrollo urbanístico y no marcado por sentencias".
Mata anunció también que los socialistas lucharán este año para que la ciudad de Valencia cuente con Contrato Programa para el transporte público, para el que reclama 38 millones de euros, y se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No hay una ciudad tan mal tratada metropolitanamente por el Gobierno de España como ésta", dijo.
Del mismo modo, se refirió al Consorcio Valencia 2007 y al "crédito incobrable" al que se ha de hacer frente por la America's Cup. El portavoz socialista en las Corts señaló que "ese agujero tiene que ser remediado" y defendió que la deuda "pase a ser del Estado español y la asuma el Gobierno central, como se hizo en Sevilla 92, en Barcelona 92 o en Zaragoza por la Expo del Agua". "Sería una manera de oxigenar los proyectos de la Marina" agregó.
Por otra parte, Ramón Vilar comentó que en la Comisión de Hacienda celebrada este lunes se aprobó la reasignación de proyectos del Plan Confianza por un valor de 9,6 millones de euros y ha citado entre proyectos de rehabilitación de edificios municipales en el Cabanyal para uso público, así como reurbanizaciones en este barrio; la rehabilitación del Mercado del Grau, la rehabilitación de la Casa del Relojero frente a la Catedral; actuaciones en la Muralla islámica y en el aparcamiento de la Plaza de Brujas.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, resaltó el "tremendo esfuerzo de la Generalitat" para contribuir a "reimpulsar la ciudad" a través de los presupuestos autonómicos de 2017, con 39 millones de euros para inversiones que suponen "un crecimiento del 17 por ciento respecto a lo destinado en los últimos cuatro años".
Entre las inversiones del Consell previstas para la ciudad, la edil apuntó los 13,2 millones de euros presupuestados a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para desarrollar el Anillo Verde Metropolitano -cerca de 5 millones de euros-, "seguir pagando las obras de la T-2" del metro --3,6 millones de euros-- o reformar el puente de la autovía del Saler -500.000 euros-.
Igualmente, la edil mencionó los 11,5 millones de euros que destina la Conselleria de Sanidad para el antiguo hospital La Fe, en Campanar -3,6 millones para 2017 y 17 hasta 2019-, para el centro de salud de Malilla o la reforma de los centros de salud de Tres Forques, Campanar y calle Chile o para obras en hospitales de la ciudad.