València ya empieza a ejecutar expropiaciones pendientes tras la sentencia del Constitucional

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya empieza a enfrentarse a las consecuencias de la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre las expropiaciones rogadas en la Comunitat. El consistorio tendrá que ejecutar una expropiación que llevaba pendiente desde 2015 por la suspensión temporal aprobada por Les Corts Valencianes durante el pasado mandato. Declarada inconstitucional esta paralización, los municipios empiezan a resolver ya las primeras operaciones que habían quedado en el aire.

Este viernes, sin ir más lejos, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento da luz verde a una de estas expropiaciones que estaban pendientes desde hace años. Se trata de una parcela de 1.380 metros cuadrados ubicada en la pedanía de Castellar, que el consistorio grafió en los planos como espacio libre y red viaria, y cuya expropiación reclamaron sus propietarios particulares en 2015. Pero no se podía materializar, como en muchos otros casos repartidos por la ciudad.

Desde 2016, y ante el elevado coste que iban a tener para las arcas municipales las expropiaciones previstas en muchos planes urbanísticos, la Generalitat Valenciana decidió suspender los plazos para evitar que los ayuntamientos tuvieran que hacer frente a estos gastos millonarios. De esta manera, los dueños de los suelos afectados no podían disponer de ellos porque se encontraban a la espera de que cada consistorio se quedara con los terrenos y pagara su correspondiente indemnización.

Esta suspensión de plazos sine die acabó en los tribunales y el pasado mes de diciembre, como publicó Valencia Plaza, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dichas prórrogas, por lo que abría la puerta a que los dueños de los terrenos pendientes de expropiación en muchos municipios valencianos ya puedan reclamar que se ejecutaran estas operaciones y que los consistorios pagaran les indemnicen.

Es lo que está empezando a hacer el Ayuntamiento de València. Y como ejemplo, el caso que pasa por la Junta de Gobierno de este viernes. Tras el fallo, los propietarios de la mencionada parcela acudieron al Jurado Provincial de Expropiaciones para que fijara el justiprecio, la indemnización a pagar a sus dueños, que se ha establecido finalmente en casi 700.000 euros. Dinero que ahora el consistorio tendrá que pagar a tocateja.

Así, además de "llevar a efecto la expropiación", el acuerdo al que dará luz verde el gobierno municipal este viernes reconoce la obligación de pago del mencionado importe, aceptado por la propiedad, así como "atender el gasto" a cargo de una partida presupuestaria prevista para este tipo de casos, y que cuenta con una línea de 900.000 euros en total.

Al menos 35 millones en expropiaciones

Cabe recordar que el Ayuntamiento, debido a esta demora, tiene en el cajón expropiaciones por valor de al menos 35 millones de euros que ahora, como un alud, pueden caer sobre el erario municipal, si bien se espera que sea de manera progresiva. Pero la cifra, que supone un nada desdeñable 3% del presupuesto municipal anual, podría ser mayor por el efecto llamada de otros casos que todavía no habían formulado la petición. Además de otros suelos a expropiar que están pendientes de tasación.

En ese sentido, la concejalía de Urbanismo, que dirige Juan Giner, trabaja en varias herramientas urbanísticas para suavizar el golpe a las arcas municipales y ofrecer a los propietarios que reclamen la expropiación un suelo con el que poder pagar esa deuda y, de esta manera, no tener que atender todas las solicitudes con dinero efectivo.