València sólo atrae a una empresa al trastabillado concurso de la grúa municipal

VALÈNCIA. Una sola empresa. El concurso público lanzado por el Ayuntamiento de València para adjudicar el servicio de la grúa municipal apenas ha atraído a una compañía después de que el primer proceso de contratación de hace un año quedara desierto. Así pues, la firma Transportes de la Chica radicada en Jaén, será será previsiblemente la concesionaria para los próximos dos años si cumple los requisitos.

Como novedad en el servicio de la grúa municipal de València, la empresa adjudicataria de la grúa podrá retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), fundamentalmente patinetes eléctricos, además de los vehículos habituales. De esta manera, se adapta el servicio a la actual realidad de la movilidad de la ciudad, en la que patinetes de todo tipo han inundado las calles y los carriles bici, y a la nueva ordenanza de movilidad.

El concurso puesto en marcha desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige el edil Aarón Cano, asciende a 9,5 millones de euros IVA incluido y tendrá una vigencia de dos años, a los que se podrán tres prórrogas de un año cada una, según los pliegos de la licitación. Se tratan de unas condiciones sensiblemente diferentes a las que se pusieron en el anterior concurso, que al quedar desierto obligó a la concejalía a mejorar algunos apartados de los pliegos.

La otra vez, el contrato ascendía a 17,4 millones de euros para cinco años sin contemplar prórrogas (3,4 millones de euros anuales). De esta manera, el pago anual asciende en la nueva licitación, al tiempo que el período de vigencia del contrato disminuye al pasar de cinco a dos años con la posibilidad de tres prórrogas, así que disminuye la atadura temporal entre la futura adjudicataria y la administración municipal.  En este sentido, el Ayuntamiento adjudicará un contrato con condiciones más favorables para las empresas tras los múltiples problemas que ha habido con la anterior contrata.

Historial problemático en la grúa

En los últimos años el consistorio ha tenido que lidiar con varios problemas relacionados con el contrato de la grúa adjudicado en 2014, con el PP todavía en el gobierno. Entonces, la licitación dio como adjudicataria a la unión de empresas Pavapark-Auplasa. Pero las previsiones económicas que se habían hecho en el contrato no se cumplieron: se preveían 6.000 retiradas de coches mensuales, pero a la postre no llegaban a las 3.000. 

Por ello, la UTE alegó falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones. Pero el consistorio se negó, ya con la edil Sandra Gómez al frente de la concejalía, lo que llevó a la empresa a reclamar la resolución del contrato. Explicaban las empresas que el Ayuntamiento había "impuesto como nuevo principio de su política de movilidad" el criterio de "la grúa amable" -menos agresiva, y que conllevaba menos gasto para el Ayuntamiento-, "con las graves consecuencias" económicas, insistían las adjudicatarias.

El asunto acabó en los tribunales y el Ayuntamiento ganó, si bien las compañías recurrieron. Pero ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso: el Ayuntamiento resolvió el contrato con una indemnización para la empresa de 2,5 millones de euros y debía sacar un nuevo concurso, pero hasta que se adjudicara de nuevo, el servicio continúa prestándolo la UTE fuera de contrato y percibiendo un abono mensual de 360.000 euros. Y según la Agencia Valenciana Antifraude, muy por encima de lo que debería percibir.

Antifraude considera "acreditado" que la compañía que gestiona la grúa municipal "ha obtenido unos beneficios" extracontractuales de más de 614.000 euros desde 2017. De hecho, como publicó este diario, el organismo que dirige Joan Llinares instó al Ayuntamiento de València a revisar estos pagos injustificados de dinero que nunca debió haber salido de las arcas municipales.