València sólo podrá cobrar el recargo de IBI por tener pisos vacíos a 29 viviendas

VALÈNCIA. Apenas 29 viviendas son las que el Ayuntamiento de València podrá gravar con el recargo de IBI el próximo año. La Conselleria de Vivienda, dirigida por Héctor Illueca, ha hecho un recuento de los inmuebles que la administración valenciana ha declarado desocupados en el Cap i Casal y que son susceptibles de pagar ese recargo del 30% aprobado por el consistorio hace dos años pero que hasta el momento era inaplicable.

El consistorio valenciano aprobó hace casi tres años la modificación de la ordenanza fiscal del IBI para introducir este plus impositivo a grandes tenedores de viviendas vacías. Es decir, a propietarios de más de 10 viviendas, en su mayoría bancos o fondos de inversión, que mantengan inmuebles desocupados "con carácter permanente".

Desde entonces hasta ahora, el recargo aprobado no se podía recaudar. Primero, porque ni la normativa estatal ni autonómica definían lo que era un "inmueble deshabitado", por lo que no existían criterios para definir las viviendas que podían ser objeto del recargo. Y aunque en 2017 se aprobó la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda, era necesario un decreto autonómico que la desarrollara y que no llegó hasta hace un año.

Y en segundo lugar, tras la mencionada norma, el Ayuntamiento de València esperaba el listado de inmuebles que la administración valenciana hubiera declarado como deshabitados. Una información para lo que era preciso un desarrollo reglamentario que llegó en diciembre del pasado año en forma de registro en el que de forma semestral los grandes tenedores deben informar a la Generalitat Valenciana de las viviendas que tienen en desuso. 

Se trata de una comunicación obligatoria para los propietarios que, tras su posterior verificación e inspección, conlleva la resolución administrativa como vivienda deshabitada. A partir de ahí, el propietario escoge si movilizar su activo en el mercado del alquiler, a través de las medidas de fomento que aplica Vivienda, o, por el contrario, someterse a las sanciones que impone la norma.

Y en ese proceso, cerca de una veintena de grandes propietarios comunicaron a la Administración valenciana unas 464 viviendas vacías en la Comunitat Valenciana, de las que 336 se declararon por la vía administrativa como en desuso. De ellas, 123 se han adherido al plan de la Generalitat para alquiler asequible, mientras que han rechazado hacerlo grandes propietarios de los 230 activos restantes que deberán, de acuerdo con la normativa, hacer frente a multas y sanciones por mantenerlas sin uso, explican desde el departamento que dirige Illueca. 

En València, son 29 y todas se han acogido a las medidas de fomento que propone el Consell para darles una salida en el mercado. Por tanto, será sobre esta cartera que ha sido notificada al gobierno valenciano sobre las que el consistorio podrá aplicar ese recargo del IBI a partir de 2023. 

De hecho, la concejalía de Hacienda de València que dirige Borja Sanjuán ya el pasado año tenía la esperanza de introducir esta medida correctiva en el pasado ejercicio, pero la tramitación administrativa para declarar las primeras viviendas como deshabitadas se ha demorado más en el tiempo por ser un instrumento normativo de nueva creación. Y ello impidió que hasta este año no se hayan podido hacer las inspecciones que fija el decreto.

En el consistorio celebran que, con el listado de la Generalitat en la mano, por fin pueda ponerse en marcha la medida, y aunque reconocen que 29 son pocas viviendas afectadas, esperan que con el paso de los años se vayan añadiendo más inmuebles desocupados al listado. Por el momento, todavía no se conoce a cuánto podrían ascender los ingresos por este recargo el año que viene: primero, hay que estudiar caso por caso para calcular cuánto supondrá el recargo, que es del 30% en el IBI.

Plan para movilizar viviendas vacías

Cabe recordar que el decreto para la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores, aprobado por el Consell, tiene como objetivo movilizar más vivienda en régimen de alquiler asequible. Para ello, creaba un registro en el los propietarios de diez o más inmuebles deben informar de forma semestral de aquellos activos que lleven un año sin habitar o destinados a otro uso que no sea el residencial. Una vez inscritos, la Generalitat debe inspeccionarlos para declararlos como deshabitados si cumplen con los requisitos que marca el decreto. 

Una vez concluido el trámite administrativo, las entidades son las que deciden si cederlos para alquiler asequible a través del programa autonómico Xarxa Lloga'm, que prevé medidas de fomento y promoción para aquellos que cedan entre 7 y 8 años su vivienda. Entre ellas, se ofrecen una serie de incentivos como la reparación de los desperfectos que no sean consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo, así como ayudas para la obtención del certificado de eficiencia energética. También, la Generalitat ofrecerá como garantía a los dueños de los inmuebles seguro multiriesgos y otras pólizas. 

En cambio, quienes renuncien a esta posibilidad se enfrentan a multas serán mensuales en base a su ubicación y la renta media, pero que oscilan entre los 350 y 650 euros. A ellas habrá que sumar las sanciones que recoge la normativa y que van de los 10.000 a los 350.000 euros por "incumplir la función social de la vivienda".