VALÈNCIA. La empresa pública que la Generalitat Valenciana quiere poner en marcha para gestionar el servicio de bomberos forestales se formalizará en enero. Concretamente, el día 8. Así pues, la llamada Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE) dará sus primeros pasos a principios de 2019, culminando un complejo proceso negociador entre sindicatos y administración valenciana para dar con la manera de subrogarse los bomberos forestales que hasta ahora trabajaban en la firma estatal Tragsa.

El proceso ha sido tortuoso. Inicialmente, las organizaciones sindicales pedían la subrogación directa a la Agencia Valenciana de Seguridad (Avsre), dirigida por el socialista José María Ángel y dependiente de Presidencia de la Generalitat. De hecho, esta era la fórmula que se aprobó en la Ley de Acompañamiento de 2018 mediante una enmienda de Podemos. Sin embargo, múltiples informes de la administración valenciana acabaron desaconsejando esta opción.

Más tarde, Compromís propuso la creación de una entidad de derecho público ligada a la Avsre y de carácter temporal para acabar subrogándose a los empleados de Tragsa directamente por la Generalitat, planteamiento que los sindicatos minoritarios acabaron aceptando. Esta propuesta, sin embargo, chocaba frontalmente contra la senda que el PSPV quería seguir: dar a luz esta nueva mercantil instrumental.

Finalmente, tras meses de conversaciones, se acabó dando luz verde a la sociedad de servicios y emergencias, cuyo decreto de creación se publicó en el DOGV a principios de diciembre. Sin embargo, no se había formalizado todavía. Paso ineludible y trascendental que tendrá lugar a principios de enero. Y a partir de entonces, se le empezará a dotar de forma y estructura, con unos estatutos definitivos y un convenio laboral nuevo.

La madre del cordero es, precisamente, el convenio, que incluirá reivindicaciones centrales y básicas de el conjunto de sindicatos: el incremento salarial de un 30% y la posibilidad de realizar una segunda actividad para aquellos trabajadores que por cuestiones de salud u otras consideraciones no puedan ejercer en primera fila.

Estas eran las demandas que exigían al Gobierno de España cuando se encontraban en la firma estatal Tragsa. Estaban pactadas con el ejecutivo de Mariano Rajoy, pero a la llegada del gobierno socialista de Pedro Sánchez, paralizó estas mejoras para evitar recelos de otros cuerpos autonómicos de emergencias. De hecho, este incumplimiento acabó derivando en una huelga de dos meses, huelga de hambre incluida, para que el Ministerio de Hacienda, donde estaba encallada la cuestión, diera su brazo a torcer.

No fue así, de modo que será la Generalitat Valenciana la que deberá ejecutar estas mejoras y dejarlas fijadas en este nuevo convenio. No hay duda de que se realizará, dado que existe un preacuerdo suscrito por las organizaciones sindicales y el director de Emergencias, José María Ángel, donde ya se ha registrado negro sobre blanco.

Ahora se están dando múltiples reuniones para avanzar en la negociación de este nuevo convenio, mientras, por otro lado se consuma la creación definitiva de la SGISE, cuya presidencia ostenta el propio Ángel. Con todo, las conversaciones no se advierten exesivamente complicadas, pero sí que existen flecos a concretar. Uno de ellos, por ejemplo, es la entrada de personal administrativo y coordinador de Tragsa a la nueva mercantil.