VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) creada durante el primer mandato del Govern del Botànic viene produciendo noticias de manera constante en los últimos meses, aunque curiosamente ninguna de ellas referida a la labor para la que fue creada: un instrumento que actúa con independencia de las administraciones para la "prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción" y "con capacidad para proteger a las personas denunciantes", según reflejan en su página web.
Han pasado algo más de tres meses desde que Eduardo Beut fuera elegido en el pleno de Les Corts como director del organismo gracias a los votos de PP y Vox. Una sesión en la que PSPV y Compromís mostraran su rechazo por "la vinculación política y personal del candidato con el Partido Popular". En todo este tiempo, la oficina dedicada a fiscalizar el fraude y la posible corrupción no ha publicado ni un solo informe; una manera de proceder que contrasta con la anterior etapa con Joan Llinares al frente, donde se hacían públicas resoluciones de investigación a un ritmo de entre tres y cuatro mensuales, una rutina productiva que, al menos de momento, se ha interrumpido con el aterrizaje del nuevo director.
Así, desde la llegada de Llinares al puesto en 2017 hasta su marcha en mayo de 2024, la Avaf emitió casi 300 resoluciones de investigación, una decena de ellas el pasado mes de junio, cuando el director ya había abandonado el puesto y le había sustituido de manera temporal Anselm Bodoque. Sin embargo, desde 27 de junio de este año, unas semanas antes de que Beut accediera al puesto, se cortaron las publicaciones sin que hasta ahora se hayan reanudado. De esta manera, las 40 resoluciones de investigación colgadas en lo que va de 2024 pueden atribuirse a sus antecesores, sin que el director elegido por PP y Vox haya estrenado su casillero.
Ahora bien, esto no ha impedido que la agencia esté en el foco mediático. Más bien al contrario. La propia designación de Beut ya fue objeto de un serial informativo hasta que, finalmente, se concretó. En primer lugar, fue propuesto para el puesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (Aegap), si bien quedó excluido por recomendación de los servicios jurídicos de Les Corts, al considerar que la citada organización no tenía capacidad para presentar nombres.
Con este escenario, PP y Vox modificaron la ley para no necesitar los votos de ningún partido de la oposición, con el objetivo de no tener que verse obligados a consensuar ningún nombre que pudiera resultar incómodo. La formación popular, que se había desmarcado de la iniciativa de la asociación de promover el nombre de Beut, se decidió finalmente a ponerlo sobre la mesa, saliendo adelante con sus votos y los de Vox. El PP defiende la trayectoria y prestigio profesional del elegido para el puesto, enviando a un segundo plano las vinculaciones de Beut en el pasado con el expresidente Eduardo Zaplana y con el partido.
