VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Aldaia ha puesto freno a la expansión del alquiler turístico en el municipio. El pleno del consistorio aprobó el pasado 25 de febrero, con mayoría absoluta, la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de actividad para viviendas de uso turístico. Esta medida, que también incluye las declaraciones responsables y comunicaciones de actividades, así como la emisión de informes de compatibilidad urbanística, se ha hecho efectiva este martes con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

En concreto, la suspensión afecta a varias zonas clave del municipio, entre ellas, el núcleo antiguo; el ensanche; los conjuntos urbanísticos; las áreas de uso terciario y algunas zonas periféricas de suelo no urbanizable con viviendas unifamiliares. El objetivo, según explicó la concejala de Urbanismo, Mónica Trujillo, es "hacer una parada de reflexión y análisis" que permitirá al ayuntamiento elaborar una ordenanza específica y modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular este tipo de alquileres.

"El mercado de la vivienda está cada vez más tensionado", afirmó Trujillo y, en ese sentido, añadió que la creciente demanda de este tipo de alquileres ha llevado al consistorio a adoptar esta medida. De hecho, la concejala subrayó que esta decisión responde a "una cuestión de justicia social" en un municipio que, según sus palabras, "no es turístico". 

La iniciativa llega en un contexto complejo para Aldaia, que aún lidia con las secuelas de la Dana del pasado 29 de octubre y se apoya en la reciente modificación del Decreto Ley 9/2024 de la Generalitat Valenciana, que permite a los ayuntamientos aplicar este tipo de restricciones por razones de interés general. Así, la suspensión podrá tener una duración máxima de dos años, aunque solo se mantendrá si, dentro del primer año, se somete a exposición pública la propuesta de un nuevo plan urbanístico.

Vox, en contra de la medida

Durante la sesión plenaria del pasado mes de febrero, la concejala no adscrita y ex número 2 del PP local, Paula García, celebró la medida y agradeció que "se regule esto", al mismo tiempo que señaló el "abuso" que ha supuesto la transformación turística de València capital. Por su parte, el portavoz de Compromís, Lluís Albert Granell, justificó la suspensión como una "buena propuesta" ante un parque de viviendas bajo presión y destacó que "no se trata de liberalizar, sino de planificar".

Asimismo, el portavoz popular, Jesús Molins, expresó su apoyo a la iniciativa del gobierno municipal, aunque con matices. "No es el mejor método, pero es uno. Hay un problema con los vecinos y por eso pedimos que, si puede regularse en menos de un año, que se haga", apuntó. La única oposición vino de Vox. La edil de la formación, Mª Carmen Jiménez, consideró que "no hay una urgencia que justifique esta medida" y defendió que "sí necesitamos una regulación, pero existen otras alternativas sin suspender licencias".

Desde ahora, las solicitudes de licencias presentadas antes de su publicación del acuerdo en el DOGV seguirán su tramitación habitual, siempre y cuando se completen con la documentación requerida. Sin embargo, cualquier nueva solicitud de licencia de actividad para viviendas de uso turístico quedará suspendida hasta que se implemente el nuevo marco normativo. 

Así,  el Ayuntamiento de Aldaia se suma a otros municipios del área metropolitana como Alfafar, que, tras las inundaciones del pasado octubre, optó por prorrogar un año más la suspensión de nuevas licencias turísticas. En ambos casos, el objetivo es el mismo: garantizar el acceso a la vivienda y evitar que el mercado turístico altere el equilibrio del tejido vecinal.