VALÈNCIA. Cada vez son más las dificultades para acceder a una vivienda, un problema que ya ha trascendido a la ciudad de València y comienza a extenderse por su área metropolitana. El municipio de Bétera, en el Camp de Túria, no es ajeno a esta tendencia y, tras años sin nuevas actuaciones en materia de vivienda protegida, el ayuntamiento ha dado un primer paso para incorporar suelo a su parque público residencial. 

En concreto, el pleno municipal aprobó el pasado 8 de enero iniciar el procedimiento para la cesión gratuita de una parcela de titularidad municipal a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), dependiente de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. El acuerdo, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tiene como finalidad permitir la construcción de unas 21 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible, en el marco del 'Plan Vive' de la Generalitat Valenciana. 

La propuesta salió adelante con los 18 votos a favor del equipo de gobierno —formado por el Partido Popular (PP) y la coalición Mas Camarena-Torre en Conill (MC-TC)—, Compromís y Vox. Por su parte, el PSPV optó por abstenerse tras expresar sus "dudas" sobre el contenido y el alcance jurídico del acuerdo. Durante el pleno, el portavoz de Compromís, Juan José Baudés, defendió que la iniciativa supone un paso importante para el municipio. 

"Estamos de acuerdo con que se haga vivienda pública. Aunque es un primer lote, son 21 viviendas y es un avance", señaló Baudés, aunque reclamó mayor agilidad para intervenir en otras parcelas de Bétera que permitirían incrementar de forma significativa el parque público. En ese sentido, Baudés recordó la existencia de otro suelo que podría acoger más de 50 viviendas y subrayó que el alquiler asequible es "imprescindible", sobre todo para la población joven del municipio.

Más crítica fue la portavoz del PSPV, María José Ballesteros, quien reiteró el apoyo de su partido a las políticas públicas de vivienda y a los objetivos del 'Plan Vive', pero cuestionó la formulación del acuerdo. "Apoyar la vivienda pública no implica votar a ciegas operaciones patrimoniales genéricas", afirmó Ballesteros, al considerar que el expediente se limita a hablar de una cesión gratuita sin concretar otros aspectos como el tipo de usuarios a los que se destinarán las viviendas. 

A su juicio, la propuesta no ofrece "seguridad jurídica suficiente" y debería haberse concretado mediante un convenio específico antes de someterse a la votación del pleno. Desde el equipo de gobierno, la concejala de Urbanismo, Mónica Martín, defendió defendió la corrección técnica del expediente y rechazó las críticas del PSPV a los informes municipales. "Lo que traemos hoy es el inicio del expediente para que Bétera tenga vivienda pública, algo que no ocurría desde hace cerca de 20 años", señaló Martín y recalcó que el procedimiento cuenta con los informes técnicos y jurídicos preceptivos. 

¿Qué implica el acuerdo aprobado?

El acuerdo aprobado no supone todavía la construcción de las viviendas, sino el inicio del expediente administrativo que se necesita para poner el suelo municipal a disposición de la EVha. Para ello, el consistorio ha acordado someter a información pública la cesión gratuita de una parcela patrimonial y situada en la calle Vicente Andrés Estellés, con el objetivo de que se destine exclusivamente a vivienda protegida.

Según el contenido del expediente, la cesión se realiza para que la EVha asuma la gestión del proceso para hacer viable el desarrollo residencial. Esto incluye las operaciones jurídicas que resulten necesarias —como la enajenación, permuta o cualquier otra figura admitida en derecho— para permitir la construcción y posterior explotación de los inmuebles, siempre conforme a las condiciones del 'Plan Vive'. En otras palabras, el ayuntamiento no promueve de forma directa la edificación, sino que aporta el suelo para que sea la entidad autonómica la que articule dicha actuación.

Además, el acuerdo incorpora ciertos límites de tiempo y garantías de reversión. En caso de que el suelo no se destine a la construcción de vivienda protegida en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva de la cesión, o si ese uso no se mantiene durante al menos treinta años, la propiedad del inmueble volverá a ser del Ayuntamiento de Bétera.

Antes de su aprobación definitiva, el expediente queda ahora sometido a un periodo de información pública de veinte días, durante el cual podrán presentarse alegaciones o reclamaciones. Finalizado ese trámite, el pleno deberá resolverlas y decidir sobre la continuación del procedimiento.