VALÈNCIA. La jueza de Alzira que instruye la causa por el presunto acoso que denunció la concejala, Mar Chordá, ha fijado un nuevo calendario de diligencias que prorroga la investigación hasta el próximo mes de julio, cuando está prevista la declaración como investigado del segundo teniente de alcalde y portavoz de UCIN, Enrique Montalvà.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 ha reactivado el procedimiento tras los recursos interpuestos por la propia denunciante y por el Ministerio Fiscal contra el auto de sobreseimiento provisional dictado hace un año. En su escrito, la Fiscalía aprecia indicios de un posible delito de vejaciones en los hechos denunciados.
Dentro de esta ampliación de la instrucción, la magistrada ha acordado la comparecencia de un total de 15 personas. El calendario se abrirá el próximo 26 de febrero con la declaración de Mar Chordá y continuará entre los meses de marzo y junio con la toma de testimonio a 13 testigos del entorno del Ayuntamiento de Alzira. La fase de declaraciones concluirá el 2 de julio con la comparecencia judicial de Montalvá.
Gravedad de los hechos denunciados
La reactivación de la instrucción se fundamenta en la gravedad de los hechos denunciados, que el Ministerio Fiscal considera constitutivos de un presunto delito de vejaciones. En el procedimiento judicial, se recogen comentarios de carácter sexista e intimidatorio atribuidos a Montalvà, con expresiones referidas al físico y la vestimenta de la edil como "menudo escote llevas", "qué corta vas" o "qué fresca", además de otros comentarios de índole sexual.
El edil de UCIN ha negado haber realizado dichos comentarios. Sin embargo, Chordá ha manifestado que dicha situación tuvo consecuencias directas en su salud mental, hasta el punto de causar una baja médica por un cuadro de depresión. Además, la concejala sostiene que intentó resolver el conflicto de forma interna antes de acudir a la vía judificial para evitar "daños institucionales".
Pese a la reapertura de la causa y al nuevo calendario de diligencias, el gobierno municipal de Alzira —formado por Compromís, PSPV y UCIN— ha cerrado filas en torno al edil investigado y ha descartado su cese, tal y como pidieron la propia Chordá y la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, en una rueda de prensa.
El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y la primera teniente de alcalde, Gemma Alós, comparecieron públicamente junto a Montalvá para escenificar su respaldo y enmarcar la denuncia en una supuesta "maniobra política" para desestabilizar el ejecutivo local, apelando a la presunción de inocencia. Cabe recordar que la continuidad de Montalvá como concejal resulta clave para la estabilidad del tripartito, que mantiene la mayoría absoluta gracias al apoyo de UCIN.
En este contexto, Chordá ha denunciado que, mientras ella fue apartada del gobierno tras comunicar los hechos —una versión que el ejecutivo niega—, el concejal investigado ha sido reforzado políticamente al asumir la concejalía de Seguridad Ciudadana tras la remodelación del equipo de gobierno. En cualquier caso, la prórroga de la instrucción hasta julio desmiente las afirmaciones previas del ejecutivo municipal que daban el asunto por cerrado y mantiene abierta la investigación judicial para depurar posibles responsabilidades penales.
