VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Casinos ha iniciado acciones judiciales contra la construcción de la planta de biometano proyectada en el término municipal de Llíria, una instalación con capacidad prevista para gestionar más de 192.000 toneladas de residuos al año.
El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, ha anunciado que el consistorio presentó la pasada semana la primera de las dos demandas previstas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con el objetivo de impugnar las autorizaciones administrativas del proyecto y solicitar la paralización cautelar de las actuaciones.
Según ha explicado el primer edil, la instalación se ubicaría mucho más cerca del núcleo urbano de Casinos que del de Llíria, pese a encontrarse administrativamente en este último municipio. Navarré sostiene que la Generalitat Valenciana no consultó al Ayuntamiento de Casinos durante la tramitación de la declaración de interés comunitario ni en la evaluación de impacto ambiental.
"Casinos no ha tenido ni voz ni voto y eso es absolutamente inadmisible", ha manifestado el alcalde, quien considera que el municipio debería haber participado en un procedimiento que, a su juicio, puede afectar directamente a sus vecinos.
Tres informes periciales y una petición para suspender las obras
El Ayuntamiento ha encargado tres informes técnicos para fundamentar sus reclamaciones judiciales, centrados en la contaminación atmosférica, los recursos hídricos y los suelos agrícolas. Se trata de tres afecciones entre otras más que el ayuntamiento se ha reservado para su exposición y valoración en sede judicial.
El primero, elaborado por el profesor Máximo Florín, cuestiona el estudio ambiental de la planta por utilizar datos meteorológicos de Manises, a casi 30 kilómetros. Según ha trasladado Navarré, las simulaciones realizadas advierten de que determinadas emisiones podrían alcanzar Casinos en condiciones meteorológicas desfavorables.
El segundo informe, firmado por el geólogo Joan Escudet, señala posibles riesgos para el acuífero Llíria-Casinos, una masa de agua compartida entre ambos municipios. Por su parte, el profesor José Ramón Olarieta advierte de posibles afecciones a los suelos agrícolas y cuestiona la evaluación de los efectos derivados de la aplicación de los residuos resultantes del proceso de biometanización sobre los terrenos y las aguas subterráneas. Con estos argumentos, el consistorio solicita la nulidad de la declaración de interés comunitario, la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada del proyecto.
Además, ha pedido al TSJCV que adopte medidas cautelares para paralizar los movimientos de tierras, las obras y las actuaciones destinadas a poner en funcionamiento la planta mientras se resuelve el litigio. "No tendría ningún sentido que la justicia nos dé la razón cuando el mal ya está hecho", ha señalado Navarré, quien advierte de posibles daños ambientales difíciles de reparar.
El tribunal todavía debe pronunciarse sobre la solicitud de suspensión cautelar, según la información comunicada por el alcalde. El primer edil ha insistido en que el Ayuntamiento no se opone a las energías renovables, sino a la implantación de proyectos que considera insuficientemente garantizados desde el punto de vista ambiental y administrativo.
Navarré también ha agradecido el apoyo de la Asociación en Defensa del Camp de Túria y La Serranía, que, según ha indicado, ha recogido más de 14.000 firmas contra el proyecto. Finalmente, ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará una asamblea vecinal con representantes del Ayuntamiento, la asociación, los expertos y los abogados encargados del procedimiento para explicar la situación judicial y los próximos pasos. La demanda y la solicitud cautelar abren una nueva fase del conflicto, pendiente ahora de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
