VALÈNCIA. La gestión de las ayudas sociales tras la Dana del 29 de octubre ha generado un nuevo enfrentamiento político en Chiva. El Partido Popular (PP) acusa al equipo de gobierno de imponer "una carrera de obstáculos" a los vecinos damnificados, mientras el equipo de gobierno, que dirige el socialista, Ernesto Navarro, defiende que los requisitos responden a la normativa municipal y a la necesidad de garantizar que el dinero público llegue a las familias que realmente lo necesitan. 

Los 'populares' denuncian que el procedimiento para solicitar las subvenciones, financiadas por el Gobierno de España y gestionadas a través del ayuntamiento, obliga a los afectados a presentar hasta 19 documentos distintos. En sus redes sociales, la formación local critica que se exijan desde los movimientos bancarios de los últimos seis meses hasta certificados laborales, escrituras, recibos de suministros o declaraciones de la renta de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

"Mientras nuestros vecinos intentan reconstruir sus vidas, el actual equipo de gobierno les exige que dediquen tiempo, recursos y paciencia a una burocracia que desanima y retrasa la ayuda", señala la formación. Por su parte, fuentes municipales niegan a Valencia Plaza que se trate de "un procedimiento desproporcionado". Es más, recuerdan que los requisitos se ajustan a la ordenanza municipal de ayudas de emergencia social aprobada en 2023 y que se aplican en circunstancias similares en otros municipios.

El consistorio matiza que no todos los documentos son de carácter obligatorio, ya que dos de ellos solo se piden si el solicitante no autoriza al ayuntamiento a consultar los datos y otros seis únicamente "si procede", en función de la situación personal de cada caso, como contratos de arrendamiento, sentencias de divorcio o acreditaciones de discapacidad. Además, el gobierno local anuncia que suprimirá en breve el requisito relativo a los movimientos bancarios de los últimos seis meses, por considerarlo no imprescindible. 

"Es dinero público y eso nos obliga a confirmar el destino de las ayudas"

En la práctica, el Ayuntamiento de Chiva sostiene que son nueve los documentos exigidos de manera general -como el DNI, el empadronamiento, la justificación de daños, la declaración de la renta o los justificantes de ingresos-, mientras que el resto dependen de la casuística de cada familia o pueden ser recabados por los servicios sociales. 

"Hablamos de dinero público y de ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, doble condición que nos obliga a confirmar que llegan a quienes más lo necesitan", insisten. El trasfondo de la disputa refleja dos visiones contrapuestas: para el PP, la prioridad debe ser agilizar al máximo la concesión de ayudas, mientras que para el equipo de gobierno resulta esencial mantener los controles que eviten fraudes o asignaciones indebidas. 

En todo caso, los vecinos de Chiva ya pueden presentar sus solicitudes para optar a estas ayudas, que disponen de un plazo de dos meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Sin embargo, la polémica ha puesto de manifiesto un dilema recurrente en la gestión de emergencias: cómo conjugar la rapidez que reclaman los afectados con las garantías de transparencia y rigor que exige la administración.