VALÈNCIA. El dinero que muchos ayuntamientos han logrado ahorrar en los últimos años no puede utilizarse con total libertad. Aunque numerosas cuentas municipales cierran con superávit gracias a la buena gestión financiera y a la contención del gasto, la normativa estatal prioriza que esos fondos se destinen a reducir la deuda. 

En la práctica, esto ha dejado a los municipios con poco margen para invertir su propio ahorro en servicios sociales, vivienda pública o proyectos locales que consideran urgentes para su ciudadanía. Esta limitación procede de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012.

La norma se diseñó para controlar el gasto público tras la crisis económica de 2008, pero más de una década después condiciona la autonomía financiera de los municipios, incluso cuando los ayuntamientos cumplen con los criterios de estabilidad y pagan a los proveedores dentro de los plazos legales.

Para gran parte del municipalismo, el problema no es solo legal, sino también político: el Estado decide el uso de un dinero que ha sido generado por las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto-ley que amplía, de forma temporal, el margen de los ayuntamientos y comunidades autónomas para invertir su superávit.

La norma permite que el ahorro obtenido en 2024 se destine a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027, sin que compute en la regla de gasto. Además, el decreto amplía los plazos de ejecución, por lo que, si una inversión no se termina antes de finales de 2026, se podrá continuar durante el año siguiente con el uso del remanente. 

Con ello, el Gobierno central busca facilitar que los proyectos locales no se queden a medias por falta de tiempo administrativo y que se aproveche la buena situación financiera de muchas entidades locales en los últimos años.

Cambiar la normativa de forma permanente

Sin embargo, Compromís considera que esta medida no resuelve el fondo del problema y reclama que la norma cambie de forma definitiva. Así lo ha anunciado este viernes la portavoz de la coalición en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, quien ha insistido en que los ayuntamientos "necesitan más recursos y libertad para invertirlos donde haga falta", sobre todo en los municipios afectados por la Dana, que se enfrentan a obras y reparaciones urgentes.

Por ese motivo, Compromís presentará una moción en la institución que dirige Vicent Mompó, para pedir que esta reivindicación se traslade al Gobierno central. Según ha explicado Gimeno, el objetivo es que la flexibilización del uso del superávit no dependa de situaciones excepcionales, como ha ocurrido tras la riada del 29 de octubre de 2024, sino que quede incorporada a la ley de forma permanente. 

La coalición quiere que los municipios puedan decidir sobre sus remanentes sin quedar "sometidos", ha dicho Gimeno, a la normativa de 2012. Por su parte, la diputada en el Congreso, Águeda Micó, ha señalado que la reforma "permite avanzar", pero que el Gobierno mantiene una política de déficit que, en su opinión, no tiene en cuenta las necesidades de los servicios públicos que gestionan las comunidades y los ayuntamientos.

Micó ha recordado que Compromís ya rechazó los objetivos de déficit propuestos por el Ejecutivo central y ha anticipado que su grupo volverá a votar en contra en el próximo pleno. "Los ayuntamientos continúan con un 0,0% de capacidad de endeudamiento, siendo una administración fundamental, y las comunidades solo disponen de un 0,2%. Mientras, el Gobierno central concentra el 90% del margen", ha afirmado Micó.

Para Compromís, la solución pasa por un reparto distinto del margen de déficit entre administraciones. La coalición propone un sistema asimétrico que tenga en cuenta el infrafinanciamiento valenciano, es decir, que las comunidades con peor financiación puedan alcanzar un déficit del 0,9%, mientras que las mejor financiadas se sitúen en el 0,4%. 

Micó ha vinculado esta propuesta a la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica y al reconocimiento de la "deuda histórica" con la Comunitat Valenciana. Asimismo, la diputada ha reclamado que la Conselleria de Hacienda adopte "una postura activa" en defensa de los intereses municipales y autonómicos en la negociación con el Estado.