VALÈNCIA. ¿Por qué una vivienda paga 45 euros por la basura y otra, a pocos kilómetros, puede superar los 200? La respuesta está en uno de los principales problemas que ha dejado la implantación del nuevo recibo: la obligación es común, pero la fórmula para repartir el coste la decide cada ayuntamiento. El origen de la "nueva" tasa de basuras está en la normativa europea y en el principio de "quien contamina, paga". La Directiva 2018/851 establece que los costes de la gestión de los residuos deben recaer sobre quienes los generan.
El Gobierno de España trasladó este principio a la Ley 7/2022, que obliga a las entidades locales a establecer una tasa -o una prestación patrimonial equivalente- específica, diferenciada y no deficitaria para cubrir el coste de la gestión de los residuos. Hasta ahí, las reglas son las mismas para todos. Lo que cambia es cómo cada municipio convierte ese coste global en un recibo individual. La ley aspira a que se avance hacia el pago por generación, es decir, que quien más residuos produzca pague más.
Aunque la ley obliga a pagar la tasa, no establece cuánto tiene que pagar cada hogar ni impone una fórmula única para calcular el recibo. Esa decisión recae en los ayuntamientos, que deben aprobar sus correspondientes ordenanzas fiscales.
Es precisamente ese margen municipal el que explica que el impacto sobre el bolsillo cambie considerablemente de una localidad a otra, incluso entre municipios vecinos. Mientras unos consistorios han vinculado la cuota al consumo de agua, otros han recurrido al valor catastral, la superficie de la parcela o cantidades prácticamente iguales para todas las viviendas.
- Imagen de archivo. -
- Foto: AYTO PAIPORTA
Del "tasazo de Sánchez" al "tasazo del alcalde"
Esa doble realidad —una obligación establecida por el Estado y una aplicación diseñada por el ayuntamiento— también ha alimentado un cruce político entre PP y PSOE en numerosos consistorios. Los gobiernos locales del PP han puesto el foco principalmente en el origen estatal de la obligación y han utilizado en diferentes ocasiones expresiones como el "tasazo de Sánchez" para responsabilizar al Ejecutivo central de la aparición del nuevo recibo. La tesis de los populares pasa por remarcar que los ayuntamientos no pueden decidir si implantan o no la tasa.
Los socialistas, por su parte, han respondido poniendo el foco en la segunda parte de la ecuación: aunque la legislación estatal obliga a disponer de la tasa, son los ayuntamientos los que aprueban las ordenanzas que determinan cómo se reparte el coste entre los contribuyentes. De ahí que, en municipios gobernados por el PP, el PSOE haya responsabilizado a los respectivos ejecutivos locales de las cantidades que finalmente aparecen en los recibos. El resultado ha sido un intercambio de reproches en entre partidos y administraciones.
- Basuras en Alfafar. -
- Foto: AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
Y para entenderlo mejor, basta con acudir a algunos de los municipios donde la tasa ha generado mayor controversia. Torrent, por ejemplo, ha vinculado el recibo al consumo de agua, con diferentes tramos que sitúan la cuota de una vivienda entre 47,19 y 328,90 euros anuales. El mismo criterio utiliza Catarroja.
Otros consistorios calculan la tasa según la superficie exterior o ajardinada de la vivienda, como Godella, que oscila desde 66,73 euros para los inmuebles sin parcela hasta 430,97 euros en las de mayor tamaño. Alfafar, en cambio, parte de una cuota común de 92,76 euros por vivienda. Muchos otros también han optado por esta última opción. Algunos como Picanya utilizan el valor catastral y Aldaia combina una parte fija y otra variable vinculada al agua.
Precisamente Torrent ha sido uno de los municipios donde la tasa ha provocado un mayor enfrentamiento político. El PP, al frente del Ayuntamiento, ha insistido en presentarla como una obligación derivada de la legislación estatal, mientras el PSPV ha cuestionado el modelo aprobado por el consistorio y ha comparado sus cantidades con las de municipios como Mislata o Xirivella.
El enfrentamiento ha incluido campañas informativas, vídeos y acusaciones cruzadas durante los últimos meses. El candidato socialista a la Alcaldía, Andrés Campos, ha prometido además derogar la actual ordenanza si gobierna en 2027 para sustituirla por otro modelo, mientras el PP ha cuestionado que pueda eliminarse la tasa mientras continúe vigente la obligación legal. Fuera del consistorio, Sumant per Torrent-Decidix también ha impulsado una recogida de firmas para reclamar su revisión o compensación mediante otros impuestos municipales.
Alfafar ha vivido otro de los principales choques. El PSPV ha criticado que todas las viviendas partan inicialmente de los mismos 92,76 euros y reclama un sistema más proporcional a la generación de residuos. El gobierno municipal del PP ha defendido las reducciones previstas y recuerda, además, que la ordenanza fue aprobada por unanimidad, también con el voto socialista.
La controversia ha llegado igualmente a otros municipios, aunque con menor intensidad. En Catarroja se han producido concentraciones vecinales contra el modelo y el Ayuntamiento ha estudiado ajustes en el recibo, mientras que Godella también ha registrado críticas por utilizar los metros de parcela como uno de los criterios para determinar cuánto paga cada vivienda.
Alternativas para aliviar el impacto del "tasazo"
Ante el nuevo recibo han aparecido soluciones como rebajas fiscales, bonificaciones y descuentos vinculados al reciclaje. La fórmula que más fácilmente se entiende es actuar sobre otro impuesto municipal. Es lo que ha planteado Torrent con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Ayuntamiento propone reducir el tipo general del 0,49% al 0,40%, el mínimo legal, de manera que la rebaja de este impuesto compense, al menos en parte, la nueva carga que supone la tasa de residuos. La medida, todavía pendiente de aprobación, supondría reducir un 18,37% el tipo actual.
La segunda alternativa pasa por intervenir directamente sobre la tasa mediante bonificaciones para determinados hogares. La normativa permite tener en cuenta, entre otros factores, la situación económica o familiar. En los municipios aparecen así descuentos para pensionistas, familias numerosas, hogares con bajos ingresos o personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, Benetússer y Sedaví contemplan reducciones para determinados pensionistas y hogares con rentas bajas.
Hay una tercera vía que conecta el recibo con el objetivo ambiental de la nueva tasa: premiar a quienes colaboran en una mejor gestión de los residuos. La normativa contempla bonificaciones por prácticas como el compostaje doméstico o comunitario y la separación y recogida selectiva. Algunos ayuntamientos han añadido también descuentos por utilizar los ecoparques. Es el caso de Alfafar, que permite reducir la cuota mediante el compostaje y la acreditación del uso de los ecoparques.
Esta última fórmula apunta hacia el modelo que persigue la legislación: que la tasa no sea un recibo más, sino que sirva para acercarse al pago por generación, de manera que el comportamiento de cada hogar tenga alguna incidencia sobre lo que paga. Para conseguirlo hacen falta sistemas capaces de identificar al usuario, como contenedores con tarjeta, recogida puerta a puerta, bolsas identificadas o mecanismos de pesaje.
Así, el nuevo mapa fiscal de los ayuntamientos se construye sobre dos decisiones diferentes. La tasa determina cómo se paga la gestión de los residuos; las medidas compensatorias, cómo se intenta aliviar ese coste. Y ahí vuelve a aparecer otro rompecabezas: mientras unos consistorios optan por rebajar impuestos, otros concentran las ayudas en determinados colectivos y otros utilizan el propio recibo para incentivar el reciclaje.
