VALÈNCIA. En las calles Albacete y Murcia de Torrent, las zonas más próximas a los barrancos del Poyo y l'Horteta, los vecinos observan cómo avanzan los derribos de sus casas dañadas por la Dana del 29 de octubre. Las actuaciones, que el ayuntamiento ha retomado este lunes, forman parte de las 45 demoliciones previstas en el municipio, pero denuncian que afrontan el proceso "sin información precisa, sin indemnizaciones y con propuestas de realojo que no han sido formalizadas por escrito".

Desde el Ayuntamiento de Torrent, informan a Valencia Plaza que las indemnizaciones por los terrenos donde se encuentran las viviendas sí se pagarán a sus propietarios. Sin embargo, el pago se ha visto ralentizado, ya que la intención inicial del consistorio era "coger el dinero de los 114 millones de euros que el Gobierno de España facilitó al Ayuntamiento de Torrent". No obstante, el Comisionado para la Reconstrucción del Gobierno central no ha aceptado que parte de esos fondos se destinen a indemnizar a los afectados. Fuentes municipales explican que la razón por la que no se les permite es que ese dinero debe utilizarse para reconstruir espacios públicos en los municipios afectados por la Dana, mientras que las viviendas en cuestión son privadas.

Ante la negativa del Comisionado, el Ayuntamiento asegura que está estudiando otras vías para obtener los fondos necesarios y poder indemnizar a los propietarios de las 45 viviendas que serán derribadas en la ciudad. De hecho, explican que la demolición, que asume el consistorio, "la debería pagar el propietario porque son viviendas declaradas en ruina legal", no solo por el estado en que quedaron, sino también por el alto nivel de peligrosidad del lugar donde se encuentran. Por ello, consideran que "indirectamente ya se les ha ayudado pagando el derribo".

Sin embargo, la portavoz del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Aldaia, Alaquàs y Torrent, María Jiménez, recuerda que "son familias que ya de por sí eran vulnerables y, desde la Dana, han quedado prácticamente olvidadas". Según cuenta a este diario, la mayoría de las viviendas de estas calles presentan graves daños estructurales y muchas de ellas han sido apuntaladas por los propios residentes. Aún así, los inmuebles deben demolerse porque la zona donde se ubican tiene un alto nivel de peligrosidad ante posibles crecidas de los barrancos, por lo que, a pesar de que se reformen, las propiedades tienen una orden legal de derribo y no se volverá a construir.

Problemas de salubridad

Por otra parte, Jiménez señala que "la situación se agrava por la falta de intervenciones en la red de saneamiento". Cada vez que se registran lluvias, por leves que sean, las viviendas sufren filtraciones de aguas residuales procedentes de los colectores y de los baños. Esa exposición prolongada a la humedad y a la suciedad, asegura Jiménez, ha derivado en problemas de salud, sobre todo entre los niños, como irritaciones en la piel, infecciones y casos de sarna.

El Ayuntamiento de Torrent, a través de Aigües de l’Horta, ha intensificado la campaña de limpieza de imbornales iniciada a principios de agosto en el municipio. Esta actuación se realiza como medida preventiva ante las posibles fuertes tormentas de septiembre, con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones, reducir la escorrentía y facilitar la entrada del agua de lluvia en la red de colectores.

Sin embargo, el problema del alcantarillado no se limita a la limpieza de imbornales. Gran parte de los municipios afectados por la Dana todavía enfrenta dificultades, ya que son necesarias obras muy costosas que en algunos casos implican levantar calles para retirar el fango que obstruyó el sistema tras la limpieza de las zonas afectadas.

Los vecinos denuncian falta de información

La queja más repetida entre los propietarios es la ausencia de información sobre los derribos de sus inmuebles. Jiménez detalla que algunos vecinos sí han recibido cartas que notifican dichas actuaciones, mientras que otros no han tenido ningún aviso. Y, quienes han recibido la documentación, denuncian que en ella no aparecen fechas ni procedimientos definidos. "Lo mismo ocurre con las alternativas habitacionales: se han comunicado de palabra, pero no por escrito", insiste la portavoz.

Es el caso de Pepa, vecina de la calle Murcia. Su vivienda está incluida en la lista de demoliciones, pero las fechas del derribo le han llegado de forma contradictoria. "En principio, desde el Ayuntamiento le dijeron que derribarían su casa este martes, pero un operario le comunicó que sería este lunes. Hemos estado aquí y no lo han hecho", explica Jiménez. Por el momento, Pepa vive en un piso cedido por una parroquia, donde debe renovar su autorización cada tres meses. 

Una situación similar atraviesa Amparo, en la calle Albacete, cuya casa continúa apuntalada. "Primero le dijeron que la iban a derribar, luego que no, después que bastaba con reforzarla… Incluso, plantearon tirar solo media casa, lo que en un inmueble tan pequeño lo hace inutilizable", apunta Jiménez. El destino de los realojos también genera preocupación. En algunos casos, se ha planteado la posibilidad de trasladar a las familias afectadas al barrio del Xenillet, también situado en Torrent, una opción que los vecinos han rechazado de forma unánime.

Según la portavoz del CLER, temen que concentrar allí a los afectados reproduzca dinámicas de exclusión y genere problemas de convivencia. "Lo que no quieren es que se formen guetos. En sus calles, había vínculos familiares y buena situación entre vecinos, por lo que trasladarlos a un entorno con problemáticas sociales como el Xenillet supondría romper esa red de apoyo", explica Jiménez. Asimismo, la situación económica de las familias añade más incertidumbre. 

La mayoría de las casas no contaban con seguro de hogar y, por tanto, sus propietarios no han recibido compensaciones del Consorcio de Seguros. Según Jiménez, lo único que han ingresado hasta el momento han sido las ayudas de 6.000 euros de la Generalitat Valenciana y donaciones privadas, como la de la Fundación Amancio Ortega.