VALÈNCIA. A punto de cumplirse un año del temporal que devastó decenas de municipios valencianos, la reconstrucción sigue atrapada entre expedientes y trámites que parecen no tener fin. A los daños materiales que dejó la Dana del 29 de octubre, se suma también el desgaste burocrático. Los ayuntamientos de la 'zona cero' denuncian que el principal obstáculo es la falta de respuesta del Gobierno de España a sus reclamaciones para poder utilizar los recursos económicos que ya tienen.

"Ni se puede ni se debe demorar más", advierte la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, en declaraciones a Valencia Plaza. Desde hace meses, la federación reclama al Ministerio de Hacienda que suspenda la regla de gasto y la tasa de reposición de personal en los municipios afectados por las inundaciones. La petición, sin embargo, todavía no ha recibido respuesta.

Si bien los ayuntamientos disponen de dinero suficiente en las arcas municipales, no pueden utilizarlo. La normativa estatal impide que los consistorios destinen sus remanentes de tesorería y superávit a la reconstrucción, salvo para inversiones financieramente sostenibles, una figura demasiado rígida para las urgencias derivadas de la catástrofe natural. 

"La burocracia no puede ser un muro cuando se trata de reconstruir", subraya Bartual. La presidenta de la FVMP considera imprescindible la suspensión inmediata de las reglas fiscales para que los municipios puedan afrontar con eficacia los gastos derivados de la recuperación. "Las reglas fiscales no pueden ser una losa que impida reparar puentes, caminos, viviendas y servicios básicos", defiende.

Bartual recuerda que la situación se complica por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, cuya aprobación se prorroga desde el año 2023. "La incertidumbre financiera limita nuestra capacidad para planificar proyectos y asignar recursos esenciales", lamenta la presidenta de la FVMP. La consecuencia, dice, es la parálisis de obras y ayudas que podrían haberse ejecutado meses atrás si el Gobierno hubiera habilitado un marco excepcional para los municipios de la Dana.

Cabe recordar que la presidenta de la FVMP reiteró este mensaje durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, celebrado el pasado 14 de octubre, en el que también participó la alcaldesa de València, María José Catalá. Allí, Bartual insistió en la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales que restringen el uso del superávit y los remanentes de tesorería. 

A su juicio, la ausencia de respuesta del Ejecutivo central frena la capacidad de reacción de los municipios y genera un efecto perverso: "Si no reclamamos la simplificación, el efecto será el contrario. No solo nos veremos obligados a devolver el dinero, sino también los intereses".

Desde la federación, se han gestionado más de 1,5 millones de euros en ayudas para más de un centenar de municipios, pero aún 28 localidades siguen sin ser incluidas en el listado oficial de zonas afectadas. "Detrás de esos nombres hay personas, hay historias que no pueden quedar fuera por una cuestión administrativa", señaló Bartual.

Falta de personal y medios técnicos

A las restricciones financieras, se suma la escasez de personal técnico y administrativo. Según explica la presidenta de la FVMP, la tasa de reposición impide contratar nuevos empleados y los equipos municipales trabajan al límite. "La Dana ha evidenciado la carencia de personal con la que trabajamos muchos ayuntamientos. No podemos seguir pidiendo milagros a los equipos municipales. Hace falta gente, medios y un apoyo real", denuncia Bartual.

De hecho, el secretario del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital Valencia), Vicente Miravet, confirmó, en una entrevista con este diario, que la carga de trabajo se ha multiplicado sin refuerzos suficientes. "El ayuntamiento no solo afronta los gastos de reconstrucción, también debe seguir prestando servicios. Y con el mismo personal que antes de la Dana debemos gestionar mucho más. Eso genera paralización", explicó.

Miravet destacó que algunos municipios han visto su presupuesto multiplicarse por diez, lo que complica la gestión de los fondos sin personal técnico especializado. "Aunque se puede acudir a empresas públicas, la ejecución y la justificación siempre corresponden al ayuntamiento, y eso requiere tanto tiempo como dedicación", apuntó. 

Incluso, el secretario de los habilitados locales propuso que el Gobierno de España estudie un régimen especial de contratación inmediata, con menos carga burocrática que una licitación ordinaria pero con los controles necesarios para garantizar la legalidad. "La ley prevé la emergencia para un caso concreto, no para situaciones generales como esta. Sería útil que contemplara un modelo ágil que permitera adjudicar más rápido sin renunciar a la fiscalización mínima", señaló Miravet.

Un clamor compartido por todo el municipalismo

Las reivindicaciones de la FVMP no son aisladas. En febrero, varios alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la Dana comparecieron en el Congreso de los Diputados por el mismo motivo, en una jornada organizada por la Associació de Juristes Valencians (AJV). Los ediles reclamaron modificar las leyes presupuestarias para que los ayuntamientos más dañados quedaran exentos de cumplir la regla de gasto. "Tenemos millones en el banco que no podemos usar para ayudar a nuestros vecinos porque la ley no nos lo permite", advirtió entonces la vicealcaldesa de Albal, María José Hernández.

En la misma línea, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, reclamó la suspensión "urgentísima" de la regla de gasto: "Nos pone la soga al cuello a los ayuntamientos". De hecho, la Junta de Portavoces de la FVMP, donde están representados todos los partidos políticos, ha aprobado por unanimidad estas peticiones. "Anteponemos los intereses de las personas por encima del color político", subraya la presidenta, quien recuerda que los consistorios y la Generalitat Valenciana "ya han actuado con responsabilidad" al sacar adelante sus propias cuentas.

Bartual insiste en que la estabilidad presupuestaria no debe convertirse en un obstáculo para atender con urgencia las necesidades de la ciudadanía tras una catástrofe. "Los ciudadanos no entienden de reglas fiscales, entienden de que se les ayude en momentos de dificultad", resume. Mientras tanto, un año después de la Dana, los municipios más afectados continúan con expedientes atascados, obras pendientes y licitaciones sin resolver.

El tiempo avanza, pero las soluciones permanecen, por el momento, bloqueadas. "Actuar con prontitud y responsabilidad es una cuestión de justicia con los municipios que más han sufrido", concluye Bartual. Los alcaldes miran al cielo con inquietud ante una nueva temporada de lluvias, conscientes de que, si no se liberan los fondos y se refuerzan los equipos locales, la próxima emergencia podría encontrarles tan desprotegidos como la anterior.