VALÈNCIA. Vicente Miravet (València, 1988) es secretario del Ayuntamiento de Carlet, uno de los municipios afectados por la Dana del 29 de octubre y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital Valencia). Con motivo del primer congreso autonómico que reunirá los próximos 26 y 27 de septiembre a los habilitados de la Comunitat Valenciana, Miravet analiza los problemas que afrontan los ayuntamientos tras la riada: desde los retrasos en adjudicación y licitación de obras hasta el abuso de la contratación de emergencia, la falta de personal técnico y la burocracia excesiva. Al mismo tiempo, plantea posibles soluciones, como reforzar plantillas y articular fórmulas de cooperación entre municipios para responder con rapidez y sin poner en riesgo la legalidad.

- El 26 y 27 de septiembre se celebra el primer congreso autonómico que reúne a todos los secretarios, interventores y tesoreros de la Comunitat Valenciana. ¿Qué supone dar este paso y qué fortalezas aporta en un contexto como el actual?

- El congreso nace de la necesidad de crear un consejo autonómico en el que estén representadas las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Aunque la obligación legal ya existía, hasta ahora no se había conseguido. Tras varios intentos, hemos logrado reunir a los tres colegios y hoy es una realidad. Estamos en el último trámite de la Generalitat Valenciana. Creemos que el congreso es una forma de celebrar ese acontecimiento: tener por primera vez un consejo autonómico que represente a todos los habilitados y habilitadas de nuestra comunidad y sirva como interlocutor con la Generalitat, las diputaciones y las entidades locales. 

- Uno de los temas del congreso es la gestión de crisis como la Dana. ¿Qué aprendizajes cree que podemos sacar para el futuro?

- Es importante estar preparados. Muchas veces las administraciones pecamos de no estarlo. Teníamos un plan contra inundaciones que preveía medidas concretas, pero no se llevaron a cabo. Tenemos infinitos planes, pero luego no los ejecutamos. La primera enseñanza es que, cuando aprobamos unos planes y los técnicos nos dicen que debemos aplicarlos, hay que hacerlo. No podemos postergarlo, porque cuando llega la catástrofe ya es tarde y las secuelas son irreparables.

- Han pasado casi once meses desde la Dana y muchos ayuntamientos siguen atascados en la reconstrucción. Desde un punto de vista legal, ¿cuáles han sido las principales dificultades normativas que han ralentizado la ejecución de las obras?

- El principal problema han sido los fondos económicos. El ayuntamiento no solo afronta los gastos de reconstrucción de la Dana, también debe seguir prestando servicios. A eso, se suman las obras de reconstrucción, y con el mismo personal que antes de la Dana debemos gestionar mucho más. Eso genera paralización, además de ciertos servicios en pro de la reconstrucción. Echo en falta que, además del dinero, se hubiera reforzado con personal técnico y cualificado. Hemos remado todos, desde habilitados hasta auxiliares administrativos e, incluso, brigadas municipales, pero el déficit de personal se ha agravado. En ayuntamientos pequeños, donde todas las funciones recaen en una sola persona, la situación ha sido aún más complicada. Hay consistorios cuyo presupuesto se ha multiplicado por diez y, sin personal suficiente, es muy difícil de gestionar. Aunque existen posibilidades de acudir a empresas públicas, la ejecución y justificación siempre corresponden al ayuntamiento y eso requiere tanto tiempo como dedicación. 

- Los contratos de emergencia se han convertido en la vía más utilizada por los ayuntamientos. ¿Cuáles son exactamente los riesgos legales de prolongar esta figura durante casi un año?

- Los contratos de emergencia están previstos en la ley, pero como su nombre indica, son para una situación puntual y justificada. La emergencia permite saltarse todos los trámites de control de legalidad y de existencia de crédito. Eso agiliza, pero también puede derivar en problemas: incrementos de contrato, dificultades en la ejecución o adjudicaciones sin proyecto de obra. Si surgen problemas y aumentan los costes, habrá que asumirlos. Por eso, insisto: la contratación de emergencia debe existir, pero no hay que abusar de ella.

- ¿Cree que se ha abusado de esa vía?

- En cierto modo, sí. La presión social exige resultados inmediatos y los ayuntamientos se ven empujados a actuar rápido. Una licitación administrativa, por muy ágil que sea, dura dos o tres meses. En algunos casos, se podría haber valorado si realmente era una emergencia, porque si el servicio podía prestarse de otra forma, aunque no fuera la más adecuada, quizá no estaba justificado declarar la emergencia.

- ¿Ha habido ya advertencias o reparos formales sobre si se ha abusado de esta figura en algún ayuntamiento?

- El análisis de la emergencia siempre se hace con efectos posteriores, nunca a priori. Por eso, hoy no podemos saber con certeza si se ha abusado. La Sindicatura de Comptes o, en su caso, los interventores serán quienes lo determinen después. Hasta ahora, no hay informes que lo acrediten. Recordemos la pandemia: se recurrió masivamente a contratos de emergencia y, ahora, años después, aún se están resolviendo en los tribunales. Con la Dana ocurrirá algo parecido.

- ¿Considera que la Ley de Contratos del Sector Público está preparada para dar respuesta a crisis de esta magnitud?

- La ley prevé la emergencia para un caso concreto, no para situaciones generales como esta. Sería útil que estableciera un régimen especial inmediato, es decir, con menos burocracia que una licitación normal, pero con controles a priori que garanticen legalidad. Eso permitiría adjudicar más rápido sin renunciar a la fiscalización mínima.

- En los casos en que los ayuntamientos han optado por delegar en empresas públicas, como Tragsa, ¿qué problemas administrativos han surgido?

- Para contratar con empresas públicas primero hay que declarar la emergencia. Esa ausencia de controles hace que la valoración llegue después. Hay distintas corrientes: algunos consideran viable la contratación, pero otros no. En mi caso, no he gestionado trámites con Tragsa, así que no puedo valorarlo de primera mano. A priori, puede ser interesante porque agiliza la contratación, pero habrá que ver si se cumplen los plazos de ejecución. Creo que con buena organización en el ayuntamiento no es necesario acudir a empresas externas. Eso no significa que no sea una opción válida, ya que depende de la magnitud de la catástrofe y de la situación de cada municipio. A mí me parece más eficaz que la Generalitat o el Ministerio asumieran la ejecución directamente mediante la delegación puntual de competencias, porque lo que genera carga burocrática es que los ayuntamientos tengan que gestionar y justificar todos esos contratos.

- ¿Qué papel están jugando los secretarios, interventores y tesoreros municipales para garantizar que, pese a la urgencia, no se incurra en malas prácticas o incluso en responsabilidades legales?

- Nuestra función principal es el asesoramiento legal preceptivo. Velamos por que se cumpla la legalidad y buscamos alternativas jurídicas para poder llevar a cabo los expedientes. Los interventores comprueban requisitos económicos antes de las adjudicaciones o aprobaciones. Pero, en los contratos de emergencia, esos controles no existen. Asesoramos, sí, pero es imposible garantizar plenamente la legalidad en esas circunstancias.

- Muchos de los municipios afectados son muy pequeños y no tienen apenas personal ni medios. ¿Cómo han podido afrontar una crisis de esta magnitud desde el punto de vista administrativo?

- Redoblando esfuerzos. En mi caso, tuve la suerte de contar con una vicesecretaria que me cubrió durante la Dana y el trabajo fue enorme por parte de todo el personal. También se han externalizado ciertas tareas, lo cual no me parece descabellado si se hace con garantías. Creo en la colaboración público-privada: puede ser útil en momentos de crisis.

- ¿Qué diferencias ha visto entre cómo gestionan la post-emergencia los grandes ayuntamientos, con más recursos, y los pueblos pequeños?

- Los grandes ayuntamientos tienen plantillas más amplias y pueden contar con varios técnicos a tiempo completo. En los pueblos pequeños, a veces solo hay un técnico eventual. Eso dificulta enormemente la valoración y la tramitación de las obras.

- En situaciones como la Dana, da la sensación de que, aunque tengas estructura, siempre falta capacidad. ¿Qué apoyos externos deberían tener los consistorios para no quedarse desbordados?

- Sería interesante establecer fórmulas de cooperación entre ayuntamientos. Por ejemplo, que un consistorio con varios arquitectos pueda ceder uno temporalmente a otro municipio. La previsión legal existe y en otras comunidades autónomas está regulada. En la Comunitat Valenciana no se ha articulado, pero podría hacerse a través de mancomunidades o convenios. Incluso ahora los secretarios e interventores podemos trabajar en dos ayuntamientos mediante acumulación de funciones. En crisis como la Dana canalizar esos esfuerzos sería muy útil. Lo importante es que la excepcionalidad no se convierta en habitualidad.

- Desde Cosital Valencia, ¿qué cambios proponen para que en la próxima crisis los ayuntamientos puedan actuar con rapidez sin poner en riesgo la legalidad?

- Lo debatiremos en el congreso, donde participarán habilitadas que vivieron la Dana en primera persona. Mi opinión es que debemos reducir la burocracia. Hemos pasado a la administración electrónica, pero seguimos con los mismos procedimientos que en papel. Eso ralentiza. Incluso, hay gente que ha desistido de pedir ayudas por la documentación que se le ha exigido. Menos burocracia no significa menos legalidad. Si diseñamos procedimientos más ágiles, podemos garantizar la misma legalidad y reducir tiempos.