ALFAFAR. El Ayuntamiento de Alfafar ha ordenado el desalojo del supermercado solidario impulsado por la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa en la primera planta del edificio Meral, un espacio municipal utilizado desde hace más de un año y medio para el reparto de alimentos y productos básicos tras la Dana del 29 de octubre.

El colectivo vecinal asegura haber recibido el pasado viernes la notificación oficial que advierte de que, a partir del próximo 29 de mayo, el consistorio podrá ejecutar el desalojo. Desde la Koordinadora sostienen que el proyecto nació durante los primeros días posteriores a las inundaciones como un dispositivo vecinal de emergencia para distribuir alimentos, productos de higiene, muebles y electrodomésticos entre las familias afectadas.

Con el paso de los meses, aquel operativo derivó en un supermercado solidario que actualmente reparte alimentos y productos básicos una vez por semana. Actualmente, desde la Koordinadora explican a Valencia Plaza que no tienen una alternativa clara al desalojo, y que en las próximas asambleas y reuniones con los vecinos tratarán de buscar un espacio donde recuperar el supermercado solidario. Insisten, además, que pese al desalojo el ayuntamiento no les ha dado ninguna alternativa en el barrio o en otro local del municipio.

El Ayuntamiento habla de actividad "ilegal"

Por su parte, el Ayuntamiento de Alfafar sostiene que la actuación responde a distintos informes técnicos y expedientes abiertos tras las quejas vecinales y de comercios del entorno del edificio Meral. Según trasladan fuentes municipales, algunos negocios denunciaron que durante determinados repartos no podían desarrollar su actividad "con normalidad".

A raíz de estas quejas, el consistorio asegura haber actuado de oficio mediante inspecciones municipales y expedientes de distintas áreas. Según explican, técnicos municipales, junto a informes de Sanidad y de la Policía Local, han constatado que en el espacio "se está desarrollando una actividad no regularizada", que no estaría supervisada por Servicios Sociales ni controlada por ningún órgano competente.

Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que la actividad incumple la normativa sanitaria, medioambiental y urbanística vigente, por lo que los informes técnicos concluyen que se trata de una actividad "ilegal".

El consistorio apunta a la existencia de varios expedientes abiertos: uno de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, otro del área municipal de Sanidad, un expediente de Servicios Sociales para identificar a las familias atendidas, otro de Urbanismo sobre la capacidad estructural del edificio y un procedimiento por ocupación de instalaciones públicas.

En concreto, desde Urbanismo advierten de que la estructura del inmueble "no puede soportar el almacenamiento y paletización" que se estaría realizando actualmente en la primera planta del edificio Meral.

Sin embargo, según el Kolectivo dichas inspecciones no serían verídicas, y exigen el informe de la inspectora que visitó el edificio Meral. Por otra parte, aseguran que las instalaciones están en buenas condiciones.

El choque por los Servicios Sociales

Uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes gira en torno al control y seguimiento de las familias atendidas. El Ayuntamiento asegura que durante los últimos meses ha intentado reunirse con el colectivo y solicitar documentación sobre las personas beneficiarias, su procedencia y sus necesidades sociales.

Sin embargo, según la versión municipal, esa información no habría sido facilitada a los Servicios Sociales, lo que —afirman— impide determinar "si existe una necesidad real" y mantiene la actividad "en situación de irregularidad".

Desde el gobierno local defienden que están dispuestos a dialogar con la Koordinadora, pero siempre "desde el cumplimiento previo de la ley". En este sentido, aseguran que cuando la actividad quede regularizada y se entregue la documentación requerida, el consistorio estará dispuesto a negociar. Aún así, la organización explica que el Ayuntamiento no les recibe y que no son tratados como el resto de asociaciones del municipio.

La Koordinadora denuncia “represión” contra el movimiento vecinal

La Koordinadora, en este sentido, considera que el Ayuntamiento está tratando el supermercado solidario "como si fuera un problema" y acusa al alcalde de escudarse en cuestiones técnicas y administrativas para justificar el cierre.

Según relatan desde el colectivo, el consistorio les convocó a una reunión a finales de enero después de que más de 200 personas ocuparan un pleno municipal en diciembre para protestar por la situación del supermercado solidario. La entidad asegura que en aquel encuentro se les trasladó que "no existía margen de negociación" y que la decisión ya estaba tomada.

Posteriormente, el Ayuntamiento abrió el expediente de desalojo alegando que el espacio municipal será destinado a un refugio climático. La Koordinadora asegura haber presentado alegaciones y haber trasladado el caso al Síndic de Greuges y a la Clínica Jurídica de la Universitat de València, que está elaborando un informe jurídico sobre la situación.

Asimismo, denuncian una supuesta estrategia de "represión" contra distintos proyectos comunitarios vinculados al movimiento vecinal del Parque Alcosa y aseguran que el Ayuntamiento también pretende cerrar otros espacios sociales, como la cooperativa social o el ropero solidario.