VALÈNCIA. La Koordinadora de Kolectivos Parke Alcosa ha planteado a la Generalitat una fórmula de pago por resarcimiento para desbloquear los 310.000 euros que reclama a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia por los servicios prestados durante 2025 en sus centros de atención diurna para menores y jóvenes de Alfafar y Massanassa tras la Dana.
Así lo explican miembros de la entidad en declaraciones a Valencia Plaza, después de que este miércoles hayan acudido a Les Corts Valencianes invitados por Compromís con motivo de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) sobre los impagos a centros de día afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.
Cabe recordar que este martes representantes del Kolectivo se reunieron con la directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such y con el director general de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, Nacho Grande, para trasladarles un informe elaborado por la Clínica Jurídica de la Universitat de València (UV) y exigir el pago de la deuda pendiente.
El documento, redactado por estudiantes y tutores de la Facultad de Derecho de la UV, concluye que la negativa de la Generalitat a abonar las cantidades reclamadas carecería de base jurídica suficiente y sostiene que la administración autonómica debería asumir el pago de los servicios prestados por la entidad tras la Dana. En ese contexto, el Kolectivo plantea el pago por resarcimiento como una posible vía para que la Conselleria de Servicios Sociales pueda abonar las cantidades pendientes.
Según explican sus miembros, esta fórmula permitiría compensar económicamente a la entidad por unos servicios que, sostienen, continuaron prestándose a menores y familias en situación de vulnerabilidad aunque se desarrollaran temporalmente fuera de los locales concertados debido a las consecuencias de las inundaciones. "Estamos explorando una fórmula de pago por resarcimiento frente a esta situación", avanzan desde el Kolectivo, que insisten en que la vía judicial continúa siendo "el último recurso" en caso de que no se alcance un acuerdo con la administración autonómica.
El informe de la UV avala la reclamación de la deuda
La entidad recuerda que el conflicto se remonta a los meses posteriores a la Dana, cuando los locales concertados donde se desarrollaba la actividad de sus centros de día quedaron afectados por la riada. Pese a ello, aseguran que continuaron prestando atención social y educativa a menores, adolescentes y familias en otros espacios del barrio de Parque Alcosa, en Alfafar, mientras se rehabilitaban las instalaciones.
En concreto, reclaman cantidades correspondientes a servicios prestados entre abril y septiembre de 2025 en uno de los centros y entre abril y diciembre de 2025 en el otro. El Kolectivo sostiene que durante todo ese periodo mantuvo contactos y reuniones con responsables autonómicos, remitió documentación y memorias de actividad y siguió recibiendo peticiones vinculadas a la justificación económica del servicio. De hecho, uno de los principales argumentos del informe jurídico de la UV es que "no hay resolución formal que suspendiera o resolviera el concierto", por lo que considera que este seguía vigente pese a las circunstancias excepcionales surgidas tras la Dana.
Además, el documento sostiene que el inmueble no constituía el elemento esencial del concierto, ya que el el objeto principal era la atención a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, considera que la pérdida temporal de los locales por causa de fuerza mayor no justificaría la negativa al pago. El informe también invoca el principio de "confianza legítima", al entender que la propia administración avaló de facto la continuidad de la actividad mediante reuniones, inspecciones y solicitudes de documentación vinculadas al pago de los servicios.
Asimismo, apunta a un posible "enriquecimiento injusto" de la Generalitat por haberse beneficiado de un servicio prestado por una entidad sin ánimo de lucro sin asumir posteriormente el coste económico. Desde el Kolectivo insisten en que nunca recibieron una orden formal para cesar la actividad y sostienen que continuaron desarrollando el servicio adaptándolo a las consecuencias materiales de la Dana mientras se recuperaban los centros afectados.
La Conselleria señala que el servicio se prestó en locales no autorizados
Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales defiende que los importes pendientes no responden a un recorte económico ni a una decisión arbitraria, sino al "incumplimiento" de las condiciones exigidas por la normativa de acción concertada. Según trasladan fuentes del departamento autonómico, tras las inundaciones la Generalitat activó una exención temporal hasta el 31 de marzo de 2025 que permitía que los centros siguieran funcionando fuera de los locales autorizados.
Finalizado ese plazo, explican, la entidad debía solicitar formalmente una prórroga o garantizar que la actividad se desarrollaba en espacios que cumplieran los requisitos técnicos establecidos en la normativa. Sin embargo, la Conselleria sostiene que el Kolectivo "no solicitó dicha prórroga y continuó prestando servicios en ubicaciones que no contaban con autorización técnica", algo que —afirman— consta en informes técnicos, inspecciones y documentación administrativa incorporada al expediente.
Por ello, la administración autonómica asegura que únicamente ha abonado los periodos y plazas “correctamente justificados”. Según detallan fuentes autonómicas, a enero de 2026 la Generalitat había pagado alrededor de 225.000 euros correspondientes a los periodos en los que sí se acreditó la prestación del servicio conforme a las condiciones exigidas por la acción concertada.
- Imagen de archivo de una protesta del Kolectivo Jóvenes Parke frente al Palau de la Generalitat. - Foto: EP
"La financiación está condicionada a la prestación real del servicio debidamente justificado y en espacios autorizados", señalan desde la Conselleria, que insiste en que "no existe ningún ánimo de perjuicio hacia la entidad", sino la obligación legal de garantizar que los servicios financiados con fondos públicos se desarrollen conforme a la normativa. Al mismo tiempo, el departamento autonómico subraya que no ha iniciado el procedimiento para extinguir el acuerdo de acción concertada "en interés superior de las personas atendidas y de la continuidad de la entidad".
Asimismo, la Generalitat asegura haber puesto a disposición del Kolectivo distintas líneas de ayudas vinculadas a la Dana y a la rehabilitación de infraestructuras, aunque sostiene que estas no fueron solicitadas por la entidad pese a haber sido informada expresamente de su existencia. Mientras continúan las conversaciones entre ambas partes, el Kolectivo mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si no se desbloquea el pago. "Lo que queremos es evitar llegar a un contencioso cuando entendemos que existen argumentos jurídicos suficientes para que la Generalitat pague", sostienen desde la entidad.
