VALÈNCIA. 477 días y 15 meses. Es el tiempo que ha transcurrido desde que la Dana del 29 de octubre de 2024 asoló la provincia de Valencia, un periodo en el que la reconstrucción ha avanzado sin el órgano político que debía coordinar a todas las administraciones implicadas. La Comisión Mixta para la recuperación de las zonas afectadas ha echado a andar este miércoles, dando carpetazo a una anomalía que se ha instalado durante más de un año en las instituciones valencianas.
Así, el Castillo de Riba-roja de Túria —donde se ha celebrado la primera reunión— ha sido testigo de una imagen inédita desde la catástrofe. Representantes del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y los 78 ayuntamientos afectados han logrado sentarse en una misma mesa bajo un discurso de "consenso" y "cooperación institucional". Una estampa que, más allá del simbolismo, busca inaugurar una etapa distinta en la gestión de la reconstrucción tras la Dana.
La sesión ha estado copresidida por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ambos han anunciado una periodicidad trimestral para el pleno de la comisión y la "constitución inmediata" de cuatro grupos de trabajo centrados en Emergencias, Salud Mental, Infraestructuras Hídricas y Albufera y Parque Natural del Túria, áreas que los alcaldes y alcaldesas de la 'zona cero' consideran imprescindibles que se aborden desde este órgano.
A ello se suma la previsión de incorporar a los 103 municipios que la Generalitat tiene reconocidos como afectados —frente a los 78 que el Ejecutivo central solo ha incluido en el Real Decreto-ley 6/2024— y la posibilidad de que se sume también la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al organigrama. Una petición que, de nuevo, viene motivada por dos de los alcaldes afectados por la Dana. Por tanto, la estructura de la Comisión Mixta responde, sobre el papel, a una "visión integral" de la reconstrucción. La cuestión es por qué ha tardado tanto en formalizarse.
Una petición sin éxito
En este punto, la comparación con la erupción del volcán de La Palma en 2021 resulta inevitable. Entonces, el mecanismo de coordinación entre administraciones se activó en apenas nueve días. En el caso de la Dana del 29-O, el proceso se ha prolongado durante casi año y medio, en un contexto marcado por la creciente tensión política de los Ejecutivos central y autonómico y un constante cruce de responsabilidades. Desde los primeros meses tras la catástrofe, el Consell defendió la necesidad de una Comisión Mixta que facilitara la interlocución con el Gobierno de España y los ayuntamientos y evitara solapamientos.
El entonces vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, planteó la conveniencia de estrechar fórmulas de colaboración y trasladó esa propuesta tanto al ministro Torres como a los comisionados designados por el Gobierno. Incluso, el ex president de la Generalitat, Carlos Mazón, remitió dos cartas al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, solicitando formalmente la creación de la comisión y una reunión específica en València. Las peticiones no obtuvieron respuesta, lo que desde la Generalitat se interpretó como una negativa tácita.
Sin embargo, la relación entre los responsables de la reconstrucción no comenzó con mal pie. Durante los primeros compases de la emergencia, Gan Pampols y el entonces comisionado del Gobierno, José María Ángel, escenificaron una sintonía que hacía pensar en un entendimiento fluido entre las administraciones. Ambos defendían la necesidad de coordinarse y evitaban el enfrentamiento partidista en sus declaraciones. Pero, con el paso de los meses, la idea de constituir una Comisión Mixta fue perdiendo impulso.
- Alcaldes y alcaldesas afectados por la Dana, en su llegada a la Comisión Mixta. Foto: EDUARDO MANZANA
Desde el Gobierno central se insistía en que la cooperación ya existía a nivel técnico, con centenares de reuniones entre los ministerios y las consellerias homólogas. Formalizar una mesa política, se argumentaba, no aportaría eficacia a la reconstrucción. De hecho, Ángel llegó a sostener que sentarse en una Comisión Mixta supondría "blanquear la falta de actuación por parte de la Generalitat Valenciana", una expresión que llegó a sorprender a muchos y supuso un retroceso en cualquier tentativa de acercamiento entre ambas instituciones.
Aquella afirmación condensaba el reproche de fondo del Ejecutivo central: la desconfianza hacia la actitud del Consell y el temor a que la comisión se convirtiera en una escenificación sin efectos reales. Desde la Generalitat, en cambio, se denunciaba la ausencia de un marco institucional claro y se acusaba a Madrid de falta de voluntad política.
Ante esta situación de bloqueo, la Generalitat, junto a la Diputación y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), impulsó su propia comisión autonómica bajo el paraguas del plan 'Endavant pels Municipis'. El objetivo era reforzar la coordinación interna y acelerar actuaciones dentro de su propio ámbito competencial. Sin embargo, la ausencia del Estado limitaba su alcance y, con el paso del tiempo, la falta de avances visibles debilitó su impacto público.
Cambio de etapa
La postura de ambas administraciones respecto a esta cuestión ha dado un giro de 180 grados tras el relevo en la Presidencia de la Generalitat. La llegada de Pérez Llorca el pasado 2 de diciembre supuso un cambio de tono en la interlocución con el Ejecutivo central. En el propio Consell se asumía que el clima de confrontación dificultaba cualquier acuerdo estructural y que era necesario rebajar la tensión para desbloquear la comisión.
El nuevo president situó la constitución de la Comisión Mixta como una prioridad institucional y defendió que la reconstrucción no podía seguir condicionada por la polarización. El Gobierno, por su parte, encontró en este nuevo escenario un marco más propicio para formalizar un órgano que hasta entonces consideraba innecesario o prematuro.
La reunión de este miércoles en Riba-roja de Túria certifica ese cambio de etapa. El discurso de Pérez Llorca y Torres ha pivotado sobre la cooperación, el "tono constructivo" y la utilidad práctica de los encuentros. No obstante, la propia naturaleza del órgano —colegiado, sin capacidad ejecutiva directa— obliga a matizar las expectativas que se pueden tener sobre la comisión.
- Juanfran Pérez Llorca y Ángel Víctor Torres. Foto: EDUARDO MANZANA
La Comisión Mixta no sustituye las competencias de cada administración ni resuelve por sí sola los cuellos de botella normativos, presupuestarios o técnicos. Su valor residirá en la capacidad de alinear prioridades, anticipar conflictos y ofrecer respuestas coordinadas a los ayuntamientos que siguen gestionando ayudas, obras y trámites pendientes.
En todo caso, el hecho de que hayan transcurrido 477 días para constituir este órgano de coordinación revela hasta qué punto la reconstrucción ha estado atravesada por el pulso político. Queda por comprobar si la nueva etapa que se abre logra que la cooperación deje de ser una consigna y se traduzca en avances tangibles para los municipios que todavía lidian con las consecuencias de la riada.
