VALÈNCIA. La apuesta de la Generalitat Valenciana por la mediación como alternativa a la vía judicial pierde peso en sus presupuestos para 2025. En las cuentas autonómicas presentadas este jueves por la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, el programa Mediaprop encara su futuro con la menor dotación presupuestaria desde su creación en 2022.
Así, el servicio de mediación de proximidad sufrirá este 2025 un recorte del 29,6% respecto al año pasado, lo que deja su financiación en 799.980 euros. Este 'tijeretazo' afecta a un sistema que, en sus inicios, se planteó como una alternativa eficaz para aliviar la sobrecarga de los tribunales y ofrecer a la ciudadanía una vía extrajudicial a fin de resolver disputas en ámbitos como el vecinal, el familiar o el hipotecario.
La entonces consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, reivindicó la apuesta valenciana por la mediación como un modelo más avanzado que el estatal y con una fuerte vocación social. Pero, lo cierto es que, desde su inclusión en los presupuestos autonómicos de 2022, la mediación ha sufrido un recorte progresivo en las cuentas públicas. Aquel año, la Generalitat destinó 2,2 millones de euros al servicio Mediaprop. En 2023, la cifra cayó a 1,7 millones y, en 2024, se redujo a 1.136.000 euros. Ahora, con el nuevo ajuste, la inversión queda por debajo del umbral del millón de euros.
Los ayuntamientos, los más perjudicados
El recorte tendrá un impacto directo en los municipios que gestionan este servicio. Por ejemplo, Ontinyent, Sagunto, Alzira y Torrent recibirán en 2025 un 18,1% menos de financiación para el programa Mediaprop, ya que pasan de 20.000 euros a 16.376 euros. Por su parte, las mancomunidades Interior Tierra del Vino y de la Marina Alta también han visto reducida su asignación.
En localidades como Alaquàs, Aldaia, Algemesí y Santa Pola, la ayuda pasará de 18.000 euros en 2024 a 15.098 euros durante este ejercicio. Por otra parte, en poblaciones más pequeñas, como Alberic, Sedaví o Montserrat, el recorte deja la subvención en 5.273 euros. Cabe recordar que estos ajustes no solo limitan la contratación de profesionales de la mediación, sino que también reducen la capacidad de los consistorios para mantener abiertos los espacios Mediaprop, destinados a informar a la ciudadanía y celebrar sesiones de mediación.
Uno de los casos más llamativos es el del Ayuntamiento de Villena, que en 2024 recibió 20.000 euros y en las cuentas de este año ha desaparecido de la relación de beneficiarios. Lo mismo ocurre con Burriana, ya que en el anterior presupuesto contaba con 18.000 euros y ahora no figura en la lista de municipios subvencionados.
- Oficina de Mediaprop en Quart de Poblet.- Foto: Ajuntament de Quart de Poblet
Aunque la Generalitat mantiene el programa, la tendencia es clara: menos municipios atendidos y menos recursos para los que aún pueden acceder a esa ayuda. Cuando en 2022 el Gobierno del Botànic lanzó el servicio Mediaprop, su objetivo era transformar los antiguos juzgados de paz en oficinas judiciales de proximidad.
La idea, por tanto, era extender el servicio a 96 municipios con más de 7.000 habitantes y garantizar que cualquier ciudadano pudiera acceder a un mediador sin necesidad de desplazarse a los grandes núcleos urbanos. Sin embargo, la evolución del programa ha seguido el camino opuesto: la financiación ha ido menguando y su capacidad operativa se ha visto reducida.
El servicio Mediaprop permitía que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana destinasen la subvención a cubrir sueldos de mediadores, alquiler de espacios, suministros o materiales informáticos. También financiaba la difusión del programa, un aspecto fundamental para dar a conocer esta alternativa y aumentar el número de conflictos resueltos sin acudir a los tribunales.
Retroceso en la mediación valenciana
El desmantelamiento progresivo de la mediación de proximidad no es un caso aislado. La Diputación de Valencia, que hasta el momento destinaba 200.000 euros al servicio a través del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), ha decidido eliminar por completo la partida en sus presupuestos de 2025. La corporación provincial se excusa en que ha redirigido los fondos a la reconstrucción de los municipios tras la Dana, aunque el ICAV advierte que esta decisión dejará sin alternativa a miles de familias que recurrían a la mediación para resolver disputas de forma rápida y sin coste.
Mientras en 2022 la Comunitat Valenciana aspiraba a ser un referente en mediación, los presupuestos presentados por Merino este jueves reflejan un camino inverso. La cantidad destinada al servicio ha caído de forma drástica en apenas tres años y el programa Mediaprop, cuyo objetivo era reducir la litigiosidad en los tribunales, se enfrenta a un futuro incierto, en el que su continuidad queda en entredicho.
