VALÈNCIA. La Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa presentará una reclamación administrativa contra la Conselleria de Servicios Sociales, el paso previo para acudir a la vía contencioso-administrativa, si este departamento mantiene el impago de los 310.000 euros que la entidad reclama por los servicios prestados tras la Dana.
La Koordinadora ha decidido acudir a esta vía después de que el Síndic de Greuges haya avalado su reclamación e instado a la Generalitat a reconsiderar su negativa a abonar la deuda, un pronunciamiento que se suma al informe emitido semanas atrás por la Clínica Jurídica de la Universitat de València (UV), también favorable a los intereses de la entidad.
Cabe recordar que el conflicto se remonta a las consecuencias de la riada del 29 de octubre de 2024. La Koordinadora gestionaba, dentro del sistema de acción concertada de la Generalitat, el Centre de Pekes y el Centre de Joves de Massanassa, ambos arrasados por la Dana. Pese a perder sus instalaciones, la entidad mantuvo la atención a los menores y jóvenes de ambos centros y trasladó temporalmente la actividad a unos locales situados en Alfafar para garantizar la continuidad del servicio.
Sin embargo, la Conselleria dejó de abonar las cantidades correspondientes a partir de abril de 2025 al considerar que esos locales carecían de la autorización administrativa necesaria. Aunque el departamento reconoció una deuda de 400.000 euros, solo pagó 90.000, dejando pendientes otros 310.000 euros correspondientes a los servicios prestados entre abril y diciembre de 2025.
El Síndic señala que la Conselleria sí conocía la prestación del servicio
Disconforme con esa decisión, la Koordinadora registró el pasado mes de marzo una queja ante el Síndic de Greuges. En la resolución emitida este jueves, el defensor del pueblo valenciano concluye que la Generalitat debe responder de forma motivada a las alegaciones de la entidad, reconsiderar si la falta de autorización formal de los locales justifica el impago y concretar el importe adeudado en función de los servicios prestados.
La institución considera que la Conselleria conocía que la atención continuaba desarrollándose en unas instalaciones provisionales como consecuencia de una situación de fuerza mayor y que, durante meses, supervisó el funcionamiento del servicio sin formular objeciones. En este sentido, entiende que no resulta coherente negar ahora el pago por la ausencia de autorización formal cuando la propia Administración permitió que la actividad continuara desarrollándose.
Es más, el Síndic advierte de que esa decisión podría derivar en un supuesto de "enriquecimiento injusto", al beneficiarse de un servicio sin asumir su coste. Además, la resolución coincide con las conclusiones de la Clínica Jurídica de la UV, en cuyo informe defiende que la Generalitat debe abonar las cantidades reclamadas por la entidad al no haberse suspendido el concierto social y haberse seguido prestando el servicio en unas circunstancias excepcionales.
Reclamación administrativa y posible recurso
Con estos dos pronunciamientos favorables, la Koordinadora ha comenzado a preparar el siguiente paso. Según explica Juanmi, miembro de la entidad, a Valencia Plaza, ya se han reunido con el despacho de abogados El Rogle para estudiar la reclamación administrativa ante la Conselleria, un trámite obligatorio antes de acudir a los tribunales. "Tienen tres meses para contestar positiva, negativamente o no contestar, que también sería negativo. A partir de ahí, valoraríamos presentar un recurso contencioso-administrativo", explica.
No obstante, la entidad espera que la resolución del Síndic permita cerrar el conflicto sin necesidad de judicializarlo. "Lo que esperamos es que se nos pague por completo la deuda generada durante el curso pasado y ya retomar la normalidad", afirma Juanmi. El miembro de la Koordinadora sostiene que tanto el informe de la Clínica Jurídica de la UV como el dictamen del Síndic refuerzan la posición de la entidad frente a la Conselleria.
Sin embargo, Juanmi considera que el conflicto trasciende el plano jurídico. A su juicio, el impago responde a una "persecución ideológica" hacia la Koordinadora por parte del actual Consell, que, asegura, viene motivada por el "carácter reivindicativo" de la entidad. Por ello, anuncia que seguirán reclamando la deuda al entender que se garantizó la continuidad de un servicio esencial tras una de las mayores catástrofes de la historia de la Comunitat Valenciana.
