VALÈNCIA. La Dana del 29 de octubre de 2024 dejó inutilizados los dos centros de día que la Koordinadora de Kolectivos Parke Alcosa gestiona en Massanassa dentro del sistema de acción concertada de la Generalitat Valenciana. La riada arrasó las instalaciones del Centre de Pekes, un espacio convivencial dirigido a menores, y del Centre de Joves, orientado a la inserción sociolaboral y el acompañamiento de adolescentes y jóvenes vulnerables. Pese a los daños en ambos edificios, la actividad no se detuvo.

Durante meses, la atención continuó en otros espacios de la entidad, así como en locales cedidos mientras se reconstruían los centros de Massanassa. Esa reorganización provisional es el origen del conflicto que la Koordinadora mantiene con la Conselleria de Servicios Sociales. Tal y como ha venido contando Valencia Plaza, la entidad denunció que este departamento abonó únicamente 90.000 euros de una deuda reconocida de 400.000 euros, dejando 310.000 euros impagados.

Según la Koordinadora, en una reunión mantenida el pasado 19 de diciembre con la Dirección Territorial de Servicios Sociales, la propia Generalitat reconoció la deuda acumulada por los servicios prestados por ambos centros entre abril y diciembre de 2025 dentro de la acción concertada. La entidad aseguró que solo se abonaron alrededor de 90.000 euros correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del Centre de Joves y únicamente diciembre del Centre de Pekes.

No obstante, la Conselleria defiende que, hasta enero de 2026, la Generalitat había pagado ya unos 225.000 euros vinculados a los periodos y plazas "correctamente justificados". El departamento que dirige Elena Albalat insiste en que parte de esos servicios se desarrollaron en espacios "no autorizados" dentro de la acción concertada y que, por tanto, no pueden financiarse.

Cabe recordar que la Koordinadora de Kolectivos Parke Alcosa trabaja desde 1985 en este barrio situado entre Alfafar, Massanassa y Benetússer. El Parque Alcosa nació entre finales de los años 60 y los 70 como una gran zona de vivienda obrera y todavía conserva una identidad vecinal muy marcada, en parte por su aislamiento físico respecto al casco urbano de Alfafar, separado por las vías del tren y la antigua N-340.

El barrio arrastra desde hace décadas problemas ligados a la pobreza y la vulnerabilidad social, una realidad frente a la que asociaciones y colectivos vecinales han tratado de dar respuesta desde el trabajo comunitario. Cuando llegó la Dana, esa red fue clave para reorganizar la atención. "Desde el día siguiente se estuvo trabajando en situaciones totalmente adversas con las personas usuarias, su entorno y sus familias", explica Juanmi, uno de los miembros de la entidad.

Primeros días tras la Dana

En concreto, los primeros días se centraron en localizar a todos los menores y jóvenes que acudían a ambos centros, comprobar que estuvieran bien y atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas. La memoria de actividades elaborada por la entidad, a la que ha tenido acceso este diario, explica que los espacios de la Koordinadora que no quedaron afectados por la riada se transformaron en puntos de encuentro para menores, adolescentes y familias. 

Desde allí comenzaron los seguimientos técnicos, las visitas domiciliarias y la reorganización de las actividades educativas y sociales. En el caso del Centre de Pekes, el principal objetivo fue ofrecer estabilidad emocional a los menores que habían perdido colegios, materiales escolares y espacios seguros de convivencia. Muchos seguían viviendo rodeados de barro, obras y viviendas dañadas meses después de la riada. 

La entidad habilitó un aula de estudio donde los menores podían hacer deberes, estudiar o simplemente pasar tiempo en un entorno tranquilo. Además, se organizaron actividades deportivas, excursiones, rutas senderistas, talleres de escalada y convivencias grupales para recuperar las dinámicas cotidianas y reforzar las relaciones entre los menores. La programación también incorporó talleres de gestión emocional, hábitos saludables, feminismo y actividades culturales centradas en la expresión emocional.

A través de la fotografía, los podcasts, la música o el hip hop, los menores trabajaban cómo contar lo vivido durante la Dana y cómo expresar el impacto que había tenido en sus vidas. Asimismo, la memoria recoge el seguimiento individual de casos especialmente delicados. Uno de ellos es el de un menor cuya familia perdió la vivienda y que sufrió estrés postraumático tras ser arrastrado por el agua durante las inundaciones. El equipo educativo y la psicóloga de la entidad realizaron un acompañamiento específico para trabajar las secuelas emocionales.

El papel de los jóvenes en la emergencia

En el Centre de Joves, la intervención estuvo más enfocada en la inserción sociolaboral de adolescentes y jóvenes. Se mantuvieron reuniones individualizadas, atención psicológica y asesoramiento a jóvenes migrantes sobre el acceso a recursos sociales. También se impulsaron talleres vinculados al aprendizaje laboral y al apoyo comunitario. Uno de ellos fue el taller de peluquería, en el que jóvenes aprendían técnicas básicas mientras ofrecían cortes de pelo gratuitos a vecinos afectados por la Dana.

Otro de los proyectos destacados fue el taller de bicicletas. En un inicio, nació para reparar bicis donadas y repartirlas entre vecinos que habían perdido sus medios de transporte tras la riada, pero acabó convirtiéndose en una actividad formativa para los jóvenes del centro. La memoria también subraya el papel que asumieron muchos adolescentes durante la emergencia, ya que participaron en brigadas de limpieza, reparto de alimentos, ayuda a personas mayores o distribución de colchones y electrodomésticos.

"Se han convertido en un ejemplo para todos", recoge el documento elaborado por la entidad. En paralelo, la Koordinadora también colaboró en labores comunitarias para la reconstrucción del barrio. Según explica la memoria, participaron en la limpieza de viviendas afectadas y elaboraron junto a otras entidades sociales un manual para orientar a los vecinos sobre cómo intervenir en bajos dañados por las inundaciones. 

Choque entre Conselleria y Koordinadora por cómo se prestaron los servicios

La Conselleria de Servicios Sociales reconoce que, tras la Dana, permitió de forma excepcional que ambos centros siguieran funcionando fuera de sus instalaciones habituales hasta el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, sostiene que, una vez finalizado ese plazo, la entidad debía solicitar una nueva prórroga o garantizar que la actividad se desarollase en espacios homologados dentro de la acción concertada. 

Según la Conselleria, eso no ocurrió. Fuentes de este departamento aseguran que existen informes e inspecciones que acreditan que los servicios siguieron prestándose en locales no autorizados y defienden que "la financiación está condicionada a la prestación real del servicio debidamente justificado y en espacios autorizados". 

La Koordinadora rechaza esa interpretación y sostiene que durante todo 2025 siguió manteniendo reuniones con la Dirección Territorial y la Dirección General, entregando memorias de actividad y justificando las intervenciones realizadas sin recibir nunca una orden para dejar de prestar el servicio. Además, la entidad asegura que desde la propia administración se trasladó en varias ocasiones que se estaba buscando una solución legal para ampliar la excepcionalidad mientras se reconstruían los centros de Massanassa. 

El caso ha llegado al Síndic de Greuges, que ya ha abierto dos investigaciones a la Conselleria por "impagos reiterados" en los centros de día y al Ayuntamiento de Alfafar por la situación del supermercado solidario, el comedor y el convenio de la Cooperativa Social del Parke, otro de los proyectos de la Koordinadora. Del mismo modo, la entidad se reunió este martes con responsables de Servicios Sociales para entregarles un informe elaborado por la Clínica Jurídica de la Universitat de València (UV), que avala su reclamación a la Generalitat sobre el pago de la deuda pendiente. 

La Koordinadora ha planteado el pago por resarcimiento como una posible vía para que la Conselleria pueda abonar las cantidades pendientes, una fórmula que permitiría compensar económicamente a la entidad por los servicios prestados. Y, aunque insisten en que la vía judicial continúa siendo "el último recurso", no descartan acudir a los tribunales si no se desbloquea el pago. "No queremos interponer un recurso contencioso-administrativo cuando entendemos que existen argumentos jurídicos suficientes para que la Generalitat pague", sostienen.