VALÈNCIA. La esperanza de poder finalizar este 2025 con todas las reparaciones de ascensores afectados por la Dana se desvanece. Un año después de la riada del 29 de octubre, las consecuencias siguen visibles entre los edificios más dañados por el temporal. Según el balance de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval), de los 7.500 ascensores que quedaron inutilizados, unos 700 continúan fuera de servicio y más de 300 tienen las obras paralizadas o bloqueadas por problemas económicos y burocráticos.

La situación amenaza con prolongar el aislamiento de cientos de vecinos que dependen de estos elementos para poder salir de casa. "Son reparaciones asumibles y de escasa complejidad que podrían completarse en un mes, pero los obstáculos financieros las mantienen atascadas", explican desde la patronal de ascensores, que también lamenta que la previsión inicial de recuperar la normalidad antes de finales de año ya no sea realista.

Buena parte de los proyectos pendientes se encuentran en punto muerto. Las comunidades de vecinos, muchas con recursos limitados, no consiguen aprobar los presupuestos necesarios para acometer las obras o siguen esperando la llegada de ayudas públicas que no terminan de resolverse. El problema, subraya Ascencoval, no es técnico, sino financiero: los equipos afectados son, en su mayoría, ascensores con daños leves, fácilmente reparables si los propietarios pudieran hacer frente a los costes.

Si bien es cierto que las empresas instaladoras y mantenedoras han realizado un esfuerzo extraordinario durante los últimos doce meses, la lentitud en los pagos, la falta de coordinación entre administraciones y la escasez de fondos dificultan el avance de estos trabajos.

Vecinos atrapados en su propio hogar

El impacto humano que se deriva de esta situación es preocupante. Para las personas mayores o con movilidad reducida, la avería de un ascensor supone una forma de aislamiento forzoso. Meses atrás, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) apuntó, en una entrevista con Valencia Plaza, que la inoperatividad de estos elementos "impide el ejercicio de derechos básicos, como acceder a la calle o recibir atención médica".

Lo cierto es que, a principios de la emergencia, Cruz Roja y el propio Cermi CV hubieron de intervenir en municipios como Aldaia para auxiliar a personas que llevaban semanas sin poder salir de casa. "Algunos vecinos no podían ni acudir a sus tratamientos médicos. Se sentían olvidados", explicó el presidente del comité, Luis Vañó, a este diario. 

Uno de los casos que mejor ilustra esta realidad es el de David González, vecino de Catarroja. David, que padece una lesión medular desde hace ocho años, permaneció más de tres meses sin poder salir de su vivienda después de que los cinco ascensores de su edificio quedaran inutilizados por la riada. Las empresas de mantenimiento habilitaron el pasado mes de febrero una cabina provisional que le permite desplazarse. 

 "Lo limpiaron, pero está reventado", explicó David a Valencia Plaza. "Faltan los cristales, hay barro por dentro… lo hicieron solo para que pudiera salir, pero no está arreglado", precisó. Un año después, el resto de los ascensores de su edificio siguen sin funcionar.

Ayudas públicas

Tras la riada, el Gobierno central aprobó varios Reales Decretos-ley dentro del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, que contemplan ayudas de hasta 36.896 euros por comunidad de propietarios para reparar elementos comunes de los edificios, incluidos los ascensores. Sin embargo, estas subvenciones rara vez cubren el coste total de una reparación, que puede superar con facilidad los 50.000 euros en edificios antiguos o con varios equipos afectados.

Además, solo pueden acogerse a las ayudas los inmuebles situados en municipios declarados como "zonas gravemente afectadas", lo que ha dejado fuera de la convocatoria a muchas comunidades. Para paliar esa limitación, algunos ayuntamientos, como Picanya, han aprobado líneas propias de hasta 5.000 euros por ascensor, aunque su cobertura solo alcanza el 20% del coste real.

A todo ello, se suman trámites extensos que obligan a presentar facturas, informes técnicos, actas de comunidad y documentación de seguros, lo que ha generado importantes retrasos en la concesión y el cobro de las ayudas. En algunos casos, las comunidades todavía no han recibido respuesta casi un año después de solicitarlas.

Un reto de accesibilidad y gestión

La combinación de obstáculos económicos, la lentitud de las administraciones y la complejidad de los trámites ha evidenciado una ausencia de mecanismos ágiles para restaurar la accesibilidad tras la emergencia. Desde Ascencoval, reclaman una mayor coordinación y un marco de subvenciones más realista. El sector teme que, si no se refuerzan las ayudas y se simplifican los procedimientos, la recuperación total de los ascensores se demore más de lo previsto.