VALÈNCIA. Las ayudas que llegaron tras la Dana del 29 de octubre de 2024 tenían por objetivo permitir que las personas afectadas pudieran rehacer, en la medida de lo posible, sus vidas. Sin embargo, meses después, las entidades sociales alertan de un efecto no deseado que amenaza con golpear a quienes partían de una situación vulnerable.
En concreto, temen que las donaciones privadas por la riada se traduzcan en la pérdida de prestaciones básicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La preocupación se ha ido consolidando en el trabajo diario de organizaciones como Cáritas, que acompañan a numerosas familias en los municipios más castigados por la barrancada.
La técnica de refuerzo de Cáritas Valencia en Catarroja, Mari Luz Vicent, explica que el origen del problema está en la propia regulación del IMV, una prestación estatal dependiente de la Seguridad Social y diseñada para garantizar unos ingresos mínimos a quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas.
"El perfil de las personas que reciben el IMV es el de una vulnerabilidad muy alta", subraya Vicent. Se trata de unidades familiares con ingresos bajos, personas sin red de apoyo, hogares con menores o personas que dependen de esta prestación para pagar comida, suministros o alquiler. "Cuando se concede el IMV es porque los servicios sociales han acreditado que esa persona o familia no tiene otra forma de sostenerse", señala.
Incremento de patrimonio
La normativa vigente establece que, si se produce un incremento de patrimonio, los ingresos mínimos pueden suspenderse. Una regla pensada para situaciones ordinarias que, tras una catástrofe como la Dana, genera consecuencias inesperadas. "No estamos hablando de un aumento real de riqueza, sino de dinero que llega para reparar daños muy graves en viviendas", explica la técnica de Cáritas Valencia.
Aun así, ese ingreso puede computar como patrimonio y provocar la retirada del IMV, lo que, en algunos casos, también afecta a la RVI, que actúa como prestación complementaria. Según detalla Vicent, las ayudas públicas no están teniendo este efecto, pero sí las donaciones privadas, ya sea de particulares o de entidades sociales. En muchos casos, las compensaciones de la Administración no han sido suficientes para cubrir, por ejemplo, las reparaciones de viviendas. "Sin el apoyo de organizaciones y donaciones privadas, muchas casas no se habrían podido rehabilitar", apunta Vicent.
- Obras de reconstrucción en el barranco del Poyo en Paiporta. - Foto: MARGA FERRER
El problema aparece después. "Ese dinero permite reconstruir, pero puede suponer que, de repente, se suspenda la prestación que garantiza lo básico para vivir", explica. Además, en algunos casos, esas ayudas privadas se clasifican como una donación y pueden acabar reflejándose en la declaración de la renta, "lo que agrava la situación económica de personas vulnerables". Aunque todavía no hay un recuento amplio de casos, Cáritas confirma que ya se ha detectado alguna suspensión tras el cobro de compensaciones, como las procedentes de seguros.
Preocupación en la campaña de la renta de 2025
La inquietud crece de cara a los próximos meses, ya que la mayor parte de las ayudas privadas se han distribuido a lo largo de 2025, pese a que la Dana ocurrió el año pasado. Esto implica que el posible incremento de patrimonio se revisará en la campaña de la renta correspondiente a este ejercicio, que se desarrollará entre abril y julio de 2026.
"La revisión se hace con un año de desfase, y es ahí donde puede aparecer el problema", explica Vicent. Por eso, insiste en la necesidad de anticiparse. "No es una cuestión de cuántos casos haya. Si le ocurre a una sola persona que depende del IMV para comer, ya es un problema grave", añade.
De hecho, señala que esta situación afectaría a todos los municipios de la 'zona cero'. Personas propietarias o inquilinas que hayan recibido ayudas privadas para reparar su vivienda pueden verse en la misma situación, independientemente de la localidad en la que residan.
Ante este escenario, Cáritas, junto a otras entidades sociales, trabaja a nivel estatal con el Gobierno de España para promover una modificación de la normativa que tenga en cuenta la excepcionalidad de la Dana. El objetivo es que las ayudas destinadas a la reconstrucción no computen como incremento de patrimonio ni tengan efectos negativos sobre estas prestaciones.
