VALÈNCIA. Las comarcas de Los Serranos y el Rincón de Ademuz se han convertido en las principales receptoras de las ayudas contra el despoblamiento que concede la Generalitat a través del Fondo de Cooperación Municipal. Más de 25 municipios de estas dos comarcas del interior valenciano figuran entre los 63 pueblos de la provincia que este año recibirán financiación para sostener servicios básicos y combatir la pérdida de población.
Según una resolución publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la dotación global asciende a 5,2 millones de euros, que se distribuyen en 186 localidades de toda la Comunitat. En Los Serranos, destacan casos como Chelva, con 51.637 euros, Pedralba, con 55.950, o Villar del Arzobispo, que alcanza el importe máximo de 60.000 euros.
Otros municipios como Alcublas, Alpuente, Chulilla, Titaguas o Tuéjar se sitúan entre los 30.000 y 40.000 euros, mientras que pueblos de menor tamaño, como Benagéber, Calles o Losa del Obispo, rondan los 20.000 y 30.000 euros. En el Rincón de Ademuz, la capital de la comarca, Ademuz, recibirá 36.934 euros, mientras que Castielfabib percibirá 25.032. Casas Altas, Casas Bajas y Vallanca rondan los 20.000 euros, Torrebaja supera los 28.000 y Puebla de San Miguel se sitúa en el tramo más bajo con algo menos de 17.000 euros.
Por otra parte, en la Canal de Navarrés, Anna percibirá casi 49.000 euros y Bolbaite supera los 44.000, así como Quatretonda, en la Vall d'Albaida, que también se acerca a esa cantidad. Sin embargo, municipios como Bufali o Rugat rondan los 20.000 euros. En La Safor, Almiserà recibirá cerca de 25.000 euros, mientras que en la comarca vecina -la Ribera Baixa-, Llaurí alcanzará los 42.000 euros.
Qué es el Fondo de Cooperación Municipal y cómo funciona
El Fondo de Cooperación Municipal es una herramienta que se puso en marcha en 2023 para reforzar la capacidad financiera de los pueblos más sensibles al despoblamiento de la Comunitat. A diferencia de otras subvenciones autonómicas, se trata de una financiación incondicionada y no finalista, de modo que cada ayuntamiento decide en qué gastar el dinero, ya sea en mantener servicios básicos, invertir en infraestructuras o impulsar proyectos para atraer población.
Según establece la resolución del DOGV, el modelo de reparto de estas ayudas combina una dotación fija para cada localidad con otra variable, ligada al número de habitantes. Por ejemplo, en los municipios de menos de 500 vecinos, se aplica un coeficiente multiplicador de cuatro, que se reduce progresivamente hasta alcanzar el 0,75 en los pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes. De esta manera, se pretende compensar a los municipios de menor tamaño, donde la prestación de servicios resulta más costosa. El importe máximo establecido por localidad es de 60.000 euros anuales.
Para determinar qué municipios pueden acceder al fondo, la Ley 5/2023 establece una batería de indicadores demográficos y estructurales. Se consideran en riesgo aquellas localidades con menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, con "un crecimiento poblacional estancado" o negativo en los últimos 20 años, así como una fuerte pérdida migratoria.
También son factores de riesgo el envejecimiento o una tasa de dependencia superior al 60%. Además, acceden de forma directa los pueblos con menos de 300 habitantes y aquellos enclavados en áreas funcionales de densidad extremadamente baja.
Cambios legales a partir de 2026
Cabe recordar que la Generalitat tramita una modificación legislativa que entrará en vigor a partir de 2026 y que permitirá mantener la ayuda, aunque sea reducida, en aquellos municipios que consigan mejorar algunos de estos indicadores. En concreto, aquellos que dejen de cumplir solo uno de los requisitos podrán seguir recibiendo la mitad de la financiación durante el siguiente ejercicio, lo que evitará que pierdan este apoyo económico justo cuando empiezan a consolidar una recuperación demográfica.
Así lo explicó el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, a Valencia Plaza. Según Redorat, el cambio normativo persigue un triple objetivo: mantener el apoyo a aquellas localidades que siguen en riesgo de despoblación, reconocer el esfuerzo de los que mejoran sus cifras demográficas y corregir agravios con quienes se quedaron fuera de estas ayudas pese a tener algún factor de riesgo. "El Consell reafirma su compromiso con el municipalismo y con una visión de futuro que no deja a nadie atrás", destacó Redorat, que calificó la reforma como "un paso adelante en la lucha contra el despoblamiento en la Comunitat Valenciana".
