VALÈNCIA. En la playa del Brosquil, donde el eco del mar se entremezcla con la rutina de quienes residen allí todo el año, la preocupación ha ganado terreno. El anunciado deslinde marítimo-terrestre ha sacudido la tranquilidad de este rincón de Cullera. La nueva delimitación afecta a una franja de 1.510 metros de costa y deja en el aire el futuro de más de 30 propiedades que, hasta el momento, parecían intocables. Sus propietarios, alertados por lo que consideran una "alteración injustificada" del estatus de sus viviendas, han movido ficha y han presentado una serie de alegaciones a este proyecto.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas en Valencia, justifica esta revisión como una "corrección del deslinde aprobado en 2010", tras la anulación de varios tramos por la Audiencia Nacional. Según el organismo estatal, en algunos puntos se han identificado terrenos con características propias de la ribera del mar que no fueron incluidos correctamente en la delimitación anterior. Sin embargo, los vecinos afectados sostienen que la nueva propuesta no refleja la realidad geográfica ni urbanística del Brosquil y, en cambio, se basa en "estudios desactualizados" que no tienen en cuenta la evolución natural del litoral.
Uno de los cambios más polémicos es la ampliación de la servidumbre de protección de 20 a 100 metros, que afecta directamente a viviendas construidas sobre suelo urbano consolidado. Esta franja delimita la zona donde se restringe la construcción y el uso del suelo, lo que, según los afectados, supone una "expropiación encubierta sin indemnización alguna". "Hablamos de viviendas con décadas de historia, con suministros regularizados y tributos pagados. No pueden quedar en el limbo legal de un día para otro", sostienen en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Valencia Plaza.
- Propuesta de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el deslinde entre Cullera y Tavernes de la Valldigna -
- DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA
Las críticas no solo apuntan a las consecuencias del deslinde, sino también a la metodología con la que se ha elaborado. Así, los vecinos cuestionan los informes en los que se sustenta la nueva delimitación por, según las alegaciones, basarse en imágenes de Google Earth en lugar de estudios topográficos recientes. Además, los vecinos denuncian que las catas realizadas para analizar la composición del suelo tienen apenas 30 centímetros de profundidad, un dato que resulta "insuficiente" para evaluar con precisión el comportamiento de la línea de costa.
'Lagunas' técnicas
En declaraciones a este diario, el abogado que representa a los vecinos afectados, José Aguilar Cañabate, del despacho Iuretech, subraya que "este deslinde no responde a una necesidad real de protección del litoral, sino a una reinterpretación administrativa que no se sustenta en estudios técnicos adecuados". Además, recalca que la propuesta no tiene en cuenta factores como la existencia de espigones o trasvases de arena, intervenciones que han modificado la dinámica sedimentaria de la zona y que podrían invalidar los criterios aplicados por la Demarcación de Costas.
Los escritos de alegaciones presentados por los vecinos exponen que la Administración estatal ha pasado por alto la regeneración artificial de la playa con trasvases de arena y la erosión diferencial, provocada por la construcción de diques y espigones; unos elementos que han alterado de forma significativa la línea de la ribera del mar en los últimos años.
También apuntan a que la falta de un estudio geológico y topográfico actualizado impide determinar con precisión si las parcelas afectadas deberían ser consideradas dominio público marítimo-terrestre. Los propietarios temen que la nueva delimitación suponga un freno al desarrollo de la zona, además de un impacto directo sobre el valor de sus viviendas. "Si la clasificación del suelo cambia, no solo nos enfrentamos a restricciones en el uso de nuestras propiedades, sino también a un escenario de inseguridad jurídica que puede durar años", advierten.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cullera todavía no ha aclarado su postura respecto a este deslinde. Pero, mientras el procedimiento administrativo avanza, los vecinos del Brosquil libran una batalla que no están dispuestos a dar por perdida. Con informes jurídicos y técnicos que cuestionan la validez del nuevo deslinde, confían en que sus alegaciones sean escuchadas antes de que el trazado propuesto quede fijado en el mapa.
