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Manises rechaza la ley que permite consultar la lengua base va contra la infancia y el Estatut

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VALÈNCIA (EFE). El Consejo Escolar Municipal de Manises rechaza de forma unánime la que han denominado ‘Ley Rovira’, la ley que incluye la consulta a las familias de la elección de la lengua base en los centros educativos, al considerar que va en contra del derecho superior de la infancia y del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno, ha asegurado que la Generalitat Valenciana, con esta nueva ley, "se ha propuesto sembrar la confrontación y el odio entre las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar", ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado.

"Tenemos que proteger el valenciano por ser la lengua minoritaria y minorizada; la lengua es un derecho humano y toda la ciudadanía tiene derecho a conocerla, hablarla, usarla y aprenderla con recursos públicos a través de la educación, porque las lenguas son puentes que unen y nos abren puertas·, ha añadido.

El máximo órgano de consulta y participación preceptivo de la comunidad educativa manisera, el Consejo Escolar Municipal de Manises, ha defendido que "no" pueden "estar de acuerdo con una ley que no vela por el interés superior de nuestro alumnado, y que no atiende los acuerdos que esta comunidad educativa había tomado en el programa lingüístico de nuestro Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI), aprobado por la Conselleria".

Así lo manifiestan en una carta enviada a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, que dirige José Antonio Rovira, en la que advierten que, según las alegaciones, la consulta que deja en manos de las familias la elección de la lengua en la escuela entre valenciano y castellano es "aleatoria".

También alertan de que la decisión de las familias no puede ir "en contra del interés superior de su hijo o hija, ni tienen la formación adecuada en metodología de aprendizaje de lenguas, para condicionar la enseñanza de los centros escolares", lo cual se opone a la ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana, entre otros argumentos.

Por otra parte, explican que el Estatuto de Autonomía, norma de rango superior, como lo es la Constitución Española, recoge que la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano y es el idioma oficial, igual que el castellano, de forma que la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, además de adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento.

Por lo tanto, añaden, la aplicación de la nueva ley educativa "no sigue el principio de jerarquía jurídica, un hecho que va en contra de la jurisprudencia".

A través del procedimiento de consulta de la lengua base que establece la mencionada ley de libertad educativa, "serán los representantes legales del alumnado y no los centros, quienes eligen la lengua vehicular de sus hijos e hijas para su futura etapa educativa, bien sea en el proceso de admisión al iniciar la etapa o bien durante el nivel que estén cursando para el 2025-26".

En la consulta exigida por la Generalitat Valenciana, que se abre el próximo 25 de febrero, podrán participar las familias de alumnado matriculado en centros públicos y concertados en el segundo ciclo de Infantil, el ciclo de Primaria y los tres primeros cursos de ESO, así como las familias de alumnas de aulas de dos años en colegios públicos que pueden continuar escolarizados en el mismo centro.

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