VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Oliva ha movido ficha para desbloquear la presa de laminación en la rambla de la Gallinera, una infraestructura que reduce el riesgo de inundaciones en el municipio y que lleva paralizada desde hace más de una década. El pleno ordinario del mes de julio aprobó este jueves una moción para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que reactiven el proyecto, cuyas obras se detuvieron en 2014 por motivos técnicos y administrativos.

La propuesta, presentada por el partido Projecte Oliva, que gobierna con mayoría absoluta, también contempla el apoyo del consistorio a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone reformar la Ley de Aguas para situar la protección de la vida humana en el centro de la gestión hídrica. Ambas mociones han salido adelante con los votos favorables de Projecte Oliva, UCIN y el Partido Popular. Por su parte, Compromís y PSPV se han abstenido. 

En concreto, este proyecto hidráulico se inició en el año 2009 y estaba financiado por la empresa pública Acuamed. Las obras contemplaban un sistema de canalización, trasvase y laminación para encauzar el caudal de la rambla Gallinera y, al mismo tiempo, proteger el sur del municipio frente a episodios de lluvias torrenciales. Aunque buena parte de la obra se ejecutó, la presa de laminación quedó sin construir tras haberse detectado problemas de estabilidad en el terreno. 

Después de un intento fallido por modificar el proyecto, los trabajos se detuvieron por completo en diciembre de 2014. La moción señala que la falta de esta infraestructura mantiene activo el riesgo de inundación en el término municipal, sobre todo, en los sectores urbanísticos e industriales; limita la ordenación del territorio y frena las mejoras medioambientales previstas, como la recarga del acuífero de Mustalla o la conservación de la Marjal Pego-Oliva.

"El sistema no funciona porque está incompleto. No podemos permitirnos otro episodio como la Dana de 2024 sin haber hecho nada", defendió el concejal de Urbanismo, Joan Mata, durante el pleno. En la misma línea, el edil de Turismo y Playas, Salvador Llopis, señaló que exigir la reactivación de las obras "no es una cuestión ideológica, sino de responsabilidad institucional".

El caso Acuamed

La paralización del proyecto no se entiende sin el escándalo que envolvió a Acuamed. En 2009, la empresa estatal adjudicó las obras a una UTE formada por Torrescámara y Sogeosa por más de 30 millones de euros. Pese a que el plazo inicial era de 22 meses, en 2014 las obras seguían inconclusas. Un informe técnico interno, incorporado al sumario que investigaba la causa, alertaba de que algunas actuaciones podían incluso agravar el riesgo de inundaciones. 

Según el documento, todo ello generaba efectos "nefastos desde el punto de vista económico y penal". Al respecto, el concejal del PP, José Germán Salazar, lamentó en el pleno que "la oportunidad de rediseñar la presa y adaptarla a las condiciones geotécnicas se perdió por culpa de la corrupción".

Según explicó Salazar, el nuevo trazado que se planteó era viable, pero quedó bloqueado con la caída de la cúpula directiva de Acuamed. "Se perdió tiempo, dinero y, lo peor, capacidad de protección para nuestros vecinos", apuntó. 

Una ILP para reformar la Ley de Aguas tras la Dana

La segunda moción, también presentada por Projecte Oliva, respalda la ILP registrada en el Congreso para modificar el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Aguas. El objetivo de la propuesta, impulsada por un grupo de juristas e ingenieros, es incorporar de forma expresa la protección de la vida humana, la inversión suficiente en infraestructuras y la autonomía técnica en la planificación hídrica.

De este modo, Oliva se compromete a habilitar espacios municipales para la recogida de firmas, que deben alcanzar las 500.000 antes de febrero de 2026 para que la iniciativa pueda ser debatida en el Congreso. La moción también prevé la difusión de la campaña a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Sin embargo, ni Compromís ni PSPV han votado a favor de ambas propuestas. Si bien los dos grupos municipales coincidieron en la necesidad de ejecutar las obras pendientes en la Gallinera, cuestionaron la viabilidad real de las medidas y el enfoque de las mociones. 

La portavoz socialista, Ana Morell, advirtió que los informes técnicos existentes sobre los sectores industriales 4 y 17 de Oliva "no garantizan que la presa sea una solución definitiva al problema de inundabilidad". En su intervención, Morell insistió en que es necesario "no generar falsas expectativas" sobre el alcance de una obra que, aunque importante, no resolverá todos los riesgos.

Sobre la ILP, tanto Morell como la concejal de Compromís, Yolanda Navarro, mostraron cierta inquietud por la falta de concreción. Ambas ediles insistieron en cómo se habilitarán espacios públicos para recoger firmas y si el Ayuntamiento de Oliva hará lo mismo con otras iniciativas ciudadanas en el futuro. 

Al margen de todo ello, los acuerdos aprobados en el pleno buscan lanzar un mensaje claro a las administraciones supramunicipales: Oliva quiere recuperar una obra que se considera fundamental para la seguridad del municipio. El consistorio trasladará su petición a la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, la CHJ, las federaciones de municipios -FEMP y FVMP-, así como a los impulsores de la ILP.