VALÈNCIA. El pago de casi 300.000 euros que el Ayuntamiento de Paiporta abonará a la UTE que gestiona la piscina cubierta municipal no saldrá de nuevos fondos ni de partidas extraordinarias, sino del propio contrato de concesión que regula el servicio desde hace casi dos décadas. En concreto, el consistorio financiará el reequilibrio económico con las mensualidades del canon que dejó de pagar a la empresa durante los 14 meses en los que la instalación permaneció cerrada tras la Dana del 29 de octubre.

Así lo han explicado a Valencia Plaza fuentes de la Vicealcaldía de Paiporta —área que encabeza la portavoz de Compromís, Marian Val—, después de la aprobación del acuerdo en el pleno del pasado mes de diciembre. El reequilibrio económico, que salió adelante con los votos a favor de PSPV y Compromís y el rechazo de PP y Vox, asciende a 286.883,38 euros y compensa a la concesionaria por la pérdida de ingresos entre el 29 de octubre de 2024 y el 29 de diciembre de 2025, periodo en el que el contrato estuvo suspendido por causas excepcionales. 

Desde el gobierno municipal insisten en que se trata de un mecanismo previsto en la legislación y en el propio contrato. Aunque la explotación de la piscina se realiza en régimen de riesgo y ventura, existen supuestos extraordinarios —como ya ocurrió durante la pandemia por Covid-19— en los que el ayuntamiento está obligado a restablecer el equilibrio económico del contrato cuando el servicio no puede prestarse por motivos ajenos a la empresa.

Mientras el contrato estuvo suspendido y la piscina cerrada, el Ayuntamiento de Paiporta dejó de pagar el canon anual que contempla la concesión para cubrir la gestión y el funcionamiento de la instalación. Ese dinero no abonado se utiliza para compensar de forma parcial a la UTE por las pérdidas acreditadas durante el cierre. "No es un gasto nuevo ni se extrae de otras partidas, sino que es una regularización económica dentro del propio contrato", señalan estas mismas fuentes. 

Además, el importe final no coincide con la cantidad que en un principio reclamaba la empresa. La UTE solicitó el 100% de las pérdidas, calculadas en algo más de 40.000 euros mensuales, pero, tras el análisis de los informes técnicos y jurídicos municipales, el consistorio solo asumirá la mitad de esa cifra. Desde el gobierno local subrayan que la cantidad final cuenta con el aval de los servicios técnicos, el Área de Intervención y los informes preceptivos. "No se paga ni un euro público sin respaldo técnico", subrayan, en referencia a las críticas de la oposición. 

Lo cierto es que, durante el pleno, PP y Vox cuestionaron tanto el fondo como la forma del acuerdo. Los concejales, Isabel Gisbert y Daniel Furió, criticaron que el contrato de la piscina, firmado en 2005 por un periodo de 25 años y en ejecución desde 2007, sigue generando un impacto económico negativo para el municipio. Un contrato que, según recordó el PP, supuso un "sobrecoste" en la construcción de la instalación y que traslada al ayuntamiento parte del riesgo económico de la concesión. 

Rehabilitar la "parte seca" de la piscina, el primer paso

Asimismo, en la sesión plenaria de diciembre se abordó la situación de las obras y la reapertura de la piscina. Desde la Vicealcaldía de Paiporta aclaran que esta instalación no está incluida en el proyecto de reconstrucción del polideportivo municipal, cuya actuación global cuenta con un presupuesto de 16,3 millones de euros y se financia con fondos destinados a la recuperación de infraestructuras dañadas por la Dana. 

En el caso de la piscina, la hoja de ruta es distinta. En una primera fase, el objetivo es rehabilitar la denominada "parte seca" de la instalación, es decir, el gimnasio y las zonas anexas. Para ello, el consistorio ha requerido a la UTE que presente la documentación técnica necesaria y que todavía no ha completado, lo que impide fijar plazos concretos de intervención. 

Hasta que ese trámite no se cierre, no se podrá avanzar en la ejecución de las obras. Los daños provocados por la Dana en la piscina deberán ser cubiertos por el seguro privado de la concesionaria, tal y como establece el contrato. Desde el consistorio reconocen que está siendo un proceso "lento y complejo", pero insisten en que se actúa conforme a los procedimientos legales y administrativos. 

El contrato de la piscina seguirá vigente hasta 2032, fecha en la que el ayuntamiento podrá estudiar otras fórmulas de gestión. Fuentes municipales admiten que existe un amplio consenso político en que el modelo actual es "perjudicial" para el interés de Paiporta, aunque cualquier cambio dependerá de los resultados de las elecciones de 2027. De momento, el consistorio insiste en que está obligado a cumplir un contrato que heredó y a hacerlo, aseguran, "pagando lo menos posible y con el máximo control".