VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Paiporta ha acordado suspender la concesión de licencias para transformar inmuebles hacia usos residenciales, tanto de carácter público como privado. La decisión, aprobada en el pleno municipal del 30 de octubre con los votos del equipo de gobierno —PSPV y Compromís— y el apoyo del PP, afecta a todo el término municipal e impide cualquier cambio de uso de planta baja destinado a vivienda o a alojamiento público, como hoteles, apartamentos y viviendas turísticas, residencias o albergues.

“Dado que las inundaciones dañaron numerosas viviendas, casi todos los inmuebles situados en planta baja han quedado totalmente inservibles para el uso que les es propio”, señaló durante el pleno la concejala para la Reconstrucción, Marian Val. Según explicó, el número de solicitudes para convertir locales en vivienda o en usos turísticos ha aumentado de manera notable en los últimos meses, por lo que el consistorio considera que “no se deben permitir los cambios que incrementen la vulnerabilidad en el riesgo de inundación”.

La suspensión será temporal, con un máximo de dos años, y responde a los informes técnicos del Ayuntamiento. El objetivo es ganar margen para revisar el Plan General de Ordenación Urbana y adaptar la normativa municipal a las nuevas directrices del Patricova, con el fin de reforzar la seguridad ante posibles inundaciones. El Partido Popular, que votó a favor, calificó la medida de “prudente”, al considerar necesario frenar los cambios de uso “hasta que haya una normativa más definitiva”, en palabras de su portavoz, Chelo Lisarde.

La paralización podrá levantarse antes de lo previsto si, transcurrido un año, el Ayuntamiento no ha sometido a exposición pública una propuesta de modificación del planeamiento urbanístico. En ese caso, la suspensión quedará automáticamente anulada. Además, el acuerdo contempla compensaciones económicas para quienes hubieran solicitado licencias antes de la entrada en vigor de la medida y hubieran obtenido una resolución favorable de no existir la moratoria: los afectados tendrán derecho a ser indemnizados por el coste del proyecto y a la devolución de tasas y tributos abonados.

Con esta decisión, Paiporta abre un periodo de revisión urbanística que podría redefinir el modelo de crecimiento del municipio y su capacidad de alojamientos residenciales y turísticos. No es un caso aislado. Varios ayuntamientos de l’Horta Sud han adoptado moratorias similares tras la Dana, paralizando temporalmente la conversión de bajos en viviendas y la concesión de nuevas licencias residenciales o turísticas con el fin de reducir la vulnerabilidad ante futuras inundaciones. Entre los municipios que ya han aplicado medidas de este tipo figuran Albal y Alfafar —que han delimitado ámbitos concretos y prorrogado suspensiones—, así como Sedaví.

En todos estos casos, la moratoria —de hasta dos años en algunos municipios— busca dar tiempo a la revisión de los planes generales y a la incorporación de criterios de riesgo hídrico en la normativa local. En la práctica, supone un freno a nuevos proyectos residenciales y turísticos mientras se actualizan las cartografías de riesgo y se redactan los cambios urbanísticos necesarios.