Torrent reclama al Gobierno eliminar la obligación de aplicar la tasa de basuras

Comarca y empresa

El Pleno aprueba una moción que pide derogar el impuesto y, si se mantiene, aplazar tres años su aplicación en los municipios afectados por la Dana

  • Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrent.
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VALÈNCIA. El Pleno del Ayuntamiento de Torrent reclama al Gobierno de España que elimine la obligación de establecer una tasa específica para sufragar el coste del servicio de recogida de residuos. Si se mantiene, el acuerdo aprobado plantea que su aplicación se aplace durante tres años en los municipios afectados por la Dana.

La petición forma parte de una moción del Grupo Municipal Socialista que fue modificada durante la sesión plenaria con dos enmiendas de sustitución presentadas por el Grupo Popular. Las modificaciones afectaron a los acuerdos segundo, tercero, cuarto y quinto de la propuesta inicial.

La primera enmienda incorporó al texto la petición de derogar la obligación establecida en la Ley 7/2022 para que los ayuntamientos implanten una tasa específica de residuos. El acuerdo añade que, en caso de mantenerse esta obligación, se opte por cualquiera de las medidas contempladas en la normativa europea que resulte menos gravosa económicamente para los ciudadanos.

La segunda enmienda plantea una moratoria de tres años para los municipios afectados por la Dana, una petición que el Ayuntamiento de Torrent ya había trasladado al Gobierno de España. La medida se aplicaría como alternativa en caso de que finalmente no se elimine la obligación de establecer la tasa.

La tasa de basuras ha sido uno de los asuntos que más debate ha generado en los últimos meses en Torrent, tanto por su repercusión sobre los recibos de los vecinos como por las distintas fórmulas planteadas para su aplicación. El nuevo tributo responde a la obligación introducida por la Ley 7/2022 para que las entidades locales establezcan una tasa que permita sufragar el coste real del servicio de gestión de residuos.

Las dos enmiendas presentadas por el PP fueron aprobadas con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de Compromís y el voto contrario del PSOE y del concejal no adscrito. Posteriormente, la moción ya modificada salió adelante con los votos de PP, Vox y PSOE, la abstención de Compromís y el voto en contra del concejal no adscrito.

De este modo, el acuerdo aprobado por el Pleno recoge la petición de eliminar la obligación de establecer la tasa y, subsidiariamente, la de aplazar durante tres años su aplicación en los municipios afectados por la Dana.

Medidas fiscales municipales

El debate sobre la tasa coincide con la política fiscal que desarrolla el Ayuntamiento de Torrent dentro de sus competencias. La alcaldesa, Amparo Folgado, anunció hace unos días que el Gobierno municipal plantearía reducir el tipo de gravamen del IBI urbano del actual 0,49% al 0,40%, el mínimo permitido por la legislación.

La medida supondría una rebaja del 18,37% respecto al tipo actual. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, sería la tercera reducción del IBI durante este mandato y situaría la bajada acumulada respecto al tipo del 0,5346% aplicado en 2023 en un 25,2%.

La portavoz del Grupo Popular, Sonia Roca, ha defendido que el Ayuntamiento debe actuar sobre los tributos que son de competencia municipal mientras mantiene la reclamación al Gobierno sobre la tasa de residuos.

"El problema no se resuelve creando mesas de trabajo para administrar una tasa impuesta por Sánchez, sino actuando sobre el origen del problema y evitando que los vecinos paguen más", ha señalado Roca.

La portavoz popular ha añadido que "mientras el Gobierno de España obliga a los ayuntamientos a cobrar una nueva tasa, desde Torrent actuamos sobre los impuestos que sí dependen de nosotros y bajamos el IBI hasta donde legalmente podemos".

Roca ha insistido en la petición de una moratoria para las localidades afectadas por la Dana mientras no se modifique la obligación legal. "Nosotros tenemos una posición clara: bajar impuestos en Torrent y exigir al Gobierno de España que deje de cargar sobre las familias las consecuencias de sus decisiones. Y mientras Sánchez no rectifique, seguiremos reclamando que, como mínimo, los municipios golpeados por la Dana tengan tres años de moratoria. Torrent ya ha sufrido bastante como para que ahora el Gobierno le añada una nueva factura", ha concluido.

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