VALÈNCIA. Tras la Dana del 29 de octubre de 2024, los ayuntamientos afectados han recibido importantes fondos económicos para reparar sus infraestructuras públicas, pero no siempre cuentan con el suficiente personal técnico para tramitar contratos y obras al ritmo deseado.

Para facilitar esa gestión, la empresa pública Tragsa, encargada por el Gobierno central para gestionar los trabajos de reconstrucción post riada, ha activado un acuerdo marco que permitirá adjudicar actuaciones en un plazo de entre siete y quince días, un tiempo muy inferior al de las licitaciones ordinarias, que pueden prolongarse durante meses.  

El acuerdo se formalizó a finales de septiembre y ya está operativo. Según explica a este diario el jefe de Tragsa en la Comunitat Valenciana, Juan Miguel Alepuz, la herramienta nace para dar respuesta a los plazos que impone la Ley de Contratos del Sector Público, particularmente exigentes en situaciones con un elevado volumen de obras pendientes. 

"El objetivo es que, como la Ley de Contratos del Sector Público ofrece umbrales de tiempo tan amplios para las licitaciones, mediante este sistema, una licitación estaría resuelta en un plazo de una semana a quince días", indica Alepuz. El funcionamiento está diseñado para que los consistorios encarguen las actuaciones a Tragsa, que actúa como medio propio.

Una vez recibido el encargo, la empresa pública solicita ofertas a la bolsa de compañías homolgadas mediante este acuerdo. "Los ayuntamientos son quienes tienen que encargar a Tragsa, la única que podrá hacer uso de este acuerdo marco", señala Alepuz. Por tanto, los municipios afectados no pueden utilizar esta herramienta directamente, ya que deben hacerlo a través de la entidad estatal.

Más de 150 empresas inscritas

La diferencia de tiempos es notable y se extiende incluso a grandes actuaciones. Alepuz pone un ejemplo: una obra de cinco millones de euros podría tardar alrededor de siete meses en adjudicarse si el ayuntamiento licitase dicha intervención por su cuenta. En cambio, a través del acuerdo marco, "en quince días tiene una empresa adjudicataria".

La rapidez, destaca el jefe de Tragsa en la Comunitat Valenciana, no depende del importe y se aplica del mismo modo a obras de distinta escala. Más de 150 empresas están ya inscritas para concurrir en este sistema, lo que garantiza capacidad para asumir volumen y pluralidad de oferta.

La agilidad se considera esencial para un territorio donde las administraciones locales encaran simultáneamente tareas de diagnóstico, planificación y ejecución de proyectos vinculados a la Dana. Cabe recordar que, en muchos casos, los equipos municipales son reducidos y afrontan picos extraordinarios de carga administrativa.

Sin embargo, este nuevo sistema no es de uso obligatorio. Cada ayuntamiento puede decidir si emplea esta vía o si mantiene la tramitación y adjudicación directas. "Los consistorios tienen dos brazos", ilustra Alepuz. "Con uno, siguen lo que han hecho toda la vida y, con el otro, tienen la posibilidad de encargar las obras a Tragsa". Además, la decisión depende del músculo técnico, la experiencia previa y la capacidad para gestionar expedientes en paralelo.

31 municipios han recurrido a Tragsa

Hasta ahora, 31 de los 78 municipios afectados por la Dana han recurrido a Tragsa para gestionar la reconstrucción. El resto gestiona las obras directamente o completa las fases previas, como la validación de daños y la redacción de los proyectos técnicos. 

Sobre la capacidad operativa de Tragsa, Alepuz asegura que la empresa pública está preparada. "Tragsa ha habilitado dos nuevas unidades organizativas, dotadas de personal, y estamos llegando a todo lo que se nos pide", afirma, al mismo tiempo que descarta que exista riesgo de saturación a corto plazo.

En un contexto de reconstrucción en el que la rapidez es determinante para recuperar servicios e infraestructuras, este mecanismo ofrece una alternativa para transformar los fondos disponibles en actuaciones ejecutadas con mayor celeridad.