VALÈNCIA. La investigación que sigue el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja sobre la Dana se centra, por ahora, en los presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes. La jueza, que ha insistido en ello en diferentes autos, ha dejado fuera por ejemplo los daños materiales -insta a llevarlos a lo contencioso- y circunstancias sobre las que no ve un "nexo causal" claro con la evitabilidad de las 224 muertes y los 3 desaparecidos provocados por la riada, como las obras pendientes en el barranco del Poyo.

Estos aspectos, recogidos en la querella presentada por la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, fueron desestimados por la instructora de la causa. En el caso del presunto delito de daños imprudentes porque, señaló, los daños materiales no se podían evitar mientras que los fallecimientos sí. Y en cuanto a las obras sin ejecutar por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), porque en dicha responsabilidad "estarían implicadas diversas administraciones" y no guarda "relación" con las atribuciones del actual presidente del organismo, Miguel Polo.

La decisión de la jueza, que ha acotado la instrucción a la alarma tardía a la población y su vinculación con las muertes y lesiones, recibió la oposición inmediata de la asociación al considerar que, dejando fuera los daños materiales -aunque la jueza instara a la reparación en otras jurisdicciones-, se estaba dejando "a muchos afectados por el camino". "Un delito es un delito y se ha de investigar", aseguró su presidente, Christian Lesaec, quien anunció que impugnarían el auto en cuestión.

En el recurso de apelación, la asociación reclama que se investiguen, además de los homicidios y lesiones imprudentes, los otros tres posibles delitos que citaban en su querella: los daños imprudentes, la omisión del deber de socorro y el delito de prevaricación omisiva. "No es el objetivo de la fase de instrucción tomar la decisión, en una etapa tan embrionaria del proceso penal, de si existen pruebas o no para decidir sobre la comisión delictiva", señala el escrito presentado, que incide en que lo primero debe ser "analizar si los hechos expuestos" son "susceptibles" de incluirse bajo los delitos expuestos. Pero en este caso considera que no se ha hecho "esfuerzo alguno" por realizar este análisis previo.

Al centrarse en los dos posibles delitos mencionados, la instructora solicitó a los querellantes que justificaran su condición de familiar de un fallecido o de lesionados como consecuencia de la Dana. Pero a juicio de la asociación "no se puede limitar" a estos requisitos la condición de querellante porque quedarían fuera, por ejemplo, aquellos que "hayan tenido únicamente lesiones psicológicas". Cabe recordar, al respecto, que la jueza señaló en su auto que "el análisis de los daños psicológicos se produce exclusivamente" respecto a las muertes y las lesiones.

Daños materiales

Pero quizá el apartado con más enjundia es el de los daños materiales, pues la asociación cree -"con estricto respeto"- que la jueza los excluye de la instrucción para "evitar una macro causa con miles de partes personadas", y con ello está "imponiendo" a los afectados acudir a los juzgados de lo contencioso. En ese sentido, apunta que se "pretende solo investigar de manera selectiva ciertos delitos" pese a que deberían investigarse juntos "al existir un vínculo entre sí", y que "se quiere dar más importancia a unos delitos que a otros". "Resulta muy grave que no se permita a muchos afectados acceder al presente procedimiento por el mero hecho de haber sufrido solamente daños materiales", insiste el escrito.

Además, expone que el auto de la jueza llega a "la precipitada conclusión de que no existe imprudencia en los daños materiales" y que los daños materiales no eran evitables. Y es aquí donde la asociación trae a colación las obras que la CHJ tenía pendientes en el barranco del Poyo así como su presunta falta de mantenimiento. Así, tras mostrar múltiples imágenes de la noche de la catástrofe y citar a académicos, expertos y los propios proyectos de obras de la Confederación, la asociación ve "más que evidente" que la falta de limpieza de los cauces y arroyos y la "falta de construcción de actuaciones estructurales para minorar los riesgos de desbordamiento" tienen una relación directa con los daños en los bienes.

Pero también la alarma tardía a los ciudadanos, porque si se hubiera enviado antes, señala la asociación, "a los ciudadanos les habría dado tiempo para sacar sus coches de los garajes y llevarlos a zonas altas de las poblaciones o a poner a salvo la documentación de los propios vehículos, y sacar de las viviendas la documentación más importante, sus recuerdos y los electrodomésticos de mayor valor como televisores, pequeños electrodomésticos, ordenadores, etcétera, que se habrían salvado". Por lo que aseguran que hay un "claro nexo de causalidad" entre la demora en el aviso y "los daños provocados, en este caso, en los enseres y viviendas de los ciudadanos".

Omisión de socorro y prevaricación omisiva

En cuanto a la omisión del deber de socorro, el auto señalaba que este delito quedaría absorbido "por la actuación negligente que resultó en el fallecimiento y en las lesiones", por lo que acabaría entrando dentro de los dos delitos que ya se investigan. Pero, para la asociación, hay que analizarlo como un delito independiente porque, subraya, "nada tiene que ver" el hecho de que hubiera fallecidos y lesionados con el hecho de que ya a las 15h "existían personas desamparadas y en grave peligro [...] que estaban precisando el auxilio de los diferentes entes públicos, que a pesar de conocer dicha situación no actuaron en consecuencia".

Por otra parte, la jueza no se cerraba en su auto a investigar el delito de prevaricación omisiva, aunque antes requirió que los querellantes de la asociación acreditaran su condición de lesionados como consecuencia de lo ocurrido. Al respecto, la asociación subraya que ni la ley ni la jurisprudencia fijan este requisito, pero aún así se ha presentado un listado de querellantes que son familiares de víctimas o lesionados, por lo que cree que "no habrá impedimento" para que se admita la querella respecto a este delito.