ALICANTE. Las indagaciones para determinar la posible existencia de fraude o indicios de delito en la gestión de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 quedan definitivamente en manos de la justicia. Los fiscales Anticorrupción de Alicante derivaron este lunes a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza número 5 las actuaciones practicadas hasta el momento, a partir del análisis de las cuatro denuncias planteadas ante la Fiscalía. Se trata de los escritos de manifestación de hechos registrados por Sumar; por el grupo municipal del PSOE; por el equipo de gobierno, del PP; y por la Conselleria de Vivienda, como viene informando este diario.

El movimiento de la Fiscalía responde a la solicitud cursada por la titular de dicho juzgado el pasado 11 de febrero, a través de un auto por el que se hacía cargo de las diligencias, después asumir por turno de reparto la denuncia presentada por Manos Limpias en relación a los mismos hechos. Esa última denuncia se dirigía contra diez personas concretas. Se trata, en primer lugar, de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), que presentó su dimisión días después de que trascendiese que era una de las socias cooperativistas que había comprado una de las viviendas; de la exdirectora general de Organización Interna, que también renunció a ese cargo para regresar a su plaza como jefa del área de Contratación al conocerse que dos de sus hijos y un sobrino también adquirieron tres de esos pisos; y de un arquitecto municipal que también obtuvo un piso como socio cooperativista y que participó en las reuniones de seguimiento del contrato de venta de la parcela municipal.

Además, la denuncia también se dirige contra una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó todos los contratos de los 140 compradores. A ellos se suma otro funcionario municipal sin identidad definida (al que Manos Limpias le atribuye el puesto de jefe del servicio de viviendas), así como el notario que firmó los contratos de escritura de compra de los pisos, y cuatro representantes de la cooperativa Residencial Les Naus: el administrador, el presidente, la secretaria y la vicepresidenta. El escrito de Manos Limpias les considera a todos ellos responsables de cuatro delitos: falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios.

A la vista de esa denuncia, la magistrada acordó incoar diligencias previas y recabar de la Fiscalía los procedimientos abiertos "en virtud de las denuncias formuladas sobre los mismos hechos" con la intención de "unificar en el presente procedimiento todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para un conocimiento íntegro y su tramitación procesal". Y ese es el trámite al que los fiscales Anticorrupción de Alicante, Pablo Romero y Fran Marco, dieron trámite este lunes, sin que haya trascendido si, finalmente, al margen de transferir las cuatro denuncias y su análisis al respecto, también se había dado el paso de convertir esas diligencias preliminares de investigación en una denuncia formal propia. Como informó este diario, ese era un de los escenarios posibles para los que se había elevado consultas a la Fiscalía Especial Anticorrupción en Madrid.

En cualquier caso, en los dos supuestos (inhibición o registro de denuncia propia), la revisión inicial de las denuncias había llevado a los fiscales a poner el foco fundamentalmente en el proceder del funcionario de la Conselleria de Vivienda que validó los contratos, ya expedientado por el departamento autonómico una vez que se constató que pudo haber beneficiado a su esposa al visar su contrato de compra sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) a pesar de que también debían computar como miembro de la misma unidad familiar conviviente en la vivienda adquirida. Eso sí, también se contemplaba la posibilidad de que, en caso de que se optase por presentar denuncia, se apuntase también a otras personas que, presuntamente, pudieron haber comprado una vivienda sin cumplir los requisitos establecidos para acceder a una VPP (tener unos ingresos anuales inferiores a los 54.600 euros y no disponer de otra vivienda en propiedad), o que interviniesen en el procedimiento de subasta de la parcela y maniobrasen de algún modo en su propio beneficio directo o en el de sus familiares.

Sea como fuere, los trabajos previos desarrollados por Anticorrupción hasta ahora no habían conllevado la solicitud de documentación oficial respecto a los expedientes de venta del solar o de la concesión de licencia, ni tampoco sobre los trámites seguidos por la cooperativa o por la Conselleria de Vivienda en los visados de los contratos, y en su comprobación actual. De igual modo, tampoco consta que la magistrada instructora haya acordado ninguna diligencia adicional hasta ahora que conlleve el estudio de documentación o la práctica de posibles declaraciones de implicados en la tramitación de las viviendas. 

Las otras investigaciones: administrativas y políticas

Entre tanto, prosiguen su curso el resto de indagaciones activadas en relación a la gestión de las VPP objeto de controversia. En primer término, el Ayuntamiento de Alicante mantiene abiertos los expedientes internos respecto a los dos arquitectos municipales que compraron pisos en el residencial del distrito de Playa de San Juan con el propósito de determinar si pudieron incurrir en un conflicto de interés o tomar alguna decisión ejecutiva en beneficio propio y, en consecuencia, acordar la imposición de medidas disciplinarias, como la suspensión de empleo y sueldo acordada para el funcionario de la Conselleria de Vivienda. 

Se trata de los dos únicos casos de empleados municipales sobre los que podría estudiarse algún tipo de penalización, después de que el equipo de gobierno haya descartado la conducta irregular de hasta otros 9 funcionarios que también compraron viviendas en Residencial Les Naus, tras cerrar el proceso de averiguación interna emprendido hace una semana, como informó este diario.

Al tiempo, el departamento autonómico de Vivienda mantiene los expedientes de comprobación de los visados de las viviendas a la espera de que la cooperativa y algunos de sus socios a título individual aporten la documentación adicional requerida después de que se detectase "omisiones de información" a la hora de valorar si cumplían las condiciones para comprar una VPP. Esa situación se daría en alrededor de una decena de casos. El plazo para remitir esa documentación expirará el próximo lunes, según concretó este lunes la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, quien, además, añadió que se seguía analizando otros parámetros para desentrañar posibles fraudes relacionados con la venta o el alquiler de los pisos, sin disponer de la autorización previa de la propia conselleria.

Además, apuntó que se había emplazado al Ayuntamiento de Alicante a detallar la identidad de las personas empadronadas en las 140 viviendas para cotejar si se trataba de terceras personas ajenas a los compradores. En esta línea, indicó que también se había instado al Ayuntamiento para que la Policía Local girase visitas para comprobar si en los tres pisos para los que se había solicitado la exención de establecer la residencia en el plazo de seis meses desde la firma de la escritura podrían estar viviendo otras personas. Por último, apuntó que también se estaba cotejando las identidades de socios compradores con los inscritos en el Registro de la Propiedad.

Al margen de ello, todavía debe constituirse tanto la comisión de fiscalización aprobada en el Ayuntamiento de Alicante para analizar la subasta del suelo y la gestión posterior de ese contrato, así como la comisión de investigación promovida a instancias de PSPV, Compromís y Vox en les Corts para analizar los mismos hechos. Hasta ahora, en el caso de la comisión municipal, solo se ha abierto el plazo para que los cinco grupos políticos representados en el ayuntamiento indiquen quiénes serán sus representantes en ese foro de análisis.