Alicante

Barcala guarda silencio sobre las VPP de Les Naus: alega que ya respondió sobre sus decisiones

El alcalde se limita a señalar que ya compareció en pleno en febrero para ofrecer el relato cronológico de las gestiones adoptadas entre el 15 de enero, cuando Patrimonio alertó de la supuesta incompatibilidad en la compra de las viviendas, y el día 27, cuando ordenó una averiguación de hechos. La edil de Patrimonio responde que su gestión fue esperar un informe detallado por escrito.

  • Los ediles de Alicante, en un momento del pleno.
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ALICANTE. Sin más explicaciones que las ya aportadas en febrero. Ese ha sido el balance de la respuesta ofrecida por el alcalde, el popular Luis Barcala, en el pleno de junio, celebrado este lunes, a la pregunta formulada por el grupo socialista respecto al relato cronológico de las decisiones que se adoptaron en relación a la polémica sobre la compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre los años 2018 y 2022 desde el momento en el que se puso en conocimiento de la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, sobre la existencia de una posible incompatibilidad o conflicto de interés respecto a la identidad de algunos de los compradores de los 140 pisos construidos en esa promoción (como la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret o los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, entre otros).

La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha insistido en que, desde que trascendió la controversia, el primer edil ha permanecido sin explicar qué paso en ese plazo de doce días transcurrido desde que el 15 de enero la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, alertó a Beldjilali en una reunión presencial, sobre esas supuestas anomalías -detectadas en la fase final de comprobación sobre la entrega de las viviendas, para garantizar el cumplimiento del contrato de enajenación del solar- y el día 27, cuando se produjo la apertura del expediente de averiguación de hechos ordenada por el alcalde para tratar de esclarecer los hechos. Así, le ha cuestionado si podía ofrecer un relato cronológico sobre los hechos registrados en ese plazo, a la vista de que se ha ido conociendo la existencia de envíos de correos entre distintos servicios municipales o de informes modificados, aunque "seguimos sin saber lo esencial: quién supo qué, quién decidió qué, quién dio instrucciones", ha argumentado.

El primer edil ha asegurado que sí podía dar respuesta a esa pregunta. Aunque, acto seguido, ha señalado que, de hecho, ya lo había hecho "con lujo de detalles" durante su comparecencia en el pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de febrero. Y a esas manifestaciones se ha remitido, sin aportar ninguna aclaración adicional. "Me remito a las explicaciones que di entonces", ha asegurado, sin llegar a ofrecer más explicaciones.

Con todo, no ha sido la única ocasión en la que el debate plenario ha girado en torno a la polémica sobre Les Naus. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha cuestionado a la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, sobre el procedimiento y acciones que siguió la Concejala de Patrimonio desde el preciso instante en que la jefa de servicio le comunicó y le alertó de las presuntas incompatibilidades en Les Naus, hasta que el alcalde fue avisado doce días después. Al respecto, Mas ha sostenido que solo concebía la hipótesis de la incompetencia o la del encubrimiento, si no adoptó ninguna medida al respecto. "Cuesta entender", ha dicho Mas, que Beldjilali fuera conocedora del "escándalo" y que no lo comunicara de inmediato "a la cuarta planta", en alusión a la ubicación del despacho de Alcaldía en el edificio consistorial.

En cualquier caso, la respuesta de Beldjilali ha sido tan o más escueta que la ofrecida por Barcala. En esta línea, se ha limitado a señalar que lo que hizo fue "esperar a la emisión de un informe en el que se detallasen los hechos" antes de dar ningún otro paso posterior, como podría haber sido dar traslado de esa información al alcalde, Luis Barcala. En principio, ese informe por escrito sería el que emitió la propia jefa de Patrimonio, del que dio traslado a la Secretaría general, sobre el que persisten dudas respecto a los motivos por los que pudo sufrir modificaciones, como la eliminación de los nombres concretos de las personas vinculadas al ayuntamiento que compraron pisos en Les Naus. Por lo pronto, en los correos remitidos al juzgado que instruye las diligencias sobre las presuntas anomalías, la jefa de Patrimonio da a entender que había retirado esos nombres por indicación del vicesecretario municipal, German Pascual, que ejerce funciones de secretario ante la vacante de esa plaza de habilitado nacional que se arrastra desde hace cerca de veinte años.

  • La edil de Hacienda, Patrimonio y Cultura, Nayma Beldjilali. -

 

Y la controversia sobre Les Naus ha vuelto a emerger en el debate en una tercera ocasión en el mismo turno de ruegos y preguntas. En concreto, en la respuesta ofrecida por el alcalde, Luis Barcala, respecto a una pregunta formulada por el portavoz municipal de Compromís en el pleno de mayo con la intención de saber en qué fechas se reunió con los representantes de la cooperativa de Les Naus, y con qué fin, a colación de las manifestaciones formuladas por el responsable de la entidad gestora de la cooperativa (Fraorgi), Francisco Ordiñana, durante su declaración en el juzgado, en calidad de investigado. En cualquier caso, la contestación tampoco ha sido mucho más extensa que las dos anteriores. El primer edil ha señalado que esa supuesta reunión no se había producido y que tampoco se tenía constancia de que se hubiese solicitado. "En relación con las reuniones o supuestas reuniones a las que se hizo referencia en esa pregunta, esas reuniones nunca se produjeron entre responsables de Fraorgi y yo. De hecho, no tenemos ni siquiera constancia de que hubieran sido solicitadas", ha respondido Barcala durante su intervención.

Barcala niega haber mantenido una reunión con el representante de la gestora de la cooperativa de Les Naus, como había declarado su administrador ante la jueza que instruye las diligencias sobre el caso

También en el mismo turno de ruegos y preguntas, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha contestado a otra pregunta formulada por la edil socialista, Silvia Castell, respecto a si se prevé presentar proyectos para construir vivienda pública accesible para todas las familias y la juventud, y si para ello se va a acoger a la financiación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En esta línea, De Juan ha señalado que sí, con o sin el Plan Estatal de Vivienda, tras señalar que hasta tres comunidades autónomas han llevado ese plan al Tribunal Supremo (TS). Además, ha recriminado a los grupos del eje progresista que no construyesen ninguna vivienda pública durante el periodo del Consell del Botànic. Además, ha sostenido que el Ayuntamiento de Alicante acababa de recibir el premio en la categoría de Edificación Sostenible en obra nueva por el nuevo bloque de 15 viviendas para alquiler joven de El Portón en el Casco Antiguo, otorgado por la Asociación de Gestores de Vivienda y Suelo (AVS).

La edil de Turismo, Ana Poquet, también ha contestado a una pregunta formulada por la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, respecto a cuál había sido el motivo por el que el servicio de baño accesible no se ha implantado en las playas de Alicante desde el 1 de junio, después de que el propio alcalde, Luis Barcala, hubiese pedido disculpas sobre ello. Poquet ha apuntado que el contrato actual no lo permite y que ya se ha manifestado el compromiso de incluir el anticipo en su puesta en funcionamiento con la próxima licitación.

De igual modo, el edil de Limpieza, Rafa Alemañ, ha respondido a otra pregunta registrada por el edil socialista Raúl Ruiz, respecto a si el equipo de gobierno tiene prevista la implantación de refugios climáticos y garantizar el sombraje en espacios críticos de Alicante con el fin de mitigar los efectos de las altas temperaturas que vienen registrándose. Alemañ ha sostenido que ya se han llevado a cabo distintas actuaciones al respecto como la plantación de arbolado de gran copa en algunos puntos de la ciudad.

Además, Alemañ también ha contestado a otra pregunta formulada por el edil de Vox, Óscar Castillo, respecto a si se prevé ejecutar un plan integral de mejoras en la zona de Miriam Blasco e Historiador Vicente Ramos ante el deterioro del pavimento o el estado deficiente de su jardinería. Alemañ ha sostenido que se está trabajando en un plan de actuación concreto sobre esa zona, para conocer las necesidades reales, tras señalar que ya se había comprometido un plan de retirada de hojas en el distrito de Playa de San Juan, a requerimiento de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos. 

Por su parte, el edil de Sanidad, Luis Morata, ha respondido a otra cuestión formulada por el concejal de Vox, Juan Utrera, sobre qué medidas se pretendía efectuar para atajar la plaga de mosquitos detectada en la actualidad. Morata ha señalado que se llevan a cabo trabajos preventivos periódicos "a criterio de los técnicos", tras señalar que el ayuntamiento puede actuar sobre propiedades públicas, no privadas, y que la proliferación de mosquitos no es una cuestión limitada al ámbito territorial de una ciudad.

El edil de Seguridad, Julio Calero, ha contestado a otra pregunta planteada por el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, sobre cuál va a ser la distribución por servicios de los agentes de la Policía Local en la ciudad de Alicante en los meses de julio y agosto, tras advertir sobre la falta de plazas. Calero ha señalado que la pregunta sobre los posibles refuerzos habría que plantearla al Gobierno Central, que impide convocar nuevas plazas de agentes. Con todo, ha detallado que el operativo planteado por su departamento prevé la disposición de medios suficientes para dar cobertura todos los servicios necesarios. 

El vicealcalde y edil de Contratación, Manuel Villar, ha contestado a otra cuestión formulada por el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, sobre cuándo se prevé convocar la comisión no permanente del pleno que tiene por objeto auditar el servicio de limpieza y gestión de residuos convocar la celebración de una sesión de la misma. Mas había insistido en las deficiencias que, a su juicio, persisten en la prestación del servicio, a pesar del aumento de costes de la prestación. Villar ha sostenido que esa comisión se convocaría, previsiblemente, a finales de este mes de julio, tras felicitarse de que Mas haya aludido, en su intervención previa, a la necesidad de llevar a cabo campañas de concienciación. Además, ha destacado que se acaba de aprobar la tercera modificación del contrato de limpieza viaria con la que se pretende mejorar el servicio que se presta en el conjunto de los barrios.

Alemañ también ha contestado a otra pregunta formulada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, sobre qué actuaciones de prevención, seguimiento y control de plagas se han llevado a cabo sobre las jacarandas y tipuanas en el último año, especificando los tratamientos que se han aplicado, con el fin de atajar los problemas de suciedad que genera la melanza excretada por los pulgones que le afectan. Alemañ ha sostenido que Alicante es una de las ciudades que dispone de mayor número de ejemplares de esa especie y que, por eso, se aplica un programa anual de prevención de plagas para minimizar ese problema.

La edil de Estadística, Lidia López, ha contestado a otra pregunta formulada por Copé respecto a qué medidas concretas y urgentes va a adoptar el equipo de gobierno para evitar el "colapso" de la OMIC. López ha negado la existencia de tal colapso, tras precisar las gestiones realizadas por el servicio y la dotación de personal disponible.

Fogueres y retirada de vías del tren en San Gabriel

El alcalde, Luis Barcala, ha respondido a otra pregunta 'in voce' formulada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a qué medidas concretas se había adoptado para garantizar la seguridad durante las fiestas de Fogueres, en actuaciones concretas como la vigilancia de la Playa de El Postiguet durante la noche del 23 al 24 de junio, después de exponer la situaciones de incremento de afluencia de visitantes y de ejemplos de saturación que se habían generado en puntos como el entorno del Teatro Principal, por ejemplo. Al respecto, Barcala ha sostenido que se habían llevado a cabo 5.000 servicios policiales con momentos en los que se había contado con 350 agentes. Sobre el operativo en la playa de El Postiguet, ha sostenido que el operativo previsto era para evitar el encendido de hogueras en la arena, no para evitar el acceso del público. En todo caso, ha insistido en que no podía trasladarse una imagen como si se hubiese registrado un caos o una debacle cuando las fiestas han concluido sin que haya registrado ningún incidente de consideración.

Por último, el alcalde también ha contestado a otra pregunta formulada por el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, respecto a qué medidas concretas se preveía implementar para mejorar la situación de la playa de San Gabriel, dada la situación de suciedad y de falta de servicios que, a su juicio, adolece en la actualidad, a pesar de su reconocimiento como playa. Se trata, de hecho, de una queja también expresada por los vecinos este mismo lunes. El primer edil ha respondido que el objetivo del equipo de gobierno era que ese arenal tuviese los mismos servicios que el resto de playas de la ciudad. En este sentido, ha señalado que, este mismo lunes, se estaba celebrando una reunión entre representantes vecinales y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que se preveía comunicar las gestiones emprendidas para adelantar los plazos de retirada de las vías del ferrocarril sobre el litoral sur, lo que facilitaría la mejora de la limpieza de la playa al permitir el acceso de maquinaria en la zona de arena. 

Modificación de crédito

Con carácter previo, el pleno ha aprobado de forma definitiva la primera modificación de crédito del presupuesto municipal de 2026 por un importe global de más de 3,5 millones (con la que se prevé saldar 1,2 millones en intereses pendientes, así como la reasignación de fondos para llevar a cabo las obras de reurbanización de la Plaza del Ayuntamiento), tras el rechazo de la única alegación presentada por el sindicato SEP durante el periodo de exposición pública después de su aprobación inicial. La edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha expuesto que la objeción presentada por el sindicato no se ajusta a los supuestos técnicos establecidos para que pueda ser admitida, por lo que ha justificado su desestimación.

Por su parte, los portavoces de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, y de Compromís, Rafa Mas, han criticado que se rechace las aportaciones de los representantes de los trabajadores municipales y que se utilice la partida de Personal como un comodín para cubrir otros gastos sin tener en cuenta las necesidades de plantilla. Así, Mas ha incidido en la falta de agentes de policía y en el deterioro de los servicios públicos municipales, como la limpieza viaria, mientras se destinan fondos a las fiestas, según ha incidido. 

Por Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha considerado que la modificación era positiva tras destacar que se incorporaban algunas de las medidas propuestas por su partido, como la instalación de baños públicos. Y por el PSOE, la edil Silvia Castell se ha cuestionado por qué no se había utilizado los 1,2 millones previstos para incorporar plantilla. "En la práctica, esto demuestra un recorte", ha señalado, en alusión al contenido de la alegación planteada por el SEP. "El PP no ofrece una justificación real sobre por qué se retiran estos fondos", ha insistido. Así, se ha cuestionado por qué no se cubren todas las plazas vacantes o no se sacan las bolsas de trabajo con la previsión suficiente. "Los sindicatos y el PSOE pedimos transparencia, que es lo que le falta al PP, como lo estamos viendo con el caso de Les Naus, sobre el que el señor Barcala lleva meses sin querer pronunciarse", ha dicho.

Además, ha señalado que la instalación de los baños públicos tendrá que retrasarse hasta el próximo verano y ha recriminado que tampoco se incluyen medidas necesarias para paliar el problema de la vivienda en la ciudad. Así, ha apuntado que lo único que se ha hecho al respecto es mover el dinero de una partida a otra, sin incrementarlo. Castell ha insistido, ya en el turno de réplica, que tampoco se está haciendo "nada para cubrir vacantes en policía, bomberos o urbanismo" mientras Vox se dedica "a avalar todo lo que hace el PP", ha recalcado, para volver a sus críticas respecto al "escándalo de Les Naus" que, según ha dicho, el alcalde pretende esconder, con el beneplácito de Vox.

Para cerrar el debate, Beldjilali ha cuestionado a Copé por qué no presentó enmiendas al presupuesto y ha añadido que, en estos momentos, hay en marcha "más de cuarenta procesos de selección de personal". Además, ha asegurado que los propios técnicos municipales del área de Recursos Humanos han apuntado señalan en su informe que la redistribución de fondos de Personal, no comprometería la cobertura de ninguna plaza. A la postre, la modificación de crédito ha quedado aprobada de forma definitiva con los votos de PP y Vox y el voto en contra de PSOE, Compromís y EU Podem.

La modificación de crédito permitirá que se pueda acometer la ejecución de las obras para peatonalizar la plaza del Ayuntamiento, donde ya está restringido el tráfico al transporte público; el proyecto de demolición de una vivienda en la calle Roselló, en el barrio de Altozano, que incluye también la reurbanización de la zona con la creación de una acera y calzada, así como de una pequeña plaza; la reparación de una pérgola en la isla de Tabarca; el suministro e instalación de juegos infantiles adaptados y la instalación de aseos públicos autolimpiables en zonas turísticas. Estas últimas medidas son fruto de los acuerdos presupuestarios alcanzados con el grupo municipal Vox.

Día del Orgullo sin Vox

Ya en el turno de debate sobre las declaraciones institucionales, se ha debatido una primera declaración Institucional conjunta presentada por los grupos municipales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem en defensa de la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+ con motivo del Día Internacional del Orgullo de 2026. El texto manifestaba el compromiso de la ciudad de Alicante con la defensa de los derechos humanos, la igualdad real y efectiva y la plena inclusión de las personas LGTBIQ+, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. También el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alicante a la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en nuestra ciudad, reconociendo su contribución a la visibilización de la diversidad, a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de una sociedad más libre, igualitaria e inclusiva.

En su defensa, el edil socialista Emilio Ruiz, ha incidido en la necesidad de que las personas homesexuales tengan la capacidad de "vivir sin miedo". En términos similares, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha insistido también en que cada año existen miles de personas que son discriminadas por su condición sexual a pesar de las leyes que, supuestamente, deberían evitar esa discriminación en forma de insultos y de marginación. Además, también ha alertado de la existencia de recortes, por lo que ha insistido en la necesidad de "seguir en la lucha" y en la reivindicación. El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha recalcado que no podía darse "ni un paso atrás" en la protección de los derechos de los homosexuales.

  • Los ediles de Vox en Alicante, en el pleno. -

 

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha anticipado su voto en contra al sostener que la declaración no buscaba condenar la violencia o la discriminación, en la que estamos de acuerdo, sino que busca que el ayuntamiento adopte una agenda política concreta. En este sentido, ha sostenido que las instituciones no están para "adoctrinar" con la puesta en marcha de las iniciativas propuestas en la iniciativa del eje progresista. Además, ha señalado que ya existe una abundante legislación que protege los derechos de los homosexuales. "Lo que necesitan los alicantinos no son declaraciones políticas, sino más vivienda pública", ha señalado. Todo, después de reprochar que se pretenda crear "observatorios" e incrementar el gasto público. 

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha cerrado el turno de intervenciones para felicitar, en primer término, el trabajo desarrollado por los colectivos LTBI y ha señalado que el Ayuntamiento ya ha desarrollado el primer plan LGTBI que ahora debe analizarse respecto a los resultados alcanzados para poner en marcha un segundo plan sobre el mismo ámbito. Al respecto, ha coincidido con Robledillo para precisar que no se pueden plantear propuestas de contenido ideológico. En todo caso, ha señalado que el PP votaría a favor de la declaración. Así, la iniciativa ha prosperado con los votos de PP, PSOE, Compromís y EU Podem y los únicos cuatro votos en contra de Vox.

En segundo término, se ha debatido una declaración institucional promovida por el PSOE por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra 20 de junio de 2026. La edil socialista Victoria Melgosa ha defendido que Alicante es una ciudad de acogida y que cabía luchar contra la marginación o la discriminación de ciudadanos "frente a los discursos de odio de la ultraderecha". En esa línea se ha pronunciado también el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, que, además, ha aprovechado su intervención para agradecer el voto favorable del PP a la iniciativa respecto al Día del Orgullo. En esta línea, ha sostenido que la iniciativa socialista sobre el reconocimiento a los refugiados "es tan de sentido común que nos cuesta creer que Vox pueda oponerse". El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha coincidido en la posición de PSOE y EU Podem para sostener la necesidad de protección de los refugiados. Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha diferenciado entre el derecho al asilo y la migración. Y el edil de Seguridad y Migración, Julio Calero, ha defendido el compromiso de Alicante con los refugiados, aunque ha señalado que no podía admitirse una declaración de contenido político. De este modo, la propuesta ha quedado rechazado con 11 votos a favor y 18 en contra.

Corrupción nacional

Tras un receso (en el que se ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas de los terremotos de Venezuela), se ha debatido la primera de las declaraciones institucionales registradas por Vox, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz municipal de los voxistas, Carmen Robledillo, ha repasado los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha recurrido al discurso habitual de su partido en el que se acusa al ejecutivo central de favorecer la migración irregular, lo que, a su juicia, genera problemas de seguridad, así como los pactos con formaciones "separatistas". "Desde Vox decimos basta a la corrupción y a las cesiones", ha dicho, para solicitar la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones. 

En el turno de intervenciones, el portavoz de EU Podem, Copé, ha expresado su rechazo a cualquier ejemplo de corrupción. Después, ha sostenido que la iniciativa era un "mitin", no una propuesta para plantear mejoras en las condiciones de vida de la ciudadanía. Además, ha apuntado a los casos de supuesta corrupción que afectarían a Vox y la expulsión de quienes han tratado de denunciar esas anomalías. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, también se ha posicionado en contra de cualquier ejemplo de corrupción y ha reprochado a Vox que no defendiese los intereses de Alicante y que se dedicase a criticar al Gobierno de España. Además, ha criticado que Vox exigiese la dimisión de Barcala por Les Naus inicialmente para después seguir apoyándolo, y que el partido sustentase a Carlos Mazón tras la dana. De igual modo, ha recordado los casos de corrupción del PP y los que también afectarían a Vox, como la gestión de fondos de la organización Revuelta.

Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha coincidido en que "la corrupción debe combatirse siempre, sin excepciones" y "sin convertir el ayuntamiento en un instrumento de confrontación cuando se guarda silencio sobre otras cuestiones que afectan a esta Comunitat y a esta ciudad", entre las que ha enumerado la gestión de la dana o la crisis de las VPP de Les Naus, en la que se ha blindado la participación de miembros del Consell en la comisión de investigación creada en les Corts. De igual modo, ha insistido en que el pleno debería estar debatiendo sobre los problemas de Alicante. Por el PP, la portavoz del grupo popular Mari Carmen de España, ha recriminado la hipocresia de los representantes de la izquierda, tras argumentar que a los alicantinos "les afecta la corrupción" y recordar la falta de presupuestos generales. En el turno de votación, la iniciativa ha prosperado con los 18 votos a favor de PP y Vox y el rechazo de los 11 concejales de PSOE, Compromís y EU Podem.

Ese es el mismo resultado que ha deparado la segunda iniciativa registrada por Vox con la que se pretendía manifestar la necesidad de reforzar los medios, la protección y la operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, como también ha defendido Robledillo, después de recordar los casos de agentes fallecidos en acto de servicio. "No estamos hablando de ideología, hablamos de seguridad", ha dicho, para recriminar, después, que, en su opinión, el Gobierno no atienda las necesidades de refuerzos en el Instituto Armado. En las intervenciones, Copé ha lamentado que se plantee la instrumentalización del dolor por el fallecimiento de agentes y ha abogado por la proporcionalidad para procurar la seguridad ciudadana. "Medios materiales, sí, pero atajos legales, no", ha insistido.

Por Compromís, Sara Llobell también ha diferenciado entre la defensa de los trabajadores de la Guardia Civil y hacer política con ellos. Así, también ha coincidido en que merecen más medios materiales, como el resto de servicios públicos, para lo que, según ha remarcado, resulta necesario la recaudación de impuestos que permitan financiarlos, en contra de lo que sostiene Vox. Por el PSOE, Barceló ha mantenido un discurso similar, coincidiendo en la necesidad de aumentar sus recursos. Con todo, ha sostenido que el Gobierno ha aumentado los medios destinados en Alicante, donde se ha ampliado su plantilla por encima de los 3.000 agentes. Además, se ha referido a la apuesta por la construcción de la nueva Comandancia. Por último, ha insistido en que el debate debería plantearse en el Congreso, con la incorporación de propuestas que Vox no plantea, según ha dicho. Por el PP, el edil de Seguridad, Julio Calero, ha reconocido el trabajo de la Guardia Civil, se ha unido al dolor de las familias de las víctimas, y ha instado al Gobierno a incrementar los medios de la Guardia Civil, a pesar de que "no le guste la labor de la UCO", ha añadido, en alusión a las investigaciones efectuadas sobre el PSOE. En último término, la iniciativa ha quedado aprobada por PP y Vox, con el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Asistencia primaria y valenciano

La primera de las declaraciones institucionales promovida por Compromís trataba de instar a la Conselleria de Sanidad a modificar la dotación de personal para habilitar la apertura del Consultorio Médico Auxiliar de Urbanova durante todo el año con el propósito de proporcionar la cobertura necesaria a los residentes de ese barrio, que sigue incrementando vecinos, según ha defendido la edil Sara Llobell. "Pedimos algo muy sencillo: que la conselleria ponga el personal necesario para mantener el servicio todo el año" y que se procuren las dependencias adecuadas, ha sostenido. Copé ha sostenido que la mejora de la atención sanitaria primaria de Urbanova durante todo el año es una reivindicación largamente planteada por los vecinos y ha coincidido en la necesidad de que se aplique esa mejora. Por Vox, el edil Juan Utrera ha sostenido que la iniciativa de Compromís no aporta ningún estudio que justifique ese refuerzo ni el coste que supondría. Además, ha defendido el aumento del gasto sanitario de la Comunitat que supondrá la aprobación de los presupuestos autonómicos con los votos de Vox, mientras se sigue favoreciendo la "política de puertas abiertas" que incrementa la población a la que atender.

Por el PSOE, Barceló ha sostenido que la sanidad no es un gasto, sino una inversión, y ha sostenido que los migrantes son los que menos usan la sanidad "por temor". Además, ha sostenido que no se trata de plantear la construcción de un centro de salud, sino que el consultorio funcione de forma permanente, puesto que Urbanova ya contaría con 800 vecinos que residen allí durante todo el año. Por el PP, el edil de Sanidad, Luis Morata, ha dicho compartir la preocupación por la mejora de los servicios sanitarios, pero ha lamentado que se haya planteado ahora y no con antelación. Además, ha sostenido que en Urbanova no se alcanzaría la población necesaria para que el centro auxiliar se pueda convertir en consultorio permanente y que, tras contactar con la Conselleria de Sanidad, se habría concluido que se presta el servicio necesario a través del consultorio de San Gabriel, sobre el que ha anunciado la próxima puesta en marcha de una inversión de 6,5 millones para mejorar su funcionamiento en el nuevo emplazamiento: el edificio del antiguo supermercado adquirido por el Ayuntamiento. Además, ha sostenido que los recursos son finitos. De este modo, la iniciativa ha quedado rechazado con los votos de PP y Vox, frente a los votos favorables de PSOE, Compromís y EU Podem.

La segunda de las propuestas planteadas por Compromís aspiraba a instar al Consell a implantar y regular la figura del Administrador de Fincas de Oficio porque "no todas las comunidades de vecinos puedan costearse la contratación de un administrador", ha argumentado el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, quien ha incidido en que no resulta fácil acceder a las ayudas habilitadas para ello. Así, ha planteado que se firme un convenio con la Generalitat para que pueda disponerse de ese servicio. Por EU Podem, Copé ha respaldado la iniciativa al ratificar los problemas que deben afrontar las comunidades de vecinos, especialmente, en zonas vulnerables. Así, ha sostenido que con ello se podrían adoptar medidas preventivas en los edificios. Por Vox, Robledillo ha reconocido la existencia del problema, pero ha considerado que la solución propuesta no era la correcta. En este sentido, ha sostenido que los propietarios tienen derechos pero también obligaciones y deben ser los titulares de una propiedad privada quienes asuman su mantenimiento. "Defendemos actuar sobre la ocupación, combatir la presión fiscal y promover la rehabilitación de barrios, pero no crear una nueva red administrativa" que genere burocracia y más gasto público, ha insistido.

Por el PSOE, la edil Silvia Castell se ha referido a la situación del proyecto de regeneración de viviendas en Virgen del Remedio, para señalar que no se logró sumar a más propietarios a ese proyecto por la falta de administrador de fincas, que sí se podía haber dispuesto con el servicio habilitado por el Consell y que se extinguió en 2024. Así, ha apuntado el riesgo a que se acaben perdiendo las ayudas europeas a ese proyecto, para añadir, también, su crítica a la gestión de suelo público para la promoción de VPP, dejando la entrega de los pisos en manos de los promotores. Por el equipo de gobierno, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha sostenido que ya existe un servicio de asesoramiento y gestión de propietarios gratuito en la Zona Norte. Además, ha apuntado que el COAFA ya ofrece ese servicio a comunidades vulnerables desde hace 14 años. De igual modo, ha sostenido que se estaba trabajando en un nuevo convenio para extender el convenio respecto a la Zona Norte al conjunto de barrios. En el turno de votación, la declaración ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox, frente a los de PSOE, Compromís y EU Podem.

La primera de las declaraciones institucionales registrada por EU Podem instaba a corregir los rótulos de la denominación de los viarios en valenciano y la actualización bilingüe de la guía urbana de Alicante, como ha defendido su portavoz, Manolo Copé, quien ha señalado que hay 151 rótulos incorrectos. "Estamos pidiendo que se cumpla la normativa vigente", entre las que ha citado la propia ordenanza municipal. "No planteamos una batalla identitaria, si no que se corrijan errores y que el valenciano pueda aparecer en la escena pública de manera digna, correcta y normalizada", ha apuntado. Por Compromís, Llobell ha resaltado que los rótulos viarios "explican también quienes somos y forman parte de nuestra historia colectiva". De ahí que haya considerado incomprensible que se escriban bien para atajar la "dejadez", puesto que es una situación que se ha denunciado desde el año 2021, y evitar que se pueda interpretar que "el valenciano no importa". En esta línea, ha recordado la iniciativa por Vox secundada por el PP para que Alicante dejase de considerarse territorio de predominio lingüístico valenciano. Por Vox, Ortolá ha reprochado que Copé haya realizado su intervención en "español", lo que, a su juicio, demostraría que "es lo que nos une". Así, ha considerado que la iniciativa era un ejemplo de la "batalla cultural" de la izquierda. Por último, ha considerado que los rótulos deben ser informativos y que cumplen esa función en castellano, no en valenciano que, según ha sostenido, "lo habla una minoría". 

Por el PSOE, Miguel Castelló ha defendido la corrección de la rotulación en defensa de la normativa y de "las tradiciones, de la cultura y de nuestras raíces", en contra de iniciativas como el cierre de la Oficina de Promoción del Valenciano, por ejemplo. De igual modo, se ha referido a la necesidad de dar cumplimiento a la ordenanza municipal de rotulación para respetar la lengua "oficial de esta Comunitat aunque a muchos no les guste". La edil de Estadística, Lidia López, ha expresado el compromiso firme del equipo de gobierno por el cumplimiento de la normativa. En este sentido, ha sostenido que la nueva rotulación de calles incorporan la doble rotulación en ambos idiomas y que ello supone un trabajo administrativo complejo de comprobaciones y de tramitaciones administrativas. Además, ha señalado que en los últimos dos años todos los nuevos rótulos se han instalado con esa doble denominación a través del contrato específico habilitado para ello. De este modo, la iniciativa ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox, pese al voto afirmativo de PSOE, Compromís y Vox.

La última de las iniciativas sujetas a debate, también a propuesta de EU Podem, trataba instar a la Conselleria de Sanidad a planificar y ejecutar un nuevo Centro de Salud Público y a la Conselleria de Educación la construcción de nuevos centros educativos públicos en la zona del PAU 5, en el distrito de Playa de San Juan. En concreto, el texto planteaba que se acordase planificar y ejecutar un nuevo centro de salud público en la zona de PAU 5 que permita descongestionar los recursos sanitarios existentes y atender adecuadamente al crecimiento poblacional previsto, o en primera instancia un consultorio médico. Y también elaborar un estudio actualizado de necesidades educativas en el PAU 5 y programar la construcción de nuevos centros educativos públicos, incluyendo al menos un colegio de Educación Infantil y Primaria y un Instituto de Educación Secundaria, garantizando plazas suficientes para la población actual y futura. Del mismo modo insta a la Generalitat a elaborar un Plan de Dotaciones Públicas para la zona que contemple las necesidades presentes y futuras derivadas de los desarrollos urbanísticos del PAU 5, Sector 2, Nueva Albufereta, Lomas de Garbinet y demás actuaciones previstas, incluyendo al menos la construcción de una nueva escuela infantil.

El portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha justificado la propuesta ante el incremento de población registrada en ese ámbito, en el que abundan los residentes jóvenes, para dar cobertura a las necesidades de sus residentes, como ha reivindicado el portavoz de la asociación de vecinos del PAU 5 en su intervención previa. Por Compromís, Llobell ha ratificado la posición de Copé y ha denunciado la ausencia de planificación previa, cuando se plantea la construcción de nuevas viviendas. En esta línea, ha lamentado que no exista un plan de infraestructuras educativas o sanitarias para evitar "un crecimiento urbanístico sin servicios". "Este gobierno llega tarde; no planifica, reacciona", ha sostenido. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha considerado que la propuesta era "un programa político" sin estudio técnico que lo respalde. Al tiempo, ha recurrido al argumento de la falta de medidas por parte del Consell del Botànic durante sus ocho años de gobierno. Por último, ha atribuido a Vox la presión para que pueda licitarse la obra del centro de salud de La Condomina.

Por el PSOE, Eduardo Rodríguez también ha abundado en la crítica por la falta de planificación previa de servicios, para poner como ejemplo la creación del colegio número 56 para atender la demanda de matriculación no cubierta en el barrio de Carolinas, por ejemplo. Se trata de una situación que ha extendido al conjunto de dotaciones públicas. "La ciudad crece pero no les dan los servicios jurídicos que se merece", ha sostenido, tras reprochar que el PP se haya dedicado a recriminar que el Consell del Botànic no hubiese actuado a lo largo de sus dos mandatos. "Lo que no hizo el Consell del Botànic", ha dicho, "fue repartir viviendas entre sus amigachos", ha sostenido. Por último, el edil de Sanidad, Luis Morata, ha sostenido que el Plan General Estructural (PGE) ya prevé la reserva de suelo suficiente para la instalación de centros educativos y centros sanitarios. En la votación, la iniciativa ha sumado unanimidad del conjunto de los grupos políticos.

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