VALÈNCIA. El juez instructor del caso Azud ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Jorge Bellver, que solicitaba la anulación de su condición de investigado en la causa que indaga una presunta trama de corrupción urbanística en València. En un auto al que ha tenido acceso este diario, el magistrado concluye que el escrito del actual director general de Relaciones con Las Cortes de la Generalitat Valenciana “no menciona infracción de norma jurídica alguna” y se limita a “mencionar genéricamente” el artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza la tutela judicial efectiva, “sin especificar la vulneración real y material supuestamente producida y una jurisprudencia genérica que no especifica”.

El recurso de Bellver, presentado el pasado viernes y al que tuvo acceso Valencia Plaza, sostenía que su imputación se había acordado “sin fundamentación de ningún tipo” y “atendiendo únicamente a la solicitud del Ministerio Fiscal”. Según su representación procesal, dicha petición partía de una “premisa errónea”, pues la Fiscalía hacía referencia a un auto de 2019, cuando el político popular era diputado de Les Corts Valencianes y, por tanto, aforado, por lo que el juzgado de instrucción “no tenía competencia” para acordar su investigación y únicamente podría haber sido asumida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La letrada de Bellver adjuntó al recurso una certificación del secretario general de Les Corts que acreditaba que el exedil ostentó la condición de diputado desde 2011 hasta 2023, al formar parte de la Diputación Permanente. “Durante este período -señalaba el escrito- el juez de instrucción carecía de competencia para acordar la investigación del señor Bellver”. Además, invocaba doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la tramitación de causas que afectan a aforados y reprochaba la “falta de motivación” de la providencia impugnada, que, a su juicio, “silencia totalmente cuáles serían los indicios que justificarían en este momento, tras más de ocho años de investigación, dirigir la investigación contra el dirigente” ni explica “qué ha cambiado” desde 2021, cuando el juzgado consideró que no existían indicios suficientes para elevar exposición razonada al TSJ. También alegaba la prescripción de los posibles delitos, situados en 2007, de modo que -sostenía- “los hechos estarían palmariamente prescritos”.

El fiscal Anticorrupción, en su informe de oposición al recurso, recordó que el juzgado autorizó en 2021 a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a continuar sus pesquisas “puesto que en el procedimiento hay otros investigados que no resultan afectados por el aforamiento”. También apunta que Bellver fue informado “de manera personal” de su situación procesal una vez levantado el secreto de sumario, “como al resto de investigados”. Y por eso, dice el Ministerio Público, el letrado del político del Partido Popular tenía un “perfecto conocimiento” de las actuaciones. "No existe ninguna vulneración de su derecho, puesto que si no ha querido personarse en las actuaciones resulta ser una decisión procesal de su exclusiva incumbencia, pero lo cierto es que sí ha tenido conocimiento de éstas", sostiene Anticorrupción.

Así pues, el instructor confirma en su resolución esa misma valoración y apunta que fue una “decisión personal” de Bellver el “no comparecer hasta este momento”. “En fin -añade el auto-, no se cita ni se justifica la apoyatura legal ni jurisprudencial para fundamentar la suspensión que se solicita, por lo que la misma, teniendo en cuenta la citación de 2022 y su propia conducta voluntaria, así como las alegaciones del letrado que demuestran el conocimiento de la causa, motivan la desestimación del recurso”.

'Operación Colegios'

Bellver fue citado a declarar como investigado en el marco de la pieza principal del Caso Azud, la presunta trama de mordidas y regalos a cambio de beneficios urbanísticos y adjudicaciones en el Ayuntamiento de València al conglomerado empresarial de Jaime Febrer durante los mandatos de Rita Barberá, donde Bellver ejerció como concejal de Transportes y edil de Urbanismo hasta 2012.

Según la investigación, el exedil podría haber estado implicado en una de las principales operaciones urbanísticas bajo lupa, el conocido como 'operación Colegios', una permuta del Ayuntamiento de València para entregar varias parcelas a una compañía del presunto corruptor, el empresario Jaime Febrer, a cambio de que esta asumiera una deuda municipal. Pero el intercambio se realizó, según la instrucción, adjudicando a dedo los terrenos al empresario por un valor muy inferior al real, de forma opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia pública.

La maniobra habría resultado en beneficio económico para el promotor. Una funcionaria del área de Urbanismo que intervino en el expediente denunció ante la jueza que sus superiores -entre los que se encontraba el concejal del ramo- le ocultaron información relevante, lo que habría permitido que la operación siguiera adelante sin obstáculos.