VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Cullera (PSPV) mantiene su apuesta por reactivar el polémico megaproyecto urbanístico conocido como el ‘Manhattan de Cullera’, un plan que lleva más de quince años en suspenso y que ha estado a punto de decaer por la aplicación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), pero al que el Consell le ha dado una última oportunidad al conceder al consistorio dos meses más para que justifique el retraso de las obras.
En declaraciones a Plaza, fuentes municipales insisten en que el procedimiento "está siguiendo los plazos pertinentes" y que la voluntad del equipo de gobierno es "cumplir de forma adecuada con todos los requisitos legales para que el proyecto pueda salir adelante". Cabe recordar que el consistorio aprobó el pasado mes de febrero, junto a PP y Vox, la adaptación del plan a nuevas reglas urbanísticas que reducirían el coste de urbanización a unos 91 millones.
El llamado Manhattan se proyectó en 2010 como una gran operación urbanística en el sector NPR-5 Vega Port, junto a la desembocadura del río Júcar. El plan contemplaba 610.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, con la construcción de hasta 35 torres de 25 alturas, varios hoteles, un puerto deportivo y otro pesquero, un colegio, amplias zonas verdes y más de un millar de viviendas de protección oficial.
Su envergadura y ambición hicieron que pronto se bautizara como el ‘Manhattan de Cullera’. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 dejó sin financiación al proyecto, y en 2013 el propio consistorio, entonces bajo gobierno del PP, reconoció que no había capacidad para afrontar unas obras valoradas en más de 90 millones de euros.
Desde entonces, el proyecto ha seguido una tramitación errática: en 2015, con la llegada del socialista Jordi Mayor a la alcaldía, se anunció una redefinición del plan con criterios de sostenibilidad, y en 2018 incluso se anuló el convenio con el agente urbanizador. Una sentencia posterior del TSJCV obligó al consistorio a asumir la gestión directa del PAI, que volvió a reactivarse a comienzos de este año con la adaptación, aprobada por el PSPV, PP y Vox.
Sin embargo, el ayuntamiento no ha respondido a varios requerimientos de la Conselleria de Medio Ambiente para poner en marcha el proyecto, tal y como avanzó Plaza, lo que llevó la semana pasada al departamento dirigido por Martínez Mus a advertir al consistorio de que dispone de dos meses más para presentar los documentos pertinentes para salvar in extremis un proyecto que, a la luz de la normativa del Pativel, ya habría caducado por incumplir los plazos de los que disponía.
Los plazos administrativos, en el punto de mira
Este escrito de la Dirección General de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente es la última oportunidad del ayuntamiento, que ya recibió una advertencia de la misma dirección general hace unos meses cuando le indicó que si no se justificaba el retraso en el inicio de las obras, el sector pasaría automáticamente a ser considerado suelo no urbanizable en aplicación del Pativel.
El consistorio defiende que el retraso responde a la "dificultad de localizar a todos los propietarios de los terrenos", un paso imprescindible para poder dar continuidad a la tramitación. "Estamos siguiendo el procedimiento dentro de la legalidad. No es un problema de voluntad política, sino de cumplir con todos los requisitos y plazos que marca la normativa", señalan fuentes municipales.
La posición del Ayuntamiento se apoya en la adaptación aprobada en pleno el pasado febrero, con la que se buscó encajar el plan en los nuevos parámetros urbanísticos y garantizar su viabilidad jurídica y económica.
El margen de maniobra, sin embargo, es limitado. El Pativel concedió una oportunidad a los llamados suelos transitorios —aquellos con programas urbanísticos que habían sido aprobados antes de que entrara el Pativel en vigor— para iniciar y completar sus obras dentro de un plazo concreto. Si esas condiciones no se cumplían, los terrenos pasaban automáticamente a estar sujetos al régimen de protección del plan autonómico.
La Conselleria recuerda que las obras debían haber empezado antes del 12 de mayo de 2023. No haberlo hecho situaría al Manhattan al borde de la desclasificación.
"Un modelo agotado"
La reactivación del proyecto no ha estado exenta de polémica. Compromís, que votó en contra de la adaptación aprobada en febrero, ha presentado siete alegaciones en las que denuncia que el plan resucita "un modelo urbanístico agotado" y advierte de riesgos legales, económicos y ambientales.
Entre otras cuestiones, el grupo recuerda que buena parte de los terrenos están afectados por el propio Pativel, lo que dificultaría su desarrollo. También apunta a la obligación de realizar estudios de inundabilidad tras la Dana de 2019, una exigencia que, a su juicio, no se ha cumplido y que podría condicionar toda la tramitación.
Pese a las advertencias de la Generalitat y a las críticas de la oposición, el Ayuntamiento de Cullera mantiene que su prioridad es garantizar la continuidad del Manhattan. "Nuestra voluntad es relanzar el proyecto, pero siempre dentro de la legalidad y asegurando que cada paso se da conforme a los plazos que marca la normativa", insisten desde el consistorio.
