VALÈNCIA. La creación del Consejo Valenciano Consular está un paso más cerca. Este órgano de carácter consultivo se plantea como un espacio de participación entre los Consultados que radican en la Comunitat y la Generalitat Valenciana con el objetivo de que los cónsules puedan trasladar al Ejecutivo autonómico su opinión sobre aquellos temas que sean sometidos a su consideración, así como las "inquietudes y necesidades" de los ciudadanos que representan.
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero, ya anunció a comienzos del pasado ejercicio que el Consell se encontraba en la tramitación de este consejo. No obstante, en los últimos meses ha cumplido una nueva etapa de cara a su puesta en marcha. En este sentido, el decreto para su creación salió audiencia ciudadana a finales de abril, un trámite en el que las personas afectadas por la norma pudieron consultar este documento y plantear aportaciones al respecto durante un mes.
En este sentido, el texto que el Consell planteó sobre este órgano establece entre sus cometidos el asesoramiento, la opinión sobre asuntos diversos, así como el estudio y realización de propuestas sobre temas de la Administración del Consell. También se busca recabar las propuestas realizadas por los cónsules, detectar las necesidades de los consulados, así como otros cometidos como es el caso de la solicitud, propuesta y elaboración de estudios o informes "en materias de interés común".
Respecto a su estructura, se prevé que cuente con una Presidencia, dos Vicepresidencias, varias vocalías y una secretaría. En este sentido, la Presidencia estaría ostentada por la consellera en materia de Igualdad, actualmente Susana Camarero. Las Videpresidencias corresponderían a las personas titulares de la secretaría autonómica con competencias en Igualdad y en representación ante la Unión Europea, en la actualidad Asunción Quinzá y Pablo Broseta, respectivamente.
Mientras que las vocalías del consejo estarían compuestas por el cónsul de cada uno de los consulados radicados en la Comunitat, así como cinco representantes de las direcciones generales con competencias en Diversidad, en Igualdad, en Inclusión y Cooperación al Desarrollo, en Familia, y en Representación ante la Unión Europea. El puesto de la secretaría sería ejercido por una funcionaria de la dirección general de Diversidad, con un nivel de jefatura de servicio o superior, que tendrá que ser nombrada por la presidenta del Consejo.
Por otro lado, y aunque la propuesta de decreto no lo recoge, la sede de este órgano se establecerá, previsiblemente, en la histórica alquería Casa Clemencia de la ciudad de València. Este espacio fue rebautizado como Casa de la Diversidad a finales del pasado ejercicio tras una rehabilitación con el objetivo de que el edificio albergase tanto la sede de este órgano como el "archivo público de la memoria LGBTI, bajo la denominación l'Armari de la Memòria", según detalló el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Los consulados en el Consejo Valenciano de las Migraciones
Cabe mencionar que la Generalitat arrancó a comienzos del pasado mes de abril otra acción con la idea de "mejorar las relaciones" entre la Generalitat y el cuerpo consular acreditado a nivel autonómico. En este sentido, la Vicepresidencia Primera sacó a consulta pública una modificación sobre el Consejo Valenciano de las Migraciones con el objetivo de remodelar su estructura e integrar a los consulados radicados en la Comunitat Valenciana.
Tal y como contó Plaza, con este cambio legislativo se busca "conocer de primera mano la realidad" de las personas extranjeras que residen en tierras valencianas. En este sentido, el Consell defendió la importancia de la participación de los consulados como órganos de "representación del país de origen" de las personas migrantes y estimó que la "coordinación fluida" entre la Generalitat y los consulados permite una "mejor atención" ciudadana.
Por ello, el Ejecutivo autonómico defendió que esta medida "repercutirá en una mejor asistencia y protección a sus nacionales" en la Comunitat al tiempo que "facilitará a las instituciones públicas" la "comprensión de la realidad" de las personas migrantes, "contribuyendo a su integración". Sobre cambio normativo cabe resaltar que ya venía a permitir que los representantes de los consulados acreditados a nivel autonómico puedan ofrecer su opinión en torno a "aquellos asuntos que se sometan a su consideración". En cualquier caso, cabe mencionar que el proceso de consulta pública es un trámite a través del que recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones sobre una cuestión antes de elaborar la norma al respecto del mismo. En este caso, el plazo para realizar aportaciones culminó el pasado 16 de abril.
