VALÈNCIA. La Asociación El Defensor del Paciente ha puesto el foco en el nuevo modelo de productividad impulsado por la Generalitat Valenciana al considerar que puede convertirse en “un arma de doble filo” para la seguridad clínica. Así lo recoge la Memoria 2025 de la asociación, presentada este lunes, en la que se advierte de los posibles efectos adversos del sistema de incentivos económicos vinculado a la reducción de listas de espera y al número de actos médicos realizados.
La polémica se ha reavivado tras conocerse los 67 criterios del programa de productividad por puntos, que premia salarialmente a los profesionales que "atienden más rápido y reducen determinados indicadores, como el volumen de prescripción". Desde la asociación se subraya que, aunque el objetivo de mejorar la eficiencia es legítimo, “la teoría y la experiencia indican que cuando se prima la rapidez por encima de la calidad, aumentan los errores de diagnóstico”.
Prórroga del modelo hasta junio de 2026
El debate se produce en un contexto de prórroga del sistema. La Conselleria de Sanidad ha decidido ampliar durante un semestre más la vigencia del modelo de productividad, hasta el 30 de junio de 2026, tal y como publicó este diario y recoge la resolución aparecida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El departamento que dirige Marciano Gómez justifica la prórroga en la “dificultad para evaluar con garantías” los resultados del sistema desde su implantación. Según el borrador presentado en la mesa sectorial, el propio Consell reconoce que las condiciones iniciales -coincidiendo con el periodo vacacional y con procesos masivos de concursos de traslados y adjudicación de plazas -han limitado una valoración efectiva de su impacto real.
El modelo, aprobado el pasado verano como complemento al régimen general de incentivos, comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2025, pero muchas unidades funcionales no estuvieron plenamente operativas hasta meses después, lo que ha llevado a Sanidad a concentrar ahora la evaluación en un único proceso anual, en lugar del esquema semestral inicialmente previsto.
Incentivos de hasta 12.000 euros y dudas sobre la calidad asistencial
En su diseño original, el sistema contemplaba incentivos de entre 960 y 6.000 euros por semestre, en función de la categoría profesional y del grado de cumplimiento de objetivos relacionados con la gestión clínica y el esfuerzo individual. Con la prórroga, las cuantías máximas pasan a computarse de forma anual: hasta 12.000 euros para gerentes y directores; 11.400 para subdirectores; y 10.800 para jefes de servicio o responsables de unidad. En el resto de categorías, los importes oscilan entre 9.600 euros (grupo A1) y 1.920 euros para las agrupaciones profesionales.
El cobro del incentivo complementario variable seguirá condicionado a alcanzar al menos 30 puntos sobre un máximo de 100, quedando excluidos quienes no superen ese umbral.
Desde El Defensor del Paciente se insiste en que cualquier evaluación de resultados “no puede limitarse a la eficiencia económica o al número de actos realizados”, sino que debe incorporar de forma central los resultados en salud y la seguridad del paciente. “Reducir listas de espera es necesario, pero no a costa de banalizar el acto médico ni de convertir la atención sanitaria en una carrera contrarreloj”, concluye la asociación.
