VALÈNCIA. El Parlamento Europeo dio luz verde el pasado miércoles al desembolso de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad a España para hacer frente a los daños causados por la dana que en octubre del pasado año afectó gravemente a la Comunitat Valenciana. En concreto, aprobó un dictamen que permite movilizar este dinero y que incluyó una enmienda planteada por el europarlamentario castellonense de Compromís Vicent Marzà, donde extendía la responsabilidad de la gestión de las catástrofes a todas las administraciones -local, regional y estatal-.
El texto del dictamen propuesto por la eurodiputada socialista Sandra Gómez acogía "con satisfacción la decisión como una forma tangible y visible de solidaridad de la Unión con su ciudadanía y las regiones de las zonas afectadas". Sin embargo, la enmienda que propuso Marzà, y que finalmente fue aprobada, añadió que esto "no puede sustituir a la responsabilidad directa de las autoridades locales, regionales y nacionales en la prevención y gestión de las catástrofes naturales relacionadas con el clima".
Es una de varias enmiendas presentadas por el diputado europeo de Compromís, quien insistió en que "muchas de las muertes que lamentamos el 29 de octubre eran evitables". "En el País Valencià tenemos claro que lo que vivimos con la Dana no fue una crisis imprevisible, y queremos que Bruselas ponga sobre la mesa esta responsabilidad a todos los niveles, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos autonómicos y estatales”, aseguró Marzà.
El dictamen de la comisión también incorpora el principio de reconstrucción resiliente, conocido como build back better, a propuesta del eurodiputado. Se trata de “reconstruir mejor, de reparar los daños sin repetir los errores del pasado y con infraestructuras más seguras. De nada sirve reconstruir en zonas inundables; si no cambiamos la manera en que actuamos, volveremos a ver los mismos desastres”, ha subrayado Marzà.
- Foto: COMPROMÍS
Además, el texto aprobado destaca la necesidad de incrementar con urgencia las inversiones en adaptación y mitigación climática, así como en preparación ante emergencias, de manera que los fondos europeos no solo reparen los daños, sino que también ayuden a prevenirlos. “El País Valencià recibirá con estos fondos el 81% del presupuesto europeo destinado a la respuesta a emergencias para toda la UE, lo que demuestra que estos fondos son insuficientes”.
Para Marzà, que todas estas aportaciones hayan quedado recogidas en el dictamen “marca una posición europea clara y refuerza la necesidad de trabajar por un territorio más seguro y resiliente, con responsabilidad política y una mirada de futuro”. También pone especial atención en los colectivos más vulnerables, como las personas mayores o con movilidad reducida, que aún sufren las consecuencias de la Dana más de un año después.
La Comisión Europea ya abonó a España un anticipo de 100 millones de euros en marzo de 2025 para sufragar gastos derivados de las inundaciones causadas por la dana, el máximo establecido por reglamento. Con el visto bueno de la comisión europarlamentaria, queda que el pleno de la Eurocámara y el Consejo aprueben formalmente la propuesta de Bruselas sobre la movilización de los fondos para que el saldo restante sea abonado.
El dinero se dedicará a recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento.
El Ejecutivo comunitario valoró los daños totales ocasionados por la dana en 18.080 millones de euros --frente a los 20.280 millones de euros inicialmente estimados por España--. Además, constató que las fuertes lluvias afectaron a 845.000 personas de 84 municipios, 170 centros educativos, más de 50 instituciones sanitarias e infraestructuras públicas; en una catástrofe que dejó 237 fallecidos, 229 de ellos sólo en la provincia de Valencia.
Los casi 1.000 millones de euros que se desembolsarán representan la segunda ayuda más alta concedida por el mecanismo de solidaridad europeo desde que éste fue creado en 2002, después de los 1.200 millones que se desembolsaron en 2017 para ayudar a Italia por los graves terremotos del centro del país.
___________
