VALÈNCIA. La declaración de los dos investigados en la causa de la Dana, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, señaló a los técnicos como los responsables de algunas de las decisiones que se tomaron el fatídico 29 de octubre. Entre ellos, el ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, o el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. Ambos, citados a declarar como testigos -todavía sin fecha-, se consideran una pieza clave para entender lo que ocurrió aquel día en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi).

Según las declaraciones de los responsables políticos, Suárez fue quien propuso primero el envío de la alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert y ambos técnicos protagonizaron un intenso debate sobre el alcance y el contenido del mismo. Argüeso fue más allá y, ante las preguntas sobre las llamadas del 112 y si estas llegaron al Cecopi, respondió entre otras cosas que Suárez dijo que "no había que tener en cuenta" la cantidad de llamadas que se recibían "porque en un accidente de circulación, por ejemplo, llaman 50 personas". Aquel día se atendieron casi 20.000 llamadas en la 'centralita' del 112.

Así pues, el papel de Suárez, junto a otros técnicos, es uno de los hilos del que la jueza prevé tirar con su citación. Pero ahora, una de las acusaciones particulares, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), ha reclamado a la jueza que cambie su condición de testigo a investigado por, según denuncia el sindicato, "graves irregularidades" en el informe que remitió el subdirector de Emergencias el pasado 7 de abril, en relación al Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat.

En dicho informe, cabe recordar, el subdirector explicaba que las tres administraciones (Gobierno central, Generalitat y ayuntamientos) tienen competencias en Protección Civil "en diferentes niveles de responsabilidad". Así, señalaba que el Gobierno debía "colaborar y apoyar a las comunidades autónomas coordinando la actuación de todos los recursos del Estado" y "movilizando recursos de apoyo", y apuntaba que en el Cecopi, "con el objeto de conseguir una mayor coordinación", hay un Comité de Dirección formado por un representante de la Generalitat y otro del Gobierno, que serían Pradas y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Además, apuntaba que los ayuntamientos también tienen responsabilidades para activar medidas de protección a la ciudadanía.

"Información sesgada" sobre la CHJ o las responsabilidades autonómicas

El sindicato CGT ha presentado ahora un informe a la jueza donde señala que el documento firmado por Suárez contiene "omisiones, errores y manipulaciones destinadas a falsear la interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, minimizando la responsabilidad de la Generalitat" en lo sucedido. Por ejemplo, el informe recoge las obligaciones de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pero, según CGT, "es una información sesgada, dando a entender que (las confederaciones) son las únicas que tienen esas competencias" cuando el Plan de Inundaciones prevé, para el seguimiento de caudales, la participación de los municipios y otros cuerpos como la Guardia Civil, los bomberos forestales de la Generalitat, la policía autonómica, agentes medioambientales autonócmios o brigadas de la Diputación.

El sindicato también destaca del informe "la eliminación de las funciones críticas" que tenían el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) -dependiente del secretario autonómico- y el director del plan, que durante la Dana asumía Pradas como consellera del ramo. Se trata de funciones "como la coordinación de actuaciones y la obligación de activar los mecanismos de emergencia en el momento oportuno", dice el sindicato. El informe también incurre, según CGT, en una "ocultación deliberada de la obligación del CCE de transmitir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no limitándose a la recepción pasiva de datos, sino asumiendo un papel activo de recopilación y comunicación de información crítica".

También, apunta el sindicato, "la confusión interesada entre las fases de preemergencia y emergencia, desdibujando las obligaciones de actuación de la Generalitat desde las primeras señales de riesgo y diluyendo así su falta de respuesta temprana". O "la omisión de la figura de los directores del Plan Especial, Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas (exsecretario autonómico y exconsellera), cuya intervención era determinante para declarar la emergencia, coordinar recursos y establecer Puestos de Mando Avanzados (PMA), que no fueron activados en los momentos más críticos".

En ese sentido, el sindicato ve en el informe del técnico un "intento claro" de trasladar la responsabilidad de la gestión de la emergencia a ayuntamientos y Gobierno, "presentando los Planes de Actuación Municipal (PAM) como única herramienta de respuesta, cuando la obligación principal de dirección y coordinación recaía sobre la Generalitat". Por lo que considera el documento suscrito por Suárez como una "estrategia de manipulación" para "minimizar la responsabilidad" del Consell.