VALÈNCIA. Cuando llegó la riada en el barranco del Poyo, no había nadie para verla. La investigación judicial de la Dana ha constatado como uno de los errores más notorios de aquella tarde la ausencia de medios en la vigilancia de cauces in situ, que pudieran alertar de lo que estaba pasando. El centro de emergencias de la Generalitat Valenciana ordenó movilizar al Consorcio Provincial de Bomberos, una de cuyas unidades fue a comprobar el estado del barranco pero, al ver que había bajado el nivel del caudal, se retiró.
Así pues, la desmovilización de los agentes ha suscitado una suerte de batalla interna entre los técnicos de Emergencias de la Generalitat Valenciana y los agentes del cuerpo provincial de bomberos. Mientras los primeros insisten en que no ordenaron ninguna retirada y niegan que los bomberos les avisaran de la misma; los segundos, por su parte, achacan la decisión a la falta de instrucciones por parte del centro de emergencias y sostienen que sí avisaron de que se iban a través de un canal de radio que nadie en Emergencias pareció escuchar.
Lo cierto, con todo, es que aquella jornada fue un auténtico caos, con numerosas peticiones de ayuda y el cuerpo de bomberos tuvo que priorizar en muchos casos. En ese contexto se produjo la vigilancia puntual del barranco del Poyo. Y pese a que los empleados autonómicos de Emergencias pidieron que se registrara cualquier movimiento en la plataforma Coordcom, la conocida como 'caja negra' de Emergencias, los agentes no lo hicieron.
En eso, tanto unos como otros están de acuerdo. El sargento coordinador del Consorcio que ordenó la retirada de los agentes justificó la decisión en la falta de instrucciones desde el centro de coordinación de emergencias, pero admitió que dicho movimiento no quedó reflejado en la mencionada plataforma. En su declaración ante la jueza de la Dana, el sargento explicó que "la manera ordinaria, cuando se solicita un servicio, es reflejar o asentar los servicios en el programa Coordcom por un operador", y de hecho, ese día los técnicos de Emergencias le pidieron que quedaran "reflejadas" las novedades en ese caso.
"Lo que pasa", expuso el bombero ante la magistrada, es que "ese día no fue normal y no se pudo trabajar de forma normal, no se pudo anotar en el Coordcom". Una situación de desbordamiento del servicio que se vivió "desde primera hora de la mañana" y que impidió "anotar todo" lo que hicieron. "Desde primera hora de la mañana se vio que teníamos que establecer prioridades, entonces algunos registros se hicieron y otros no", aseguró. Fue, en sus palabras, una "guardia desbordante".
Más de 3.200 servicios
Según los datos que ofreció el propio sargento coordinador, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde de aquella jornada -sin contar las horas posteriores-, tuvieron lugar más de 3.200 servicios. "Hubo varios momentos álgidos", explicó ante las preguntas de las partes: "La mañana empezó bastante fuerte en la zona de Llombai y la Ribera Alta; hacia las 12, fue Requena, aunque se estaban haciendo rescates mucho antes, y hubo un par de horas muy intensas". Estos picos de trabajo se produjeron a mediodía, si bien no supo precisar las horas concretas. Por la tarde, sobre las 16.30h, los problemas estuvieron "aproximadamente por Turís, Chiva y Cheste".
El sargento coordinador añadió ante la jueza que el requerimiento que recibieron de los técnicos de Emergencias “no estaba acotado en el tiempo” y que, al no fijarse “ninguna periodicidad”, entendieron que la orden quedaba cumplida tras realizar la comprobación puntual. “Si querían que estuviéramos allí permanentemente toda la tarde, tenían que haber dado la orden con la periodicidad o hasta cuándo; lo contrario habría sido interpretar una orden”, afirmó.
Según explicó, en aquel requerimiento “no hay ninguna instrucción de permanecer allí haciendo la tarea” y, conforme a su experiencia, “siempre se han hecho comprobaciones puntuales de escalas”. Recordó además que, en episodios de Dana posteriores, como los de marzo o septiembre, sí existió “una planificación con temporalidad para hacer la vigilancia de barrancos”, pero insistió en que “el día 29 no”, y que a ellos “no les corresponde tomar la decisión de quedarse vigilando motu proprio”. Subrayó que “no daban abasto” y que “estaban haciendo rescates en ese momento”.
El sargento también manifestó que durante el resto de la jornada “no les volvieron a preguntar sobre el tema de los barrancos” desde el centro de coordinación de emergencias, motivo por el cual le cuesta creer que desconocieran que ya no estaban allí. “Ellos reciben datos del SAIH, que en un momento dado no sabían interpretar; ¿cómo no nos llaman y nos dicen: ‘Oye, ¿qué está diciendo la brigada?’”, expuso. Recordó además que el volumen de llamadas ciudadanas de alerta que el propio cuerpo trasladó al centro hacía evidente “lo que estaba pasando en el cauce”.
Por ello, aseguró que, tras realizar el control, dieron por finalizado el requerimiento “porque no hay fijada una temporalidad”. Apuntó que, en el Plan Especial de Inundaciones, entre las funciones de la Generalitat Valenciana figura el seguimiento de cauces y barrancos y que, si lo que se pretendía era una vigilancia permanente, “ellos tienen que recabar el seguimiento de manera periódica”. “Si nos hubieran dicho de hacer unas rondas con un código de tiempo o de manera periódica, se hubiera hecho así. Se hizo tal cual lo pidieron”, subrayó. Y concluyó que, si conforme a sus protocolos el centro necesitaba mantener esa vigilancia, “son ellos quienes tienen que volver a solicitarlo”.
