VALÈNCIA. La muerte de 37 personas usuarias del servicio de teleasistencia durante la Dana del 29 de octubre de 2024 ha abierto una nueva línea de investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La acusación popular ejercida por la Intersindical Valenciana ha solicitado al órgano judicial que requiera al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana los protocolos que regían el funcionamiento del servicio en aquella fecha, así como la identificación de todas las empresas de intermediación encargadas de gestionar las comunicaciones con los usuarios dependientes.
La solicitu, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, sostiene que el centro de emergencias mantenía protocolos suscritos con distintas entidades -entre ellas Atienza, Cruz Roja y DomusVi- encargadas de prestar la teleasistencia, por lo que pide al tribunal los documentos oficiales que detallaban las obligaciones y procedimientos que debían seguir estas compañías el día de la catástrofe.
Las llamadas que atendió el servicio de teleasistencia durante la Dana han adquirido relevancia judicial, al arrojar luz sobre la actuación de un servicio que depende directamente de la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. La Conselleria ha defendido que la empresa prestataria del servicio activó avisos de precaución el 28 de octubre y reforzó las alertas a partir de las 08.30h del día 29, cuando Aemet elevó la situación a nivel rojo, y que se transmitieron recomendaciones preventivas en todas las comunicaciones emitidas o recibidas por el centro de atención.
Sin embargo, los nuevos datos aportados por el servicio de teleasistencia de la Generalitat Valenciana a la jueza de la Dana revelan que, cuando se convocó el Cecopi la tarde del 29 de octubre, ya era tarde. Así lo constata la instructora en un auto reciente, donde asegura que “la gravedad de lo sucedido, la carencia de avisos a la población lo patentiza, una vez más otra prueba”, en relación a las llamadas que recibió el servicio de teleasistencia. En una de ellas, por ejemplo, una mujer de Picanya advertía: “Estoy muy asustada, me está entrando agua en casa”, mientras describía cómo el nivel subía “por todas partes”.
Eran llamadas “tanto de las personas que fallecieron, conscientes del avance del agua, como las de sus familiares”. “En el procedimiento se acumulan decenas de testimonios de personas que vieron a sus allegados fallecer, familiares que avisaron a los servicios de emergencia con resultado nulo, que alertaban del lugar concreto donde estaban a punto de perecer, que se despedían, que intentaban sostener a sus familiares, física y anímicamente”, relata el auto de la magistrada, que partiendo de las horas de esos contactos señala que la reunión del Cecopi, convocada a las 15.00h para celebrarse a las 17.00h, ya era “tardía para muchos municipios”.
Según la jueza, la reunión “no se celebró inmediatamente tras su convocatoria”. Y añade que “el retraso no sólo era manifiesto con carácter general para la organización de las medidas de protección a la población, máxime si tenemos en cuenta cómo se desarrolló la reunión, con cortes continuos y desconexiones de los intervinientes presenciales para reflexionar”, sino que “en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, ya que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer”. Lo mismo sucedió en localidades como L’Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent.
La instructora trae a colación algunos contactos telefónicos de usuarios de la teleasistencia con la centralita, como por ejemplo una llamada realizada por la hija de una de las víctimas, a las 15.51h, en la que expresaba que Utiel ya estaba inundada y “la preocupación” que sentía por su madre. Preocupación que “desgraciadamente se hizo realidad”.
