ALICANTE (EFE/AP). Las primeras declaraciones judiciales en la causa que investiga las supuestas anomalías en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 apuntan a un posible reconocimiento de las irregularidades en la comprobación de los contratos de compra por parte del técnico de la Conselleria de Vivienda, Roberto Palencia, que visó los acuerdos de adquisición de los 140 pisos de la promoción.
Cuando menos, así lo han señalado los tres responsables del servicio territorial de Vivienda en Alicante durante su declaración en calidad de testigos peritos ante la titular del juzgado de instrucción que asume las diligencias, al señalar que se pusieron en contacto con dicho funcionario, después de que los superiores del departamento autonómico les alertasen de que dicho técnico había validado el contrato de su propia mujer -la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret- y que este les dijo: "Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad".
Así lo ha trasladado en concreto el secretario territorial adjunto de la conselleria, Vicente Caturla, a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga el escándalo, a preguntas de los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco. Al tiempo, en esas manifestaciones, los tres técnicos han apuntado que dicho funcionario fue expedientado y suspendido de empleo y sueldo cuando se efectuaron comprobaciones sobre el trabajo de revisión de los contratos que había visado, y se pudo constatar que había dado validez al de su propia esposa, sin tener en cuenta sus propios ingresos (los de él) a la hora de verificar si se cumplía el límite de nivel de renta anual para acceder a una VPP. Es decir, 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a 54.600 euros (ampliables a más de 60.000 euros en determinados supuestos como contar con menores o mayores a cargo).
Con todo, Caturla también ha señalado que ese periodo de sanción había vencido, y que dicho técnico se había incorporado este mismo lunes a su mismo puesto de trabajo sin que conste que se le haya relegado de alguna de sus tareas. De igual modo, los tres responsables del servicio de Vivienda han manifestado que este funcionario era el responsable único de todos los expedientes de las viviendas después de que fuera él mismo quien se arrogase, por propia iniciativa, esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus.
Además de Caturla, este miércoles han declarado como testigos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el director territorial del mismo departamento, Juan Galbis. Las diligencias se abrieron a instancias de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias ante el juzgado de guardia, después de que Sumar, el grupo municipal del PSOE, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda diesen traslado de sus propias denuncias respecto a los mismos hechos ante la Fiscalía. Esas denuncias propiciaron la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de las que acabó dando traslado al juzgado instructor tras transformar esas averiguaciones iniciales en una denuncia propia.
En ella, precisamente, ponía el foco tanto en el funcionario de Vivienda que visó los contratos como en la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que adquirió una de las viviendas del residencial como socia cooperativista. Además, también apuntaba a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su dimisión y volvió a su plaza como jefa de Contratación después de que se conociese que dos hijos y un sobrino suyo también habían comprado pisos en el residencial. Y, por último, incluía al arquitecto municipal Francisco Nieto (también socio cooperativista adquiriente de un piso) y al responsable de la entidad gestora de la cooperativa.
La instrucción de las diligencias proseguirá el próximo 24 de abril, cuando se ha previsto citar a otros cinco técnicos del servicio territorial de Vivienda que participaron en la elaboración del informe sobre las comprobaciones de los contratos de los 140 pisos de Les Naus. Por el momento, no se ha acordado la práctica de ninguna otra prueba adicional, ni se ha entregado todavía ningún informe sobre la capacidad patrimonial de los adquirientes de los pisos.
Críticas del PSOE
Por su parte, al término de las declaraciones de los técnicos de Vivienda, la portavoz del grupo municipal del PSOE en Alicante, Ana Barceló, ha considerado que "cada vez es más evidente que el modelo de vivienda del PP abre la puerta a pelotazos como el de Les Naus" y ha señalado que "se ha vuelto a poner de manifiesto que los controles no funcionaron durante la adjudicación de viviendas bajo el mandato de Barcala". "Hoy se ha reconocido abiertamente que no existían medios para comprobar si la documentación aportada por los adjudicatarios era veraz ni si cumplían realmente los requisitos para acceder a una vivienda pública. Estamos ante un sistema fallido que ha permitido un auténtico pelotazo con recursos públicos", ha apuntado.
Barceló ha recordado además que también se ha confirmado que la Generalitat ha cerrado el expediente al funcionario que visó 140 viviendas, incluida la de su propia pareja, "lo que añade aún más sombras a todo este proceso". "Todo esto no es casualidad, es la consecuencia directa de las decisiones políticas del PP y de los cambios de normativa impulsados por Mazón y asumidos por Pérez Llorca. Un modelo que debilita los controles públicos y abre la puerta a replicar a través del Plan Vive pelotazos como el que hemos visto en Les Naus", ha añadido Barceló.
La portavoz socialista ha recordado que el Ayuntamiento ha cedido varias parcelas a la Generalitat para construir vivienda pública a través del Plan Vive y ha vuelto a exigir que se paralice el proceso. "Mientras continúe en vigor la normativa de Mazón existe la posibilidad de que se produzcan nuevos pelotazos. Lo que está en juego es que la vivienda pública esté al servicio de la ciudadanía o que se mantenga el modelo del PP, que ha convertido el derecho a la vivienda en una oportunidad para quien tenga, presuntamente, información privilegiada", ha concluido, a través de un comunicado.
