VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda asegura que no ha aprobado el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario, conocido como Extra FLA, correspondiente a 2025 porque está pendiente la publicación del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que notifica el desvío de déficit que hayan podido registrar las Comunidades Autónomas el año pasado. El Extra FLA se destina, precisamente, a financiar ese gasto que no se pudo atender el año anterior.
El Consell ha venido reclamando con cada vez más insistencia la aprobación del Extra FLA, que en diciembre quedó fuera del Programa para la aplicación del FLA 2025 del Gobierno, en contra de lo que era habitual. Este jueves, Mazón lo volvió a reivindicar acompañado de representantes de sectores empresariales proveedores de la administración, que son los que están sufriendo los retrasos en los pagos. Tras la reunión Mazón desveló que la deuda comercial de la Generalitat asciende a 1.456 millones de euros.
En el acto celebrado en el Palau de la Generalitat, Mazón explicó que tras remitir una carta a Pedro Sánchez el 20 de diciembre por esa ausencia del Extra FLA en el Programa del Ministerio de Hacienda, a final de año le contestaron que “la no aprobación del FLA extraordinario por primera vez en 12 años” se debía a que no se habían sacado adelante los objetivos de déficit. Y añadió que el Ejecutivo central dijo en su respuesta que en abril se podría constatar “la existencia de desviaciones registradas individualmente por algunas comunidades”, es decir, las cifras de déficit, que se hicieron públicas en marzo. El déficit de la Comunitat Valenciana en 2024 ascendió a 2.495 millones de euros.
"Ha pasado el mes de abril, hoy es 22 de mayo y el FLA extraordinario no ha sido aprobado", recordó Mazón, quien añadió: "Tampoco se nos ha comunicado de forma oficial información alguna sobre las razones de este retraso, ni las intenciones o el plazo que pueda manejar el Gobierno".
- Mazón, tras la reunión con los proveedores. Foto: GVA
La respuesta del departamento que dirige María Jesús Montero al grupo Plaza, que ha estado preguntando con insistencia sobre la cuestión, es que falta el informe de la IGAE para constatar las cifras definitivas del desvío de déficit, lo que da a entender que una vez se publique dicho informe se aprobará el Extra FLA. Este mecanismo se ejecuta en dos tramos, un 75% en julio y un 25% en diciembre, mediante el envío de facturas pendientes de la administración autonómica y su abono directo a los proveedores desde el Gobierno.
Sin fecha para la actualización de las entregas a cuenta
Este periódico ha preguntado también por la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, un problema aún más acuciante porque está teniendo un impacto sobre la tesorería de la Generalitat desde enero. De hecho, el Gobierno de Mazón ha tenido que solicitar varios anticipos a cuenta de la liquidación del modelo de financiación -2.000 millones-, que se transfiere en julio.
El Estado está transfiriendo cada mes a las CCAA de régimen común la misma cantidad que en 2023, al no haberse presentado ni aprobado Presupuestos Generales del Estado en 2024 y 2025. En el caso valenciano son 165 millones de euros al mes menos de lo que debería estar percibiendo de acuerdo con las previsiones de recaudación de impuestos del sistema de financiación autonómica.
El Ministerio de Hacienda no ha respondido a la pregunta y se ha limitado a recordar que la actualización se aprobó en diciembre en un real decreto-ley ómnibus que no fue convalidado un mes después por el Congreso de los Diputados, debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts, por lo que decayó junto a numerosas medidas que contenía esa norma. El Gobierno recuperó algunas en un nuevo real decreto-ley, pero dejó fuera la actualización de las entregas a cuenta.
Según datos del Ministerio, la Generalitat ha dejado de ingresar hasta el momento 814 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta, para la que no da una fecha. En 2024, cuando tampoco hubo presupuestos, la aprobación se produjo en junio pero con efectos en septiembre, por lo que hata el noveno mes del año las CCAA no pudieron disponer de toda la tesorería que les corresponde de acuerdo con el sistema de financiación autonómica.
